
Miles de hondureños que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) se encuentran en un estado de vulnerabilidad creciente ante la reciente suspensión de algunos de sus derechos migratorios, una situación que, según el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, solo podrá resolverse a partir de futuras decisiones judiciales en el país norteamericano.
La prolongada incertidumbre que afecta a esta comunidad hondureña se ve agravada por el carácter provisional del programa y las limitaciones de acción diplomática ante la autonomía del sistema judicial estadounidense.
Durante una reunión con la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, presidida por el diputado Rashid Mejía, Flores Bermúdez destacó el efecto de las restricciones impuestas a los “tepesianos”, como se denomina a los beneficiarios del TPS, en sus ámbitos laboral y familiar, afirmando que “los connacionales afectados han visto limitados algunos de sus derechos, lo que los coloca en una posición delicada”.
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El TPS ha sido un recurso clave para miles de hondureños, quienes han establecido su vida en el país norteamericano. Muchos de ellos, de acuerdo con el embajador, tienen hijos nacidos en Estados Unidos, situación que dificulta aún más cualquier eventual retorno forzado. La comunidad beneficiaria del programa ha brindado un aporte constante en diversos sectores de la economía estadounidense. Flores Bermúdez puntualizó que: “Son personas valiosas que aportan desde sus trincheras”.

Flores Bermúdez destacó ante la comisión legislativa la independencia del Poder Judicial estadounidense, indicando que “el sistema judicial de Estados Unidos opera de manera autónoma”, lo que restringe la posibilidad de intervención directa por parte del Ejecutivo o de la diplomacia hondureña.
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Durante el encuentro, el funcionario informó que la estrategia de Honduras ante los desafíos migratorios actuales pasa por coordinarse con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y evaluar opciones como el acceso a visas de trabajo temporal en Estados Unidos. Esta alternativa permitiría a los hondureños participar legalmente en el mercado laboral estadounidense y, a mediano plazo, mantener el flujo de remesas a Honduras.
El embajador manifestó que “siempre hay esperanzas”, aunque reiteró la necesidad de prudencia ante el desarrollo de los procesos judiciales y advirtió contra la creación de expectativas infundadas entre los afectados. Detalló que el margen de maniobra del Estado hondureño es estrecho y que la política migratoria actual representa uno de los desafíos bilaterales más relevantes.
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Durante la reunión con el Congreso Nacional, se estableció acordar una hoja de ruta para fortalecer la coordinación entre la representación diplomática en Washington y las autoridades legislativas hondureñas, con el objetivo de promover iniciativas que beneficien tanto a la población nacional como a los hondureños en el exterior. Flores Bermúdez calificó de “productiva” la reunión, señalando la urgencia de avanzar en políticas para impulsar la atracción de inversión extranjera y reforzar los lazos comerciales, siempre priorizando la agenda migratoria.
En palabras del diplomático, “hemos establecido una ruta de trabajo” que permitirá articular esfuerzos para salvaguardar los intereses del país y de sus migrantes. En este entorno, la situación de los tepesianos permanece como tema nuclear en la política exterior de Honduras, mientras que organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en Estados Unidos continúan exigiendo soluciones para asegurar la estabilidad y los derechos de miles de familias.
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, abordó la situación del TPS durante su más reciente visita a Washington, subrayando el “impacto humano” de las restricciones. De acuerdo con las declaraciones del embajador, el mandatario recalcó la importancia de tomar en cuenta tanto las implicaciones legales como las sociales y familiares asociadas al desafío migratorio de esta població
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