La aprobación de una moción para la realización voluntaria de pruebas antidoping a los diputados por parte del Congreso Nacional expone un debate de fondo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. El episodio, protagonizado por el congresista liberal Mario Segura y el diputado libre Sergio Castellanos, terminó de manera inesperada cuando ambos legisladores, tras un cruce de acusaciones, salieron juntos del recinto y se sometieron a los análisis en un laboratorio.
El ambiente se intensificó cuando Segura se refirió sobre el comportamiento de su colega del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresó: “Muchos dicen que Sergio camina cruzado porque siempre está alegre”, aludiendo en tono mordaz a Castellanos, quien manifestó su descontento y replicó señalando que, en su departamento de El Paraíso, circulaban rumores persistentes sobre supuestos consumos indebidos de Segura: “Solo repito lo que es un secreto a voces”, aclaró Castellanos, aunque reconoció que no tenía pruebas personales.
En medio del intercambio de palabras, Castellanos desafió a su compañero y propuso iniciar la aplicación de las pruebas en ese mismo momento, comenzando por los miembros de la junta directiva. Segura aceptó el reto: “Sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”, aseveró.
Ambos diputados abandonaron el pleno y, escoltados por periodistas, acudieron a un laboratorio privado, donde formalizaron la documentación y se sometieron a la prueba antidoping. Castellanos insistió durante el trámite en que la iniciativa debía extenderse a los “254 clientes más”, aludiendo a la suma de los 128 diputados propietarios y los suplentes. Segura, quien cubrió el costo de 750 lempiras por examen, remarcó la accesibilidad de la prueba y se comprometió a pagar por sus colegas del partido opositor.
Al salir del laboratorio, los dos legisladores anunciaron que harían públicos sus resultados y Castellanos agregó que solicitaría la aplicación de un panel ampliado de 12 sustancias. Solicitó también a la Junta Directiva y a las distintas bancadas, incluida la nacionalista, que se sumaran al procedimiento: “A partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve”.
La iniciativa de Segura fue aprobada por mayoría, aunque se estableció como un mecanismo estrictamente voluntario. La moción, que plantea que los diputados, tanto propietarios como suplentes, puedan someterse a exámenes de laboratorio, busca, en palabras del propio legislador, que los representantes “actúen con integridad, ética y sobriedad” en momentos de deterioro de la confianza social en las instituciones. La parte esencial de la moción señala: “Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los honorables diputados, se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”.
Castellanos subrayó su disposición a “someterse a un panel ampliado de 12 drogas” y prometió “invitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso y a las diferentes bancadas, incluida la nacionalista, a practicarse la prueba”. Explicó además: “la prueba tiene un valor de 750 lempiras, por lo que todos pueden hacérsela sin ningún problema”.
De acuerdo a los términos aprobados, la moción queda activa desde ahora, pero será el comportamiento concreto de los legisladores y la publicación efectiva de los resultados, lo que determine si esta experiencia inaugura un proceso de transparencia o se limita a un gesto simbólico en medio de un debate.
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