En Honduras, las personas con discapacidad siguen enfrentando exclusión y barreras para ejercer sus derechos, pese a que el país ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según el texto, este grupo representa alrededor del 15% de la población y aún encuentra obstáculos en educación, salud, empleo y participación.
La falta de accesibilidad, la escasa implementación de políticas públicas, los retrasos en reformas legales y la ausencia de mecanismos de supervisión mantienen a este sector en condiciones que afectan su desarrollo personal, educativo, laboral y social.
Diversos sectores sostienen que el principal problema no es la ausencia de leyes o compromisos internacionales, sino la falta de acciones concretas para convertir esos instrumentos en beneficios reales para las personas con discapacidad y sus familias.
Entre los principales desafíos figuran las dificultades para acceder a centros educativos inclusivos, servicios de salud adaptados, oportunidades laborales y espacios públicos accesibles.
Uno de los ejemplos más visibles es el retraso en la actualización de la legislación sobre discapacidad, una demanda que organizaciones y familias impulsan desde hace más de una década.
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Esta situación ha obligado a numerosas familias a asumir costos económicos y responsabilidades que deberían estar respaldados por políticas públicas integrales.
Organizaciones exigen respeto
La directora de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), Rosa Raudales, ha insistido en distintos espacios públicos en que la discapacidad debe dejar de verse como un tema aislado y convertirse en una prioridad nacional vinculada a los derechos humanos y al desarrollo del país.
Raudales ha señalado que "La inclusión beneficia a toda la sociedad" al permitir que miles de ciudadanos participen plenamente en la educación, el trabajo, la cultura y la vida comunitaria.
También ha defendido la necesidad de actualizar el marco legal hondureño para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades y eliminar las barreras que siguen limitando el acceso a derechos básicos.
Desde FENAPAPEDISH también se ha promovido la participación activa de las familias y organizaciones de personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del sector.
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Garantizar derechos
Uno de los principales reclamos de organizaciones y defensores de derechos humanos es abandonar el enfoque asistencialista que históricamente ha predominado en la atención de la discapacidad.
Esto implica contar con instituciones fortalecidas, presupuestos específicos, sistemas de monitoreo permanentes y mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas dirigidas a esta población.
También se insiste en que las personas con discapacidad deben participar directamente en las decisiones que afectan sus vidas, bajo el principio internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
De acuerdo con un reciente análisis del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), mientras la discapacidad continúe siendo abordada desde una lógica de asistencia y no como una cuestión de derechos humanos, persistirán la exclusión, las desigualdades y las barreras estructurales que afectan a miles de hondureños.
El marco legal, deuda pendiente
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 con el propósito de garantizar la igualdad de derechos y la inclusión plena de esta población en todos los ámbitos de la sociedad.
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Honduras ratificó el tratado en 2008, con lo que el instrumento pasó a formar parte del ordenamiento jurídico nacional y obliga al Estado a promover medidas que aseguren accesibilidad, participación, educación inclusiva, empleo digno y protección social.
Casi dos décadas después, organizaciones de personas con discapacidad, familias y defensores de derechos humanos coinciden en que la brecha entre los compromisos adquiridos y la realidad cotidiana sigue siendo una de las principales deudas sociales pendientes en Honduras.
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