El Congreso de Honduras aprueba reformas penales contra la extorsión y el crimen organizado

La lucha contra la criminalidad organizada en Honduras entró hoy en una nueva etapa luego de que el Congreso Nacional aprobara un amplio conjunto de reformas penales dirigidas a endurecer las sanciones contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.

Con respaldo unánime de los diputados, las modificaciones al Código Penal incorporan medidas más drásticas para perseguir a miembros de maras, pandillas y redes criminales, además de ampliar las facultades de investigación e intervención de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos más contundentes de la reforma recae sobre el delito de extorsión, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas para comerciantes, transportistas y ciudadanos en diferentes regiones del país.

A partir de las nuevas disposiciones, quienes obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar acciones bajo amenazas, intimidación o violencia enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, acompañadas de fuertes sanciones económicas.

Cadena perpetua

El cambio más severo establece que, si la víctima fallece como consecuencia directa de la extorsión, los responsables podrán recibir prisión a perpetuidad, endureciendo el marco penal vigente.

El nuevo articulado deja claro que el delito será considerado consumado aunque el pago exigido nunca llegue a concretarse, eliminando vacíos legales que anteriormente dificultaban algunos procesos judiciales.

Además, las reformas amplían la responsabilidad penal hacia quienes colaboren indirectamente con las estructuras criminales. Bajo las nuevas normas, también serán considerados coautores quienes recojan dinero producto de extorsiones, faciliten cuentas bancarias, realicen transferencias electrónicas o administren bienes obtenidos ilícitamente.

Otro cambio relevante elimina la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en casos vinculados a extorsión, medida que busca impedir reducciones de condena mediante acuerdos judiciales.

Organizaciones terroristas

Dentro del paquete legislativo aprobado, el Congreso reformó además el artículo relacionado con asociación terrorista, incorporando formalmente a maras, pandillas y redes criminales transnacionales dentro de esta categoría.

La nueva normativa establece que estas estructuras serán consideradas organizaciones terroristas cuando operen mediante violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o vínculos con actividades de narcotráfico.

De esta forma, los cabecillas, financistas y promotores de estas agrupaciones podrían enfrentar condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que los integrantes recibirían penas de hasta 15 años.

Las autoridades sostienen que esta modificación permitirá fortalecer los procesos de investigación y facilitar acciones conjuntas contra estructuras criminales que durante años han mantenido control en distintas zonas urbanas y rurales del país.

Endurecen sanciones

El Congreso aprobó aumentar las penas contra quienes posean o utilicen uniformes, insignias o equipos similares a los empleados por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas sin autorización legal.

Según lo aprobado, las condenas irán de cuatro a seis años de prisión, aunque podrían elevarse hasta diez años cuando estos implementos sean utilizados para facilitar delitos o encubrir actividades criminales.

Las autoridades consideran que muchas estructuras delictivas han utilizado vestimenta similar a la oficial para ejecutar secuestros, asaltos y operaciones de intimidación en distintas regiones del país.

El paquete legislativo aprobado también incorpora reformas relacionadas con el manejo de telecomunicaciones y la protección de información privada.

Entre las nuevas disposiciones se establecen obligaciones más estrictas para empresas telefónicas, operadoras móviles y proveedores de internet, quienes deberán reforzar procesos de identificación y registro de usuarios.

Se contemplan sanciones vinculadas a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y al uso indebido de información privada en plataformas digitales.

Agencia Nacional contra el Crimen

Como parte de la estrategia integral de seguridad, el Congreso aprobó además la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que tendrá la misión de fortalecer la inteligencia, investigación criminal y coordinación operativa entre distintas instituciones del Estado.

La normativa también ratifica la continuidad del apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ampliando su participación en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

Desde el Congreso Nacional se argumentó que el respaldo militar seguirá siendo fundamental para contener el avance de estructuras criminales y reforzar la presencia del Estado en zonas afectadas por violencia y extorsión.

La aprobación unánime de las reformas refleja, según legisladores y autoridades de seguridad, la intención de endurecer el combate contra el crimen organizado en un momento en que la violencia y las redes de extorsión continúan siendo uno de los principales desafíos para Honduras.