
El Gobierno de la República Dominicana contrató asesoría jurídica en Rusia para evaluar la situación de ciudadanos dominicanos que, según denuncias recibidas, habrían sido incorporados a actividades vinculadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. Una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores viajará a Moscú el miércoles 21 de octubre para reforzar las gestiones de asistencia, protección y seguimiento de los casos identificados.
La contratación permitirá analizar, con especialistas en legislación rusa, las características de los contratos que vincularían a los dominicanos con esas actividades. El objetivo es determinar qué alternativas legales existen para prestarles asistencia.
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Los connacionales denunciaron condiciones de precariedad, falta de alimentos y la destrucción de sus pertenencias. También informaron caminatas de más de 12 kilómetros con raciones limitadas a un pan y té por día.
La misión diplomática y los contactos con autoridades rusas
La delegación estará encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, e incluirá al director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras. Ambos mantendrán acercamientos con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.

La comisión buscará obtener información actualizada sobre los ciudadanos involucrados, dar seguimiento a los expedientes y explorar mecanismos de colaboración con las autoridades rusas. También coordinará su trabajo con la Embajada de la República Dominicana en Moscú, dirigida por el embajador Alejandro Arias Zarzuela.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la protección de los dominicanos en el exterior es una prioridad de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader. La institución anticipó que mantendrá las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas necesarias, de acuerdo con las posibilidades de cada caso.
Denuncias de engaño, equipos militares y pedidos de repatriación
Michael Enrique Campuzano, oriundo de Piedra Blanca, Haina, habría viajado con la promesa de trabajar como chofer. En audios aparece equipado con casco, chaleco y fusil de asalto, mientras denuncia junto con otros compañeros que las fuerzas de control quemaron sus maletas, ropa civil y equipaje para “no dejar huellas”.
Francis Campusano, identificado como soldador y residente en Bajos de Haina, pidió ayuda a las autoridades dominicanas y a organizaciones de derechos humanos luego de recibir una insignia militar de despliegue. En otro audio, un ciudadano haitiano identificado como Francis Campusano afirmó que firmó un contrato sin conocer su contenido y que recibió una placa para ser enviado al frente.
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Juan Carlos de la Cruz y otros afectados manifestaron que aceptarían responsabilidades económicas o legales si eso les permitiera regresar con vida a República Dominicana. “Yo me comprometo con el canciller y el presidente. Si quieren que me prendan en el aeropuerto, que me lleven preso el tiempo que piensen necesario o me pongan a trabajar allá para pagar el dinero del pasaje y el entrenamiento. Nosotros no queremos robarle dinero a nadie, lo que queremos es salir de este engaño”.
En septiembre en una entrevista exclusiva con Infobae, Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, reveló hallazgos de la investigación que lidera en la provincia de San Cristóbal y zonas vulnerables del país.
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Además de los 150 ciudadanos que partieron engañados, la organización confirmó la salida de un contingente que conocía perfectamente el destino militar de su viaje.
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