La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley 22,878, una reforma que modifica el artículo 8 e incorpora el artículo 9 bis a la Ley de Servicio de Parques Nacionales N.° 6084. La nueva normativa prohíbe el ingreso a sitios no autorizados y la realización de actividades indebidas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del país, con el objetivo de reforzar la protección ambiental y la seguridad de los visitantes.
Desde el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) señalaron que la ley representa un avance en la defensa del patrimonio natural costarricense, al establecer sanciones más claras para quienes incumplan las regulaciones vigentes. Según la institución, la medida permitirá reducir daños a los ecosistemas, fortalecer la vigilancia y promover un uso responsable de los espacios protegidos.
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“Se busca que esta nueva ley sirva, además, como método de disuasión para que las personas dejen de poner en riesgo sus vidas y respeten las normativas existentes dentro de Áreas Silvestres Protegidas”, afirmó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.
Con la entrada en vigencia de la reforma, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) quedará facultado para aplicar sanciones económicas a quienes ingresen sin autorización o promuevan actividades ilegales dentro de parques nacionales y otras zonas protegidas. Los recursos recaudados por concepto de multas se destinarán a fortalecer las labores de control, vigilancia y protección ambiental que desarrolla la institución en todo el territorio nacional.
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El proyecto también establece que una parte de los montos cobrados será transferida al presupuesto de la Cruz Roja Costarricense, entidad que con frecuencia participa en operativos de rescate de personas que ingresan ilegalmente a áreas de alto riesgo y posteriormente se extravían o sufren accidentes.
Datos suministrados por el SINAC y el MINAE señalan que los volcanes Volcán Arenal, Volcán Poás y Volcán Turrialba concentran la mayor cantidad de ingresos ilegales cada año, especialmente durante horas nocturnas. Las autoridades advierten que esta práctica no solo implica riesgos para la integridad física de quienes acceden sin permiso, sino que también afecta la fauna silvestre, ya que muchas especies migran o alteran sus patrones de comportamiento al percibir ruidos y presencia humana en horarios no permitidos.
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Además del impacto ambiental, las autoridades han reportado un incremento en actos de vandalismo. Entre las afectaciones más frecuentes figura el robo de cámaras de vigilancia volcánicas y sismológicas, equipos esenciales para el monitoreo científico y la prevención de emergencias.
La ley contempla multas que pueden alcanzar hasta ₡4,6 millones, aproximadamente 9.000 dólares, para quienes ingresen sin autorización o faciliten el acceso ilegal. Las sanciones se graduarán según la gravedad de la infracción.
Montos establecidos en la nueva ley
- Personas que promuevan actividades ilegales en zonas protegidas: ₡1.386.600 (unos 2.860 dólares).
- Operadores turísticos que ofrezcan ingresos ilegales: más de ₡3.000.000 (más de 6.185 dólares).
- Guías o empresas que ingresen con visitantes por accesos no permitidos: ₡4.622.000 (alrededor de 9.529 dólares).
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las autoridades reportaron el ingreso irregular de 408 personas a parques nacionales. La mayoría de los casos se registraron en el Volcán Irazú y en la Isla San Lucas, dos destinos que han enfrentado reiterados incidentes vinculados a accesos no autorizados.
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Desde el SINAC subrayan que el problema trasciende la simple infracción administrativa. “El ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales irreversibles, alteran hábitats sensibles y ponen en riesgo especies de flora y fauna, muchas de ellas en condición de amenaza o endémicas. Además, este tipo de prácticas expone a las personas visitantes a peligros naturales, al no contar con condiciones adecuadas de seguridad ni atención oportuna ante emergencias”, explicó Yeimy Cedeño, jefa del Departamento de Control y Protección de la institución.
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