El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció la posibilidad de iniciar un juicio político contra siete diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) que integran la Comisión Permanente, planteando así un escenario de alta tensión en el Legislativo y anticipando eventuales sanciones para quienes, según argumenta, habrían usurpado competencias exclusivas del pleno.
La advertencia fue acompañada por la presentación de medidas concretas para reforzar la disciplina parlamentaria, entre ellas una sanción económica formalizada recientemente en el diario oficial La Gaceta, que dispone la deducción de 15 días de salario a legisladores que alteren el orden durante las sesiones, fondos que serán canalizados hacia donaciones en centros educativos, según consignó el propio Zambrano a los medios.
El señalamiento de Zambrano incluyó la acusación directa a los siete integrantes de la Comisión Permanente —Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Sherly Arriaga y Linda Donaire— por exceder las atribuciones autorizadas en la Constitución y el reglamento legislativo.
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Zambrano precisó: “Va a sonar como amenaza y después van a decir que estamos persiguiendo políticamente a los de Libertad y Refundación, pero los compañeros que integraron la Comisión Permanente... realmente sí tienen los méritos legales para poderse someter a un proceso de juicio político”.
No obstante, el presidente del Congreso puntualizó que solo impulsaría el proceso si cuenta con más de 86 votos favorables en el hemiciclo, una cifra que actualmente no ha alcanzado, lo que sitúa el avance del caso en el terreno de la negociación política.
La reciente publicación en La Gaceta de la sanción a los diputados que alteren el orden permite que los recursos descontados se destinen directamente a fines sociales.
En una acción ejemplar durante esta jornada, Zambrano entregó 200 mil lempiras a un centro educativo del barrio Buenos Aires, Tegucigalpa, provenientes de los salarios deducidos a diputados ausentes o sancionados, según informó el propio presidente del Legislativo.
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La asignación de los fondos será decisión de la comunidad escolar, entre ellas la renovación de infraestructura o la instalación de juegos para los alumnos.
La medida busca incentivar la responsabilidad de los diputados ante la ciudadanía. Zambrano, en tono irónico, expresó: “Ojalá haya más compañeros faltistas porque vamos a colaborar a las diferentes instituciones educativas de la capital o de otros departamentos”.
De este modo, el Congreso refuerza el vínculo entre sanción parlamentaria y beneficio directo para la sociedad.
Mientras la acción de juicio político contra la Comisión Permanente se mantiene en fase preliminar, Zambrano confirmó que ya está listo un proceso similar para funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El dirigente detalló que solo resta completar la recolección de firmas y votos en el Congreso para proceder formalmente con la acusación, cuyo objetivo es “garantizar la responsabilidad y transparencia de los órganos electorales”.
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El núcleo del conflicto reside en la interpretación y el alcance de las funciones atribuidas a la Comisión Permanente en los periodos de receso parlamentario. Zambrano sostiene que los actuales integrantes de este órgano habrían incurrido en una “usurpación” de competencias que solo corresponden al pleno del Congreso, una situación que, desde su óptica, podría exigir sanciones políticas severas.
Zambrano, quien insiste en priorizar el debate y la civilidad: “No es necesario empujones y relajos entre diputados; el Congreso Nacional es un espacio abierto para debatir entre todos”, subrayó con énfasis en la necesidad de preservar reglas claras y respeto institucional.
La respuesta institucional del Congreso Nacional a estos episodios se fundamenta en la supervisión y la disciplina interna, reforzadas por mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
El uso social de las deducciones económicas representa una innovadora medida para traducir la responsabilidad política en un beneficio para la educación hondureña.
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