Honduras enfrenta embargos por más de 3 mil millones de lempiras en últimos diez días

Las recientes intervenciones judiciales han dejado fuera de alcance recursos que no estaban contemplados ni en el presupuesto general de 2025 ni en el de 2026.

Esta situación deja en jaque proyectos esenciales en áreas como salud, educación y seguridad, pues la liquidez disponible del Estado se ve limitada por estos procesos de embargo.

En una jornada clave, se reunieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, magistrados de la Sala Laboral, el procurador Dagoberto Aspra, el propio ministro de Finanzas y representantes del Directorio del Banco Central de Honduras para abordar el alcance de las demandas y su impacto en las finanzas del país.

Las acciones judiciales señaladas se concentran sobre todo en el área laboral, tramitadas por los juzgados especializados de Tegucigalpa y también en diversas alcaldías a nivel nacional.

El titular de Finanzas especificó que “hay que frenar las medidas sistemáticas implementadas por actores de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, advirtiendo sobre el carácter recurrente de estos procesos y su riesgo para la planificación presupuestaria.

Según Emilio Hernández Hércules, el Estado se ve forzado a operar con partidas restringidas debido a la magnitud de los embargos, lo que compromete la viabilidad de programas sociales y de infraestructura ya previstos para los próximos años.

Además, confirmó que estos fondos no estaban asignados en la planificación fiscal vigente, por lo que “la afectación directa al tesoro de la República” es significativa.

En este contexto, la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 deberá pasar primero por la aprobación del Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso Nacional. Desde Finanzas, se impulsa una línea de austeridad y responsabilidad fiscal orientada a mitigar el impacto de los embargos y ajustar la estructura del gasto público.

Entre las medidas concretas, se contempla un redimensionamiento del aparato estatal, disminuyendo el número total de instituciones de 113 a 78. Esta reducción implicará, de acuerdo con lo comunicado, un ahorro relevante en el gasto corriente y permitirá destinar más recursos al pago de la deuda y a atender el pasivo laboral.

Hernández Hércules remarcó: “La austeridad y la responsabilidad fiscal van a primar en este presupuesto, habrá una reducción, pero lo más importante es que habrá un ahorro en el gasto corriente del Estado, la reducción del aparato estatal viene, habrá menos instituciones, lo que significa que habrá recursos para el pago de deuda y el pasivo laboral”.

El encuentro interinstitucional realizado este viernes subraya la necesidad de coordinar esfuerzos entre poderes del Estado, manteniendo el respeto a la independencia de cada uno, pero trabajando en una dinámica de complementariedad que permita afrontar los desafíos financieros producto de estos procedimientos jurídicos.

Los embargos, tramitados principalmente en juzgados laborales, involucran tanto a instancias estatales como a defensores privados, generando preocupación en las altas esferas del Ejecutivo sobre la sostenibilidad fiscal futura. El impacto ya se traduce en restricciones para áreas sensibles del gasto público, con la advertencia de que podrían agravarse de persistir esta tendencia.

En paralelo, el Banco Central de Honduras se mantiene en diálogo con otras entidades estatales para evaluar medidas que permitan responder a la contingencia generada por estos procesos judiciales. La pretensión del Gobierno es fortalecer su capacidad de inversión sin afectar los compromisos ya adquiridos, ajustando la hoja de ruta presupuestaria de los años venideros.

De acuerdo con la información oficial, la reforma del Presupuesto General 2026 no solo busca acomodar las necesidades impuestas por los embargos, sino también introducir un ajuste estructural que apunte a la eficiencia del aparato público y la generación de ahorros que puedan canalizarse hacia prioridades nacionales.

El ministro de Finanzas puntualizó que el ahorro derivado de la reducción institucional permitirá fortalecer áreas desfinanciadas por los procesos de embargo, contribuyendo a la estabilidad del sistema fiscal de Honduras.