El proceso de negociación del salario mínimo en Honduras ha avanzado hacia una etapa determinante, con la expectativa de que el acuerdo contemple un incremento superior al 5%, según confirmó este jueves el viceministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua.
En un contexto marcado por la persistente presión inflacionaria, el ajuste salarial apunta a ofrecer previsibilidad al sector productivo y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, informó el funcionario.
La discusión cobra particular relevancia frente a un entorno económico desafiante. En paralelo a las negociaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 4,98%, una cifra que sirvió de referencia clave en las mesas de diálogo, según indicó Discua. La demora en concretar el nuevo ajuste ha estirado la incertidumbre, ya que casi 100 días han transcurrido del año y los trabajadores mantienen los salarios del ciclo anterior.
El acuerdo en curso se perfila para tener una vigencia de al menos dos años, lo que permitirá evitar renegociaciones anuales y aportará estabilidad tanto a empleadores como asalariados. El propio Discua detalló que “existe un acuerdo preliminar” en esa dirección, y agregó que la retroactividad del ajuste ha reunido consensos aunque no se implementará de manera uniforme.
El funcionario explicó que: “Algunas podrán asumir el pago de forma automática, otras lo harán de manera prorrateada”, en referencia a la capacidad financiera diversa de las empresas hondureñas. Además, la negociación contempla parámetros que abren la puerta a pagos diferidos de la retroactividad salarial, decisión adoptada tras al menos cinco reuniones formales de la comisión del salario mínimo.
A la mesa tripartita acuden representantes sindicales y empresariales, quienes han alcanzado acuerdos parciales sobre duración del ajuste y mecanismos para la retroactividad. Josué Orellana, delegado de la Confederación de Trabajadores de Honduras, afirmó que, en la última cita, los sectores participantes decidieron someter los avances a consulta interna antes de retomar las conversaciones.
“Lo que acordamos es que la negociación se va a realizar para dos años. Establecimos los parámetros en relación a la retroactividad, cómo se van a hacer los pagos de manera diferida y suspendimos la reunión para hacer consultas”, sostuvo Orellana.
Por el lado empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, destacó los avances logrados, aunque subrayó que persisten asuntos pendientes.
“Hemos ido acercando las posiciones y poco a poco se van dando acuerdos en algunos temas, faltan otros”, reconoció García. El dirigente justificó los retrasos por la falta de convocatoria en diciembre de 2025, como estipula la ley, lo cual implicó la pérdida de dos meses respecto al calendario original.
El aplazamiento ha impactado directamente en los ingresos de la fuerza laboral, que continúa recibiendo los valores anteriores en un clima económico marcado por el encarecimiento de combustibles y energía.
Ello ha erosionado el poder de compra de los hogares y acentuado la presión sobre las autoridades para lograr una definición pronta. La inflación, motivada principalmente por estos incrementos, agrava la situación y eleva las expectativas en torno al porcentaje de ajuste.
La ley hondureña prevé un mecanismo de última instancia: si los participantes de la negociación no alcanzan un consenso, la decisión recaerá en el presidente de la República, Nasry Asfura.
Aunque la norma contempla este escenario, ha sido el consenso tripartito el objetivo central de la mesa para asegurar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial.
El monto final del ajuste al salario mínimo trasciende el impacto inmediato en los bolsillos de los empleados. Las cámaras empresariales, en especial las vinculadas a la industria maquiladora, han expresado su interés en definir el salario aplicable a 2026.
Las decisiones en materia salarial pesan en la competitividad regional, pues países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala sirven de referencia y su atractivo en términos de inversión depende en parte de sus niveles de remuneración, según destacó el vice ministro Daniel Discua.
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