16 disparos contra un adolescente, una versión oficial y un video oculto: el caso del policía de Chicago condenado por asesinato

Trece meses después de los hechos, la muerte del adolescente negro Laquan McDonald, de 17 años, en un “enfrentamiento” con agentes de la Policía de Chicago iba camino a convertirse en un caso cerrado después de una investigación superficial. La versión oficial era contundente: se trataba de un homicidio justificable y dentro de los límites de las directrices del departamento sobre el uso de la fuerza. Uno más de tantos, porque los jóvenes negros siempre causaban problemas que, a veces, terminaban desgraciadamente mal.

El informe de los investigadores policiales –de unas cuatrocientas páginas– señalaba que poco antes de las diez de la noche del 20 de octubre de 1914, la policía recibió aviso sobre un joven afroamericano que, armado con un cuchillo, estaba tratando de abrir los vehículos estacionados en un patio de camiones de la Calle 41 y Kildare Avenue. Para robar lo que había en el interior o, quizás para llevarse uno. Decía que cuando llegaron los policías, el delincuente usó un cuchillo con una hoja de 7,6 centímetros para cortar un neumático del patrullero y dañar el parabrisas. Los agentes le ordenaron que dejara el arma blanca y se entregara, pero en lugar de hacerlo –siempre según la versión policial– McDonald intentó atacar a uno de los uniformados, el oficial Jason Van Dyke, un hombre blanco, que no tuvo otra alternativa que defenderse con su arma reglamentaria.

El documento del Departamento de Policía de Chicago abundaba en detalles. Decía que McDonald “levantó el cuchillo por encima del pecho” y lo apuntó a Van Dyke, lo que hizo que el policía temiera que se abalanzara sobre él para apuñalarlo o se lo lanzara. Incluso consignaba que, según un boletín policial de 2012, existían cuchillos arrojadizos, cuchillos con resortes y hasta cuchillos capaces de disparar una bala. Sí, tal cual. Por todas esas razones, el oficial Van Dyke había disparado y matado al chico, lo que no dejaba de ser una pena. Fin de la historia.

La fiscal estatal del condado de Cook, Anita Álvarez, a cargo del caso, dio por cierto y comprobado el informe policial y tomó algunas declaraciones testimoniales: al propio Van Dyke, a su compañero en el patrullero –testigo ocular y partícipe de los hechos– y a varios policías que llegaron después, cuando el chico ya estaba muerto. No le dio demasiada importancia a que McDonald tenía nueve impactos de bala en distintas partes del cuerpo -el cuello, el pecho, la espalda, ambos brazos y la pierna derecha- más una rozadura en el cuero cabelludo, ni a que el oficial Van Dyke hubiese disparado un total de 16 balas. Entendió que, al sentirse atacado, el policía se puso nervioso y quizás por eso apretó tantas veces el gatillo. Decidió entonces no iniciarle un proceso penal. Habría, claro, un juicio civil que seguramente ordenaría al Estado compensar económicamente a la familia de McDonald por su desgracia, pero de allí a sentar a un uniformado en el banquillo de los acusados había un gran trecho que ella no estaba dispuesta a transitar. La buena imagen de la policía no debía dañarse, por el bien de la comunidad.

El video delator

Los periodistas que cubrieron el caso y la investigación no tardaron en encontrar inconsistencias entre la versión oficial de la policía, la autopsia y el relato de un testigo anónimo que contradecía las declaraciones de Van Dyke. Se publicaron varios artículos con esos cuestionamientos, pero el caso estalló recién en noviembre de 2015, cuando un denunciante cuya identidad se preservó –presuntamente un policía honesto– le reveló al periodista Jamie Kalven y al abogado Craig Futterman que existía un video grabado con la cámara del auto policial donde se veía con claridad que Van Dyke había asesinado al chico McDonald a sangre fría y que incluso le había disparado por la espalda cuando ya estaba herido o muerto en el suelo.

El abogado y el periodista revelaron al público la existencia de ese vídeo y exigieron a la Policía de Chicago que lo hiciera público. No hubo caso y, en los días que siguieron, las autoridades de la ciudad denegaron por lo menos quince solicitudes en ese sentido. Uno de los argumentos de la negativa fue que nunca se habían utilizado videos de cámaras policiales como prueba.

Entraron en escena entonces el periodista independiente Brandon Smith y el activista comunitario William Calloway, que presentaron una solicitud para que se difundiera la grabación bajo la Ley de Libertad de Información, que también fue denegada. Entonces Smith presentó una demanda contra la Ciudad de Chicago en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook y la fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, envió una carta al Departamento de Policía diciendo que no tenía derecho a retener el video. Finalmente, el juez del Condado de Cook, Franklin Valderrama, les dio a las autoridades de la ciudad un plazo hasta el 25 de noviembre de 2015 para que hiciera pública la grabación. Finalmente, el 24 –un día antes de que venciera el plazo-, la Alcaldía de Chicago convocó a una conferencia de prensa y lo mostró. En la cinta se veía con toda claridad como Van Dyke le disparaba a McDonald cuando el chico trataba de escapar y como lo remataba cuando ya estaba caído bocabajo en el suelo.

Con el correr de los días saldrían a la luz cinco videos más y quedaría al descubierto una enorme maniobra de encubrimiento, que incluyó el borrado de otros registros policiales e, incluso, la destrucción del video de una cámara de un local de Burger King realizada la misma noche del crimen por agentes de policía.

Escándalo y juicio

Cuando esas imágenes terribles estuvieron frente a los ojos del público, a la fiscal Anita Álvarez no le quedó otra alternativa que procesar a Van Dyke por asesinato en primer grado. Aun así, no pudo contener el escándalo: la ciudad se pobló de manifestaciones motorizadas por organizaciones de defensa de los derechos civiles con una masiva participación de ciudadanos, que provocaron la remoción del entonces superintendente de policía Garry McCarthy y acusaciones de encubrimiento contra la administración del alcalde Rahm Emanuel. Las consecuencias no terminaron allí: Álvarez fue separada del caso –poco después perdió las elecciones para renovar su cargo de fiscal– y se designó a un equipo de fiscales especiales dirigido por el entonces fiscal estatal del Condado Kane Joseph McMahon para que se encargara del caso Van Dyke.

El policía fue acusado de seis cargos de asesinato en primer grado: asesinato/intento de matar/lesionar con arma de fuego; asesinato/alta probabilidad de matar/herir con arma de fuego; asesinato/intento de matar/lesionar con disparo de arma de fuego; asesinato/alta probabilidad de matar/herir por disparo de arma de fuego; asesinato/intento de matar/lesionar con disparo de arma de fuego próximamente; y asesinato/alta probabilidad de matar/herir con disparo de arma de fuego en proximidad. A ellos se agregó otra imputación por mala conducta en el ejercicio de sus funciones.

El 19 de febrero de 2019, Jason Van Dyke fue condenado a 81 meses -casi siete años- de prisión por asesinato en segundo grado, pero no por los cargos de agresión agravada que habrían extendido su sentencia de prisión muchos años más. El fallo, por un cargo mucho más leve que el de la acusación con que había sido llevado a juicio, provocó nuevas protestas. Otros tres policías blancos de Chicago, acusados ​​de conspiración, mala conducta oficial y obstrucción a la justicia por el encubrimiento del asesinato fueron declarados inocentes poco después.

Una justicia “benévola”

Si el tribunal que juzgó a Jason Van Dyke se mostró benévolo al fijar la condena, mucho más magnánimo fue tres años después, en febrero de 2022, al ordenar su liberación cuando había cumplido solo la mitad de la pena. Al conocerse la noticia, la comunidad negra de Chicago reaccionó con dureza. “Es una clara ilustración de que las vidas negras no importan tanto como otras. Cumplir tan poco tiempo por un asesinato le envía un mal mensaje a la comunidad”, protestó uno de sus voceros, el reverendo Marshall Hatch. En el mismo sentido se pronunció la nueva alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot: “Yo entiendo por qué esto sigue sintiéndose como una mala implementación de la justicia, especialmente cuando tantos hombres no blancos son sentenciados a mucho más tiempo en prisión por delitos mucho menos graves”, tuiteó.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Derrick Johnson, envió una enérgica carta al fiscal general de los Estados Unido, Merrick Garland. “A lo largo de nuestros 113 años de historia, la NAACP ha abogado por un sistema de justicia justo y equitativo que responsabilice a todos por sus acciones. Hemos visto preferencia injusta y desigual otorgada a agentes de la ley que quitan injustamente la vida a miembros de la comunidad negra y hemos luchado fervientemente en contra de tal preferencia”, decía en uno de sus párrafos.

Un grupo de legisladores del Estado de Illinois fue más allá y se pronunció a favor de que se procesara nuevamente a Van Dyke, esta vez por cargos federales. La familia de Laquan McDonald se negó a apoyar ese pedido, no porque la hiciera feliz la liberación del policía asesino sino porque temía que ese doble procesamiento –estatal y federal– fuera utilizado como jurisprudencia para aplicarlo contra la comunidad negra. “Si se establece este precedente de volver a condenar a las personas porque no se cree que cumplieron suficiente tiempo, entonces cientos de miles de hombres negros solo en Illinois podrían verse perjudicados”, dijo el tío abuelo del adolescente, el reverendo Marvin Hunter.

Más allá de la polémica, con el fallo judicial del 19 de febrero de 2019, Jason Van Dyke se convirtió así en el primer oficial de la policía de Chicago en ser condenado por asesinato en un tiroteo en servicio en más de medio siglo. También en el primero en ser procesado y sentenciado utilizando, entre otras pruebas, las grabaciones de video de un auto policial.