El juicio político contra el consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, comenzó este lunes en el Congreso Nacional sin la presencia del funcionario.
Este procedimiento, iniciado tras denuncias de presunta negligencia y boicot en la organización de los comicios de 2025, presenta ahora una fase marcada por incertidumbre, enfrentamientos discursivos y una inédita decisión de desacato.
El diputado Alberto Cruz Zelaya, secretario de la comisión investigadora, constató que Ochoa no había ingresado al recinto ni enviado comunicación que justificara su ausencia.
El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, también confirmó minutos más tarde que no existía correspondencia formal por parte del acusado para explicar su incomparecencia o presentar una eventual renuncia.
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Ante la falta de respuesta, la presidenta de la comisión investigadora, Tania Pinto, decidió otorgar un periodo de espera breve. Sin novedades hasta las 10:31 am, la sesión se reanudó. Cruz Zelaya resaltó oficialmente que, tras una espera de cerca de una hora y media, Ochoa seguía ausente.
Pinto, al retomar la palabra, fue categórica: “Queda constancia de la incomparecencia del alto funcionario, lo cual está suficientemente acreditado para que no se interrumpa el proceso”, declaró. Añadió que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad política en los hechos denunciados.
La jornada concluyó a las 10:37. No se estableció una fecha concreta para la continuación del juicio, aunque Pinto insistió en que se seguirán revisando pruebas documentales y tomando testimonios para integrar un expediente robusto.
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El propio Marlon Ochoa había anticipado su ausencia. El 10 de abril, a través de la red social X, el funcionario calificó el procedimiento como un “tribunal con sentencia escrita”, y afirmó: “Asistir sería convalidar el teatro del crimen y mendigar clemencia ante unos verdugos que ya vendieron su voluntad”.
El origen del juicio se ubica en la noche del 9 de abril de 2026, cuando el Congreso Nacional admitió, con 91 votos a favor, la denuncia contra Ochoa y otros directivos electorales. El expediente recoge acusaciones por presuntos actos de negligencia, boicot y fallas en la gestión de las elecciones primarias y generales del año siguiente.
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Diversos sectores sociales y políticos han cuestionado la transparencia y eficacia de estos procesos, lo que motivó la apertura de la investigación.
La negativa de Ochoa a comparecer será incorporada formalmente en el expediente, como señaló la propia presidencia de la comisión, y será considerada una renuncia implícita al derecho de defensa en el estado actual del procedimiento, de acuerdo con las reglas parlamentarias.
Esta jornada de audiencias incluyó la convocatoria al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, también para responder por su desempeño en el proceso electoral.
Durante la tarde están citados los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, sobre quienes pesan señalamientos similares por presuntas irregularidades.
La presidenta Pinto había planteado, horas antes de la audiencia, que seguirían adelante con las pruebas disponibles en caso de ausencias: “Si ellos no se van a presentar, entonces nosotros vamos a continuar con la evacuación de medios de prueba documental; existe mucha evidencia de lo que sucedió tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales”, sostuvo.
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Para algunos, el juicio político representa un canal legítimo de escrutinio y sanción sobre la función pública, orientado a depurar el sistema de posibles prácticas ilícitas o incompetentes.
Otros denuncian que se trata de una maniobra política para desplazar adversarios y controlar los organismos encargados de fiscalizar los comicios, debilitando el equilibrio institucional y la credibilidad democrática.
En el Congreso Nacional, las autoridades han ratificado que “el proceso seguirá su curso independientemente de la disposición de los señalados a participar”.
El desarrollo y desenlace del juicio político contra Ochoa se perfila así como un antecedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y el alcance de las facultades de fiscalización del poder legislativo en Honduras.
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