En Honduras, el mecanismo de juicio político sigue sin estrenarse más de una década después de su aprobación formal. El país se encuentra ante una coyuntura donde el debate sobre la destitución de altos funcionarios se intensifica, mientras el Congreso Nacional examina la viabilidad de activar este proceso por primera vez. La Ley Especial de Juicio Político establece los pasos, sujetos y mayorías requeridas, pero la falta de consensos ha impedido su aplicación hasta la fecha.
De acuerdo con el marco legal vigente, el Congreso Nacional puede iniciar un juicio político contra el presidente de la República, sus designados, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de corporaciones municipales y otros funcionarios electos por el Legislativo. La norma, aprobada en enero de 2013 mediante el Decreto Legislativo No. 231-2012 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, permite investigar y sancionar a quienes incurran en actos contrarios a la Constitución o al interés nacional. Para estos casos, la ley exige que exista una denuncia grave y documentada sobre el desempeño del cargo, o evidencia de negligencia, incapacidad o incompetencia.
El procedimiento requiere que el pleno del Congreso designe una comisión especial de nueve miembros encargada de investigar los hechos y elaborar un informe técnico. La apertura formal del proceso depende de una votación calificada: tres cuartas partes de los diputados para el presidente, y dos tercios (al menos 86 votos) para los demás funcionarios electos por ese poder del Estado.
En la actualidad, varios nombres figuran en las discusiones sobre posibles juicios políticos, entre ellos Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por supuestamente sabotear los preparativos de los comicios previstos para el 30 de noviembre de 2025. También se mencionan a Johel Zelaya, fiscal general; Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral; y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Según lo informó HCH, estos funcionarios enfrentan acusaciones de omisión de funciones, conflictos internos y presunta negligencia en la administración de sus cargos.
La plataforma Defensores por la Democracia impulsa la recolección de firmas para exigir la aplicación efectiva del juicio político. Sus integrantes defienden que el proceso debe mantenerse como un instrumento legal para garantizar la rendición de cuentas, no como un mecanismo de venganza partidaria. La iniciativa ha sumado adhesiones de diversos sectores sociales y políticos que reclaman transparencia en la gestión pública.
Las divisiones dentro del Congreso Nacional dificultan la consecución de las mayorías requeridas. Legisladores del Partido Liberal han mostrado indecisión, lo que mantiene estancada cualquier posibilidad de activar el juicio político. Según declaraciones recogidas por HCH, María Antonieta Mejía, designada presidencial, remarcó que el mecanismo “no debe verse como un trámite meramente administrativo”, y urgió a los diputados a responder a la demanda ciudadana: “Están por el pueblo hondureño ahí ocupando ese curul para hacer representación de su propio pueblo, ese pueblo que les exige juicio político para aquellos funcionarios que abusaron del poder”.
En caso de lograrse los votos necesarios, el juicio político sentaría un precedente en la historia de Honduras y podría derivar en la destitución e inhabilitación de altos funcionarios, con efectos directos sobre la estabilidad institucional y el futuro de la administración pública.
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