El Congreso de Guatemala aprobó el martes 27 de octubre, con el respaldo de 134 diputados, la Ley del MetroRiel, que crea un régimen especial para desarrollar un sistema ferroviario de pasajeros en el área metropolitana.
La decisión quedó contenida en el Decreto 24-2026 y se produjo en una jornada atravesada por negociaciones para integrar la Junta Directiva legislativa para el período 2027-2028.
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La norma surgió de la iniciativa 6830, presentada por diputados oficialistas y dictaminada favorablemente este mismo día por la Comisión de Descentralización y Desarrollo.
El documento ingresó a la Dirección Legislativa a las 12:40, menos de una hora y media antes de que comenzara la sesión plenaria prevista para las 14:00.
El diputado oficialista José Carlos Sanabria planteó una moción privilegiada para que el dictamen fuera conocido de urgencia nacional. Con ese mecanismo, el proyecto evitó el trámite ordinario de discusión en tres lecturas.
La ley asigna a Fegua la ejecución integral del proyecto ferroviario
La normativa, integrada por 15 artículos, declara de interés nacional y utilidad pública la puesta en marcha del sistema de pasajeros. También designa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) como responsable de la planificación, el diseño, la construcción, la supervisión, las pruebas y la entrada en operación del MetroRiel.
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El decreto no crea una entidad nueva. En cambio, utiliza la estructura de Fegua para impulsar el proyecto y prevé que el transporte de pasajeros pueda coexistir con las operaciones ferroviarias de carga.
La empresa deberá coordinar con el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Gestión y Planificación de la Presidencia (Segeplan) y las municipalidades incluidas en el área de influencia del sistema. Sin embargo, la ley no precisa qué municipios integrarán el área metropolitana ni fija una fecha para el inicio de las obras.
El Gobierno ha vinculado el proyecto con el acuerdo suscrito el 9 de julio entre Guatemala y el Reino Unido para apoyar su planificación y ejecución. Según declaraciones previas del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, la inversión podría superar los USD 900 millones, aunque el monto no figura en el texto aprobado.
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El decreto exceptúa al proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado
Uno de los puntos que concentró las críticas fue el régimen de adquisiciones. El artículo 5 establece que las obras, bienes, equipos, tecnología y servicios requeridos para el MetroRiel no quedarán sujetos a los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.
La disposición habilita a Fegua a utilizar estándares internacionales, entre ellos los Contratos Nuevos de Ingeniería, conocidos como NEC por sus siglas en inglés. El dictamen sostiene que la dimensión del proyecto requiere mecanismos distintos a los aplicados a obras públicas de menor escala.
Además, Fegua podrá contratar de forma directa a una firma o consorcio internacional especializado para conformar una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto. Esa instancia deberá asistir en la estructuración de las contrataciones y transferir conocimientos a la entidad estatal, pero no podrá participar como oferente ni ejecutar los contratos que gestione.
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La ley exige que Fegua cuente con disponibilidad presupuestaria antes de firmar contratos. También obliga a publicar los instrumentos contractuales en su página web, con traducción al español si fueron suscritos en otro idioma. La Contraloría General de Cuentas mantendrá sus facultades de auditoría y la empresa deberá rendir informes semestrales al Congreso.
Diputados vincularon la votación con los acuerdos por la Junta Directiva
La aprobación ocurrió luego de que el bloque Todos, encabezado por Felipe Alejos, obtuvo un espacio en la Junta Directiva. Diputados de distintas bancadas señalaron que el avance del MetroRiel formó parte de las negociaciones políticas alrededor de esa elección.
El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, afirmó que la ley fue incorporada a una agenda promovida por legisladores de Semilla, junto con asuntos como el subsidio a los combustibles, el retorno de Menkos al Ministerio de Finanzas y los votos para la Directiva.
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Rodríguez aseguró que el oficialismo ofreció Q50 millones, unos USD 6,9 millones, para obras en 2027 a cambio de respaldos legislativos. “Los diputados han sido condicionados y chantajeados”, afirmó durante el debate.
La diputada Lucrecia de Palomo, del bloque Unionista, cuestionó que el dictamen no hubiera sido conocido previamente por todos los legisladores.
Nery Rodas, de Cabal, sostuvo que la iniciativa llegó tarde al Congreso y que requería mayor análisis. Cristian Álvarez, de Creo, objetó la falta de precisión sobre los municipios que abarcará el sistema.
La oficialista Victoria Godoy Palala defendió la aprobación y sostuvo que la iniciativa busca reducir los tiempos y costos de traslado para la población. La nueva ley habilita el marco jurídico para el proyecto, pero aún quedan pendientes las definiciones sobre financiamiento, diseño técnico y cronograma de ejecución.
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