“Estos crímenes formaron parte de la guerra declarada por la MS-13 contra el sistema”: Fiscalía expone víctimas y métodos en el juicio a 485 cabecillas en El Salvador

Durante la audiencia única celebrada en San Salvador contra los 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Fiscalía General de la República documentó que la gran mayoría de los asesinatos tuvo como víctimas a miembros de la corporación policial y de la Fuerza Armada. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que estos crímenes formaron parte de la guerra declarada por la Mara Salvatrucha contra el sistema estatal.

Otras víctimas eran personas que trabajaban para el Estado y que fueron atacadas, en muchos casos, cuando se encontraban de licencia y en situación de vulnerabilidad.

Según Muñoz, la estructura criminal aprovechaba estos momentos para ejecutar los homicidios, incrementando así el impacto de su accionar.

El fiscal explicó dos modalidades principales bajo las cuales ocurrieron los homicidios: la “apertura de válvulas” y las “pegadas permanentes”. La apertura de válvulas fue identificada como la orden interna de cometer asesinatos selectivos en ciertos periodos.

Las pegadas permanentes, en cambio, implican la persecución y asesinato constante de rivales, especialmente integrantes de la pandilla 18, en el contexto de la rivalidad entre ambas organizaciones. Esta modalidad reflejaba la continuidad del conflicto y el alto grado de violencia entre estructuras delictivas.

Muñoz relató que la exposición fiscal también abordó el “fin de semana negro” de finales de marzo de 2022, cuando se registraron 86 muertes en el país, de las cuales 35 ocurrieron en la zona occidental. Esta ola de asesinatos superó la capacidad operativa de instituciones como el Instituto de Medicina Legal y las oficinas fiscales locales.

Por ejemplo, la oficina fiscal de Ahuachapán debió recibir apoyo de la de Santa Ana para realizar los levantamientos de los cadáveres. El funcionario subrayó que esta crisis institucional fue uno de los factores que originó la declaración del régimen de excepción en El Salvador.

Según Muñoz, la respuesta estatal buscó frenar la escalada de violencia y ofrecer una reacción inmediata ante la magnitud de los crímenes atribuidos a la MS-13. Esa urgencia institucional se reflejó también en la manera en que la Fiscalía estructuró la acusación durante la audiencia.

Estructura de la MS-13 y alcance de la acusación fiscal

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó el desglose de 118 casos de homicidio cometidos entre 2012 y 2022 en la zona occidental del país. El fiscal detalló que cada caso fue analizado año por año, con pruebas orientadas a demostrar la existencia de los delitos y la participación directa de los miembros de la organización.

Muñoz explicó que estos casos corresponden a hechos atribuidos a los ocho programas territoriales de la MS-13 en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. “La finalidad es identificar que esos homicidios fueron parte de la maquinaria de sangre de esta estructura y por tanto, debemos responsabilizar a todas las personas de la cadena de mando”, puntualizó.

El objetivo de la Fiscalía es responsabilizar a todos los involucrados, no solo a quienes ejecutaron los crímenes, sino también a los corredores de programa, ranfleros en libertad, ranfleros en penal y los llamados ranfleros históricos. La presentación de pruebas incluyó documentos y testimonios que buscan vincular a cada eslabón jerárquico con la planificación y ejecución de los asesinatos.

La jornada finalizó con el anuncio de que la audiencia entra en receso y continuará el lunes 15 de junio de 2026. La Fiscalía prevé exponer más casos de homicidios cometidos en Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán, enfocándose en documentar la responsabilidad de todos los niveles jerárquicos de la estructura criminal.