Una operación de alto impacto contra estructuras del crimen organizado en Honduras, que inicialmente fue presentada como un golpe contundente al narcotráfico, ha derivado en una fuerte polémica institucional tras la decisión de una jueza en el departamento de Olancho de dejar en libertad a un sospechoso capturado con un arsenal de armas de alto poder.
La situación ha provocado la indignación de las autoridades de seguridad, particularmente del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general Ramiro Muñoz, quien denunció públicamente lo ocurrido y cuestionó el actuar del sistema judicial.
Las fuerzas de seguridad habían presentado el operativo como un hito en su ofensiva contra el narcotráfico, al identificar que el arsenal asegurado evidenciaba el alto nivel de peligrosidad del detenido y la complejidad de la organización en la que presuntamente operaba.
La jueza competente determinó conceder la libertad bajo condiciones: la obligación de Paguada Gómez de firmar semanalmente ante las autoridades y el pago de una multa de 100 mil lempiras. Detalló que esta medida se adoptó en sustitución de la prisión preventiva habitual para este tipo de delitos.
En el marco de la operación, las autoridades decomisaron 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego —varias de uso prohibido y equipadas con silenciadores— y al menos 11 productos financieros supuestamente vinculados a actividades ilícitas, según documentó el director de la DLCN, Ramiro Muñoz.
. Este hallazgo, unido al papel de Paguada Gómez, considerado por la investigación como pieza clave dentro de la estructura financiera del grupo criminal, subraya la dimensión de la acción policial y la expectativa de debilitamiento de las redes delictivas.
El general Muñoz, director de la DLCN, expresó: “Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”. Para Muñoz, la resolución representa un revés para las fuerzas de seguridad y transmite un mensaje equivocado a la sociedad sobre la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
La fiscalía y autoridades de seguridad coordinaron el operativo de forma simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. El objetivo declarado fue el aseguramiento de activos usados, según las pesquisas preliminares, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Tras la denuncia, el Poder Judicial de Honduras abrió una investigación interna para esclarecer la actuación de la jueza responsable. El portavoz judicial, Melvin Duarte, confirmó que: “Ha sido enviado un inspector más para documentarse y auxiliar el trabajo; una de las prioridades es poner atención a este tipo de situaciones y dar vigilancia permanente”, detalló. Insistió en el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.
La Supervisión General del Poder Judicial interviene en el expediente, con el propósito de garantizar la normalidad procesal y descartar presiones externas que pudieran haber afectado la decisión. Esta línea de investigación responde a denuncias públicas y la preocupación de distintos sectores ante una posible afectación de la integridad judicial.
Duarte indicó que el Ministerio Público dispone de recursos legales para impugnar la decisión si encuentra errores de fondo: “Ante una situación procesal en la cual el ente acusador no se encuentre de acuerdo con la decisión que ha tomado un juez en determinado caso, le queda el camino recursivo; el MP a partir de hoy tiene abierto el camino procesal pertinente y presentar el recurso correspondiente”, señaló.
El caso de Paguada Gómez se convirtió en un símbolo de las tensiones entre las agencias de seguridad y el sistema de justicia en Honduras. Las fuerzas policiales sostienen que operativos de esta magnitud solo cumplen su objetivo si los jueces refuerzan el compromiso estatal al dictar medidas acordes con la gravedad de los delitos imputados
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