El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció un proceso de revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
La cartera del Interior justificó la medida bajo el mandato de asegurar la integridad ciudadana frente a los sucesos acontecidos en las últimas jornadas.
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La auditoría abarcará los distintos escalafones de mando, los procedimientos de actuación operativa y los mecanismos de supervisión y control de la fuerza pública.
De acuerdo con el comunicado oficial, publicado este martes 30 de octubre en sus redes sociales, el Mingob aseguró que la evaluación sustentará la adopción de medidas administrativas y organizativas con apego a la ley, cuyos resultados se darán a conocer a la población en los próximos días.
Los cuestionamientos a los agentes crecieron tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa
La determinación gubernamental se conoció tres días después del asesinato a tiros del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte de la Ciudad de Guatemala.
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El atentado, en el cual también murió el ciudadano Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, desencadenó severos señalamientos contra la Policía Nacional Civil (PNC).
Solórzano Foppa contaba con custodia asignada de la División de Protección de Personalidades desde 2010 a raíz de sus pesquisas contra estructuras como el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y el cartel de narcomenudeo Los Caradura, esquema que la cartera había ampliado a finales de 2025.
Sin embargo, los agentes designados permanecieron a una distancia de entre 30 y 40 metros del exfuncionario en el momento de la agresión.
La controversia se profundizó tras el arresto de dos repartidores en motocicleta, los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, a quienes los uniformados acusaron de portar un arma de fuego minutos después del ataque.
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La justicia resolvió la falta de mérito a favor de los dos detenidos y ordenó su inmediata libertad ante la carencia de indicios balísticos que los vincularan con el doble crimen.
Los jóvenes denunciaron que los agentes les colocaron el fusil para incriminarlos falsamente. Frente a estas denuncias de montaje, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ordenó una investigación a la Inspectoría General y advirtió que habrá destituciones si se comprueban ilegalidades, mientras que agentes policiales quedaron bajo investigación administrativa.
David Custodio Boteo lidera la institución desde el inicio del mandato de Bernardo Arévalo
Al frente de la fuerza policial permanece el comisario general David Custodio Boteo, a quien nombró el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo el 15 de enero de 2024.
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El jefe policial suma más de dos décadas de trayectoria en la carrera de seguridad, periodo en el que encabezó la Subdirección General de Operaciones y la División Especializada en Investigación Criminal.
Durante sus dos años y nueve meses al mando de la PNC, su gestión ha recibido embates de sectores políticos y judiciales, entre ellos acciones legales, además de señalamientos sobre su supuesta participación en la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.
La conducción de Custodio Boteo afronta el mayor cuestionamiento institucional de su periodo debido a las fallas en el esquema de protección del exfiscal y la presunta implantación de pruebas en las capturas posteriores.
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En respuesta al descontento público, la jefatura policial solicitó la asignación urgente de fondos para adquirir cámaras corporales destinadas a los agentes uniformados, con la intención de registrar los procedimientos de detención.
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