La Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó el anteproyecto para restablecer el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, eliminado hace 10 años.
La propuesta será remitida este miércoles 10 de junio al Congreso Nacional, donde comenzará su trámite legislativo y se definirá el futuro del sistema de gobierno judicial.
La aprobación unánime del Pleno de Magistrados respalda la iniciativa, que aún deberá pasar por comisiones, discusiones en el pleno y la votación de los diputados.
El anteproyecto plantea la creación de un Consejo de la Judicatura integrado por cinco concejales propietarios y tres suplentes, con representación de sectores vinculados al Poder Judicial, incluidas asociaciones de empleados, jueces y magistrados.
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Alcance de la propuesta
Según la Corte Suprema, la iniciativa fue construida con la participación de actores internos del sistema judicial, en un intento de generar consensos sobre un modelo que permita fortalecer la carrera judicial y mejorar los mecanismos de administración de los tribunales.
La votación unánime alcanzada en las últimas horas dentro del máximo órgano judicial también refleja un acuerdo entre magistrados identificados con distintas corrientes políticas, que coincidieron en respaldar el retorno de esta figura institucional.
El principal desafío comenzará ahora en el Congreso Nacional, donde la propuesta podría enfrentar cuestionamientos sobre los alcances, atribuciones y mecanismos de control del nuevo organismo.
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Cuestionado regreso
La discusión sobre el regreso del Consejo de la Judicatura revive uno de los episodios de la historia reciente del sistema judicial hondureño.
El pasado 15 de marzo se cumplieron 10 años desde que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley que había dado vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una decisión que puso fin a un esquema que generó debates sobre la concentración de poder dentro del Poder Judicial.
Durante su funcionamiento, el organismo asumió funciones relacionadas con la administración de recursos, supervisión disciplinaria y gestión del personal judicial. Su desempeño estuvo rodeado de cuestionamientos y denuncias que terminaron debilitando su legitimidad.
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La crisis alcanzó su punto más alto en marzo de 2016, cuando los cinco integrantes del Consejo, tres propietarios y dos suplentes, presentaron de manera simultánea sus renuncias alegando motivos personales. Las dimisiones ocurrieron en medio de señalamientos públicos que aceleraron el colapso de la institución.
Tras su desaparición, varias de sus funciones regresaron a la Corte Suprema de Justicia, mientras distintos sectores continuaron planteando la necesidad de crear mecanismos independientes para fortalecer la carrera judicial y garantizar procesos transparentes en la selección, evaluación y disciplina de jueces.
Qué busca el nuevo organismo
Aunque el texto completo del anteproyecto aún no ha sido divulgado oficialmente, la propuesta apunta a recuperar un órgano especializado que contribuya a la administración del sistema judicial y al fortalecimiento de la carrera de jueces y magistrados.
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El tema cobra relevancia en momentos en que diversos sectores nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de profundizar las reformas orientadas a mejorar la independencia judicial, la transparencia institucional y la profesionalización de los operadores de justicia.
La discusión que se abrirá en el Congreso Nacional no solo girará en torno a la creación de una nueva estructura administrativa, sino también a las garantías que permitan asegurar su rendición de cuentas y su adecuada supervisión.
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