La bancada de oposición Unidad Nacional de la Esperanza presentó un antejuicio contra el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, al que acusa de incumplimiento de deberes ante el aumento de homicidios en Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si retira la inmunidad del funcionario para que pueda ser investigado penalmente.
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La acción fue anunciada por el jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, José Inés Castillo, quien cuestionó la respuesta del procurador frente a la violencia.
“Se está presentando un antejuicio en contra del procurador de los Derechos Humanos por incumplimiento de deberes, porque lo que menos hace es proteger la vida. Procurador ineficiente”, afirmó.
El reclamo legislativo se apoya en los registros de la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal, que identificó a agosto como el mes con más homicidios de los últimos siete años: 324 muertes. En septiembre se contabilizaron 260 casos.
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La ausencia de Córdova y de las autoridades de seguridad
El trámite comenzó después de que Córdova se excusara de asistir a una citación convocada por la UNE para abordar los últimos registros de homicidios. A la reunión tampoco asistieron el ministro y el viceministro de Gobernación, ni el director y el subdirector de la Policía Nacional Civil, las autoridades que el bloque buscaba fiscalizar por la seguridad ciudadana.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema de Justicia diferencia los hechos aislados de delincuencia de las operaciones de estructuras criminales organizadas. Según el planteamiento, esos grupos pueden contar con coordinación, recursos, armas de fuego y capacidad para lograr impunidad.
El escrito menciona el caso de Huité, en el departamento de Zacapa, donde un grupo criminal ingresó con armas de grueso calibre y causó la muerte de al menos ocho personas, entre ellas un menor de edad. El documento cita fuentes abiertas y declaraciones de funcionarios estatales sobre el ataque.
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La querella sostiene que, si la investigación confirma que actuó una estructura armada de forma coordinada, el episodio constituiría un indicador de riesgo para la población y revelaría capacidades operativas que requieren atención. También reprocha que el procurador no condenara públicamente lo ocurrido.
Según la presentación, las autoridades cuestionadas no han mostrado eficacia para impedir que se repitan hechos de esa naturaleza. La acusación contra Córdova se basa en que no habría promovido procesos legales contra los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana.
Los argumentos constitucionales y la posible remoción
La acción invoca los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que obligan al Estado a garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de sus habitantes. Esas disposiciones también reconocen y protegen el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas.
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El documento cita además una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, correspondiente al expediente 5499-2017 y emitida el 3 de mayo de 2017. Ese fallo establece que el Estado debe crear las condiciones mínimas para que la población ejerza los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.
Para la UNE, el procurador no puede mantenerse al margen de los ataques que amenazan la vida y la convivencia social ni considerar inevitables los hechos violentos. La bancada afirma que la falta de acciones contra los encargados de seguridad impide que el Estado alcance el bien común, presentado como el fin de su organización.
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Castillo descartó, por ahora, que la bancada impulse la remoción de Córdova del cargo. Señaló que esa posibilidad sigue bajo análisis y consideró prematuro anticipar una destitución, aunque recordó que el Congreso de la República tiene facultades para retirarlo de sus funciones.
El legislador indicó que, si la Comisión de Derechos Humanos no promueve una iniciativa, cualquier diputado puede presentar la solicitud ante el pleno. El Procurador es comisionado del Congreso, y esa comisión ya había evaluado en ocasiones anteriores la posibilidad de separar a Córdova Herrera del puesto, cuyo período se extiende hasta la renovación prevista para 2027.
La oficina del procurador aseguró a medios locales que Córdova ha cumplido las obligaciones fijadas por la Constitución y la Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También señaló que, si recibe una notificación formal sobre el antejuicio, adoptará las medidas correspondientes; el funcionario no respondió a los señalamientos específicos de la UNE ni explicó su ausencia de la citación sobre seguridad.
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