El Congreso de Guatemala programa aprobación final de ley antilavado para el 2 de junio

El Congreso de Guatemala agendó para el 2 de junio la aprobación en tercera lectura y redacción final de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque antes celebrará una reunión adicional el lunes 1 de junio para intentar cerrar las enmiendas que aún no tienen consenso y ajustar el texto a las recomendaciones del GAFI.

La discusión gira sobre todo en torno a la autonomía del delito de lavado, uno de los puntos que todavía divide a los bloques y a los equipos técnicos. El diputado José Chic, de la bancada VOS, dijo que la propuesta final para los artículos 73 y 74 será revisada por la Comisión de Economía, la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Bancaria de Guatemala para que quede “en concordancia con las recomendaciones internacionales”.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, precisó que en las últimas tres reuniones se revisaron ocho enmiendas presentadas por distintos bloques, con acompañamiento técnico de la Superintendencia de Bancos y de la IVE. De ese conjunto, dos obtuvieron viabilidad parcial, tres viabilidad completa y tres no alcanzaron aval técnico.

Ayala detalló que los artículos con viabilidad parcial son el dos y el 25, mientras que los técnicamente implementables son los artículos 52, 83 y 111. Los artículos ocho, 73 y 74 quedaron fuera de acuerdo, porque tocan el enfoque basado en riesgo, la tipificación del delito y la autonomía del lavado de dinero.

Tres artículos siguen sin acuerdo técnico

Según Jorge Ayala, el artículo dos modifica tres definiciones: persona expuesta políticamente, transacción y transacción sospechosa. El artículo 25 se refiere a los grados de consanguinidad y afinidad de las personas expuestas políticamente en casos especiales.

El artículo 52 añade una función a la intervención de supervisión especial en materia de capacitación y divulgación. El artículo 83 regula tres fases del delito no consumado de lavado: proposición, conspiración y tentativa, con una pena de un tercio, mientras que el 111 modifica el Código de Notariado para excluir únicamente los aspectos relacionados con la ley de lavado y su reglamento.

Los mayores desacuerdos se concentran en los artículos 73 y 74. Ayala explicó que una de las propuestas buscaba introducir la exigencia de que el delito precedente quedara previamente determinado, con el argumento de reforzar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero advirtió que ese cambio podía afectar la autonomía del delito establecida en la reforma de 2010.

El propio Ayala sostuvo que el resto del articulado ya incorpora más garantías que la normativa vigente, porque establece que comete lavado quien actúa sabiendo el origen ilícito de los fondos. Según esa interpretación, será el Ministerio Público quien deba probar ese conocimiento, sin que haga falta alterar esos dos artículos de forma que debilite la reforma previa.

Los bloques admiten presión por evitar una lista gris

El diputado Inés Castillo, de la bancada UNE, afirmó que existe “un alto compromiso” del Congreso para avanzar con la reforma y adaptar la legislación nacional a las recomendaciones del GAFI sin contradecir la Constitución ni vulnerar derechos humanos. También sostuvo que no se prevé presentar más enmiendas y que la discusión actual se limita a las ya planteadas.

Castillo reconoció que el debate central sigue siendo la autonomía del delito. En su explicación, para acusar a una persona por lavado debería existir un delito previo que explique el origen ilícito del dinero, pero agregó que la recomendación del GAFI trata el lavado como un delito autónomo y que Guatemala, por ser signataria de esos compromisos, debe adecuarse a ese estándar.

El diputado de la UNE añadió que la reforma busca corregir efectos de la ley actual sobre la economía informal. Según su exposición, el nuevo texto dejaría de tratar como lavado el simple depósito bancario de dinero en efectivo por parte de comerciantes informales que no han pagado impuestos y concentraría la persecución en crimen organizado, trata de personas, corrupción y narcotráfico.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, defendió que la nueva propuesta es más garantista que la normativa vigente. Según su explicación, hoy una alerta de la IVE puede derivar en una captura y en una acusación inmediata por lavado, mientras que con la reforma el Ministerio Público tendría que demostrar por sus propios medios que la persona comete ese delito y no podría basarse en esa alerta para probarlo.

Contreras confirmó que el lunes invitarán a la prensa a la reunión en la que esperan firmar acuerdos previos. También explicó que la sesión del martes incluirá primero una ceremonia solemne, luego la integración de la Comisión Postuladora de la Contraloría, después una iniciativa de educación escolar que será devuelta a comisión y, a continuación, el debate de la ley antilavado, cuya discusión seguiría el día siguiente si no concluye en esa jornada.