Asfura convocará su primer Consejo de Ministros para aprobar reducción y fusión de instituciones estatales en Honduras

El presidente de Honduras impulsa una profunda reestructuración del Estado al convocar la próxima semana su primer Consejo de Ministros, en una sesión que promete redefinir la administración pública mediante la eliminación o fusión de al menos 38 instituciones estatales.

El objetivo es liberar recursos para saldar pasivos laborales y afrontar la deuda pública, sin interrumpir servicios básicos. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, anticipó que la medida podría generar un ahorro estimado de entre 10 y 15 mil millones de lempiras, aunque advirtió que los fondos resultantes serán reasignados a obligaciones previas del Estado, más que a recortes inmediatos del presupuesto general.

La reunión, prevista para el martes 24 o miércoles 25 de febrero en Casa de Gobierno, reunirá a más de 80 altos funcionarios del gabinete presidencial. Entre los temas destacados figura también el debate sobre la emergencia nacional en salud, la visita técnica del Fondo Monetario Internacional y el programa nacional de bacheo para mejorar la infraestructura vial, prioridad reconocida por la administración ante el deterioro de la red y el impacto en la competitividad regional.

Tras la sesión, se establecen las bases de una reforma administrativa de gran alcance, ya que la posible eliminación o integración de dependencias supone una reconfiguración del sector público y requerirá ajustes normativos continuos. Además, el Ejecutivo abordará la reformulación del Presupuesto General de la República para alinear el gasto con la nueva estructura institucional, definiendo prioridades en áreas como el sector salud, infraestructuras y la gestión de emergencias.

El presidente indicó que el Consejo de Ministros buscará aprobar en su primera sesión una significativa reducción en el tamaño del Gobierno. Señaló que el Estado hondureño no puede sostener niveles de erogación que superen su capacidad de ingresos, motivo por el cual plantea una revisión exhaustiva de los organismos existentes y la eliminación de duplicidades administrativas.

La reestructuración contempla el análisis de competencias que podrían fusionarse o, si operan bajo parámetros que ya no responden a las prioridades nacionales, la supresión directa de entidades. Según la planificación preliminar, la primera etapa incluye cerrar o absorber aproximadamente 20 instituciones, para luego avanzar hacia las restantes.

Si bien el Gobierno destaca que la meta central es la racionalización del gasto y la eficiencia operativa, la propuesta enfrenta desafíos administrativos y sociales. El proceso puede implicar reubicaciones laborales, renegociación de contratos y redefinición de funciones, aspectos que deben coordinarse meticulosamente para evitar impactos negativos sobre los trabajadores y la provisión de servicios.

Las autoridades recalcan que la eliminación o fusión de instituciones no busca debilitar la capacidad del Estado, sino optimizar el uso de los recursos y garantizar la viabilidad de las finanzas públicas en un escenario de deuda creciente y demandas sociales en aumento.

La administración Asfura pretende enviar una señal clara tanto a la ciudadanía como a los organismos multilaterales y el sector privado sobre su determinación para reorganizar el Estado y tomar decisiones de largo alcance. Esta estrategia busca fortalecer la sostenibilidad financiera y mejorar el posicionamiento internacional de Honduras frente a compromisos de deuda y futuras negociacione

El programa nacional de bacheo se ubica entre los primeros proyectos operativos de la nueva administración. Ante el deterioro de la red vial, la prioridad será acelerar intervenciones en rutas estratégicas, clave para mejorar la movilidad y potenciar el desarrollo regional. El Consejo evaluará la asignación de recursos y la puesta en marcha de obras de mantenimiento.

En el área de salud, el decreto de emergencia nacional será materia de discusión, con enfoque en el abastecimiento de insumos médicos, modernización de infraestructura hospitalaria y respuesta a demandas acumuladas del sistema público. Las autoridades consideran medidas específicas para fortalecer la prestación de servicios en el corto plazo, reorganizando recursos allí donde las necesidades superen la oferta existente