
La República Dominicana se ubicó como el país con mayor crecimiento en el índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), al registrar un aumento del 2,1 % y escalar once posiciones en un año, en contraste con una tendencia global de retroceso. El anuncio se realizó durante la Conferencia del Poder Judicial 2026 en Santo Domingo, con la presencia del presidente Luis Abinader, autoridades judiciales y representantes de la sociedad civil. Citando el informe presentado por Alejandro Ponce, director ejecutivo del WJP.
Según los datos compartidos por Ponce, la República Dominicana experimentó el mayor incremento en Estado de derecho entre 2021 y 2025, con una subida acumulada de 5,4 %, mientras que el promedio mundial mostró una caída de menos 1,8 %. En ese periodo, el país avanzó veintiún posiciones entre ciento cuarenta y tres naciones evaluadas, ubicándose actualmente en el puesto setenta y seis. “Esto no es una casualidad, sino resultado de decisiones y reformas para fortalecer los mecanismos anticorrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia”, afirmó Ponce, durante su intervención recogida el gobierno de República Dominicana en su sitio web.
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El ejecutivo del World Justice Project subrayó que estos logros se alcanzaron en un contexto internacional desfavorable, donde más del sesenta por ciento de los países han experimentado retrocesos en materia de Estado de derecho en los últimos siete años. Identificó como factores principales el debilitamiento de los pesos y contrapesos institucionales, el cierre de espacios cívicos y la falta de respuesta de los sistemas judiciales ante la demanda ciudadana. “Existen avances. Existen ejemplos. Y hoy estamos en uno de ellos”, señaló Ponce.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación orientado a garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia. Durante su discurso, Molina sostuvo que el encuentro representa un espacio para dialogar sobre el presente y futuro del sistema judicial y reafirmar los compromisos institucionales.
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El magistrado explicó que la justicia cumple una doble función como puente para garantizar derechos y escudo frente a abusos, lo que resulta fundamental para sostener la confianza pública y la vigencia del Estado de derecho. Resaltó que la República Dominicana ha sido en los últimos treinta años uno de los países de mayor crecimiento económico de América Latina. “Hemos construido infraestructura, hemos modernizado nuestra economía, hemos ganado confianza internacional. El Poder Judicial ha hecho la tarea para moverse al mismo ritmo, modernizar la justicia para que alcance el nivel del país que ya somos”, expresó Molina.
Entre los avances institucionales, el titular de la SCJ mencionó la digitalización total de los servicios judiciales, la reducción del tiempo promedio de tramitación de casos de ciento siete a veintisiete días y la resolución del noventa por ciento de los casos en menos de un año. Además, subrayó que más de treinta y tres mil usuarios pueden acceder a sus expedientes en línea y participar en audiencias virtuales, lo que ha transformado el acceso a la justicia. “El cien por ciento de los documentos judiciales se gestiona de forma digital, lo que garantiza trazabilidad y elimina riesgos de pérdida de expedientes”, afirmó Molina.
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Los resultados del índice de Estado de Derecho 2025 y las reformas implementadas fueron reconocidos internacionalmente, según la presentación en la conferencia. El magistrado también valoró el Plan Justicia del Futuro 2034 como instrumento estratégico para consolidar una justicia moderna, cercana a la ciudadanía y alineada con estándares internacionales, subrayando el apoyo del presidente Abinader durante el proceso de elaboración.
La Conferencia del Poder Judicial 2026 se presenta como un espacio orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema judicial dominicano, con una agenda que incluye conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales sobre gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta. Al evento asistieron los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Constitucional, así como autoridades locales, jueces, miembros de la comunidad jurídica, académicos y representantes de la sociedad civil.
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