La paralización de hospitales públicos en Honduras anticipa el desafío más urgente para el gobierno entrante, que llegará al poder con un sistema de salud afectado por meses de salarios impagos y condiciones laborales deterioradas
Mientras los nuevos funcionarios prometen durante la campaña elevar los estándares del sector, la administración actual deja un panorama marcado por servicios interrumpidos, deuda acumulada y protestas gremiales, una combinación que mantiene en vilo tanto a los trabajadores como a millones de ciudadanos que dependen, en su mayoría, de la red pública para atender sus necesidades médicas.
En las últimas semanas, las acciones sindicales se han intensificado. Los hospitales de referencia nacional han limitado su funcionamiento a las áreas de emergencias y a la atención de pacientes críticos.
Este escenario preocupa particularmente porque más del 50 % de los hondureños vive en situación de pobreza o con ingresos insuficientes, según consignan los representantes gremiales, volviendo inaccesibles otras opciones de salud.
El conflicto, como han denunciado médicos, enfermeras y personal administrativo, deriva de retrasos que alcanzan hasta seis meses de salario para las enfermeras y ocho para los médicos, además de pagos de aguinaldo pendientes y contratos incumplidos.
Esta falta de liquidez se suma a problemas crónicos del sistema, como insumos insuficientes, instalaciones en malas condiciones y una carga laboral desbordada. Según el testimonio de uno de los voceros del sector durante las protestas: “No declaramos brazos caídos por gusto. A las enfermeras les deben seis meses y a los médicos ocho. Si no fuera así, nosotros estaríamos trabajando. Necesitamos nuestro pago, nadie trabaja porque lo vea”.
La crisis no solo ha acentuado la precariedad material y la sobrecarga de recursos humanos, sino que ha puesto en primer plano la deuda histórica que arrastran sucesivas gestiones.
Durante el mandato de Xiomara Castro, el ministerio de Salud, encabezado hasta hace poco por Carla Paredes, atravesó multitud de movilizaciones y negociaciones fallidas.
La salida de Paredes, ocurrida a veinte días del cambio de gobierno, coincidió con cuestionamientos a su gestión y señalamientos sobre irregularidades administrativas y contratos bajo sospecha, situaciones que hasta ahora permanecen sin clarificación oficial.
En declaraciones públicas antes de retirarse del cargo, la exministra pidió perdón a la sociedad: “Nos hemos puesto al servicio de la población con la mayor transparencia y el mayor esfuerzo. Estoy orgullosa de ellos y, si cometí un error, pido perdón”, reconoció en entrevista con medios periodísticos nacionales.
La autocrítica de la exfuncionaria, sin embargo, no logró contener el malestar entre los gremios, que insisten en que las disculpas no reemplazan el cumplimiento de los acuerdos salariales ni la necesidad de reformas estructurales: la falta de respuestas ha alimentado mesas de diálogo y compromisos reiteradamente frustrados.
Los actores del sector han subrayado que sus demandas no constituyen un ataque a la población, sino una exigencia legítima para que se respete su labor. Han reiterado en repetidas ocasiones su pesar por las interrupciones: “No es una protesta contra la gente, es una protesta para que se respete nuestro trabajo”, remarcan en distintos comunicados.
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