La Secretaría de Finanzas de Honduras juramentó este lunes a los miembros de la nueva Comisión Técnica Liquidadora, encabezada este lunes por el Ministro de Finanzas, Emilio Hércules, lo cual marca el inicio de una reestructuración administrativa de gran alcance que redefine la organización estatal y tendrá consecuencias inmediatas sobre el empleo público y la gestión de recursos presupuestarios.
Los integrantes designados para este proceso son Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla. Este equipo será responsable de la liquidación administrativa y financiera de las instituciones recientemente suprimidas, así como del manejo y traslado de los recursos presupuestarios orientados al pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales derivadas de la desvinculación de empleados.
Según lo dispuesto en el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, las entidades eliminadas incluyen la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca reducir la estructura estatal, concentrando funciones en otras dependencias para evitar duplicidad de competencias.
El proceso de liquidación comprende el cese de personal y la transferencia ordenada de programas, proyectos y recursos hacia instituciones que ahora asumirán estas funciones. En el caso de Sedecoas, los proyectos de infraestructura comunitaria y sistemas de agua potable serán reasignados a entidades con capacidades técnicas y presupuestarias suficientes para garantizar su continuidad.
La Secretaría de Planificación Estratégica tendrá sus atribuciones absorbidas por otras instancias dedicadas a la formulación y evaluación de políticas públicas, mientras que la gestión de transparencia y control quedará a cargo de organismos con unidades de auditoría interna.
En relación con el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que dirigía políticas habitacionales y regularización de tierras, se contempla una revisión exhaustiva de los expedientes, con el objetivo de garantizar que ningún beneficiario quede desprotegido en situaciones legales o financieras. Por otra parte, la Red Solidaria enfrentará un análisis para definir la continuación, modificación o cancelación de sus programas sociales bajo nuevas modalidades.
El ministro Hércules sostuvo que la comisión actuará bajo las leyes vigentes y protegerá los derechos laborales de los empleados afectados. Añadió que uno de los retos iniciales será determinar el universo de trabajadores permanentes y por contrato, así como comprobar la legalidad de los nombramientos recientes.
El equipo liquidador tendrá que presentar informes periódicos respecto al avance de la desvinculación de personal, los montos asignados a indemnizaciones y el estado del patrimonio institucional. Estos informes serán esenciales para definir las etapas posteriores de la reorganización estatal.
En el plano técnico, la comisión tiene a su cargo la elaboración de inventarios completos de bienes muebles e inmuebles, la revisión de estados financieros y la conciliación de cuentas con proveedores y acreedores. Asimismo, será responsable de coordinar con la Secretaría de Finanzas el traslado de partidas presupuestarias para el pago de prestaciones, salarios pendientes y otros beneficios laborales.
El decreto oficial establece plazos específicos para concluir la liquidación, aunque advierte que la duración puede variar, dada la complejidad de contratos y litigios pendientes. Para cumplir estos objetivos, la Comisión Técnica Liquidadora cuenta con potestad para solicitar asesoría técnica y legal a otras instancias gubernamentales.
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