El Ministerio de Salud, la Sesan y la SCEP solicitaron al Congreso de Guatemala Q18,911,5 millones para el ejercicio fiscal 2027, el último del gobierno de Bernardo Arévalo, con partidas dirigidas a infraestructura sanitaria, cobertura alimentaria y consejos de desarrollo. El monto equivale a unos USD 2,474.8 millones.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda recibió las exposiciones de las tres instituciones. La audiencia de Salud fue la más extensa y estuvo marcada por cuestionamientos de los diputados sobre atrasos en hospitales y compras pendientes.
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Salud concentra la mayor solicitud para hospitales y medicamentos
El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, pidió Q18.615,5 millones, equivalentes a USD 2,436.1 millones, para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo acompañaron los viceministros Financiero, de Regulación y de Hospitales.
Barnoya sostuvo que el pedido se distribuye en seis prioridades: infraestructura y equipamiento, recursos humanos, abastecimiento de medicamentos e insumos, apertura de hospitales, fortalecimiento de la Red del Programa de Accesibilidad de Medicamentos y regulación sanitaria.
El presupuesto de la cartera implicaría un aumento del 12% frente al ejercicio vigente, mientras la ejecución actual alcanza el 62%.
La viceministra administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Susana Cojón, indicó que Q5.841 millones, se asignarían a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud. La atención hospitalaria recibiría Q8.141 millones, y el resto se repartiría entre las demás unidades ejecutoras.
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El diputado del bloque Vamos Maynor Mejía Popol cuestionó que los incrementos presupuestarios no se traduzcan en mejoras visibles en los centros asistenciales. También pidió explicaciones sobre el Hospital Regional de Chimaltenango, que este año cuenta con Q146,2 millones.
Si se aprueba el aumento de Q31 millones, el hospital alcanzaría Q177,3 millones. La diputada Lourdes De León expresó dudas sobre la capacidad del ministerio para ejecutar con eficiencia los fondos requeridos.
La construcción del hospital de Cobán, en Alta Verapaz, concentró otra parte de las consultas. La viceministra de Hospitales, Rosario Orozco, explicó que la cartera negocia con el Banco Centroamericano de Integración Económica para obtener este mes el aval que permita licitar la obra, cuya finalización está prevista en tres años.
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El viceministro de Regulaciones, Edgar González, respondió además consultas del diputado Orlando Blanco sobre los trámites para licencias de medicamentos.
Sesan prevé llegar a 114 municipios y Codedes refuerza controles
La secretaria ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri, solicitó Q180 millones, unos USD 23.6 millones, para ampliar la atención alimentaria en zonas afectadas por la variabilidad climática. El pedido representa Q10 millones más, equivalentes a USD 1.3 millones, que el presupuesto vigente.
Los recursos permitirían extender la cobertura institucional a 114 municipios, 40 más que los incluidos en el Plan de Emergencia por Variabilidad Climática. La ampliación contempla reforzar el trabajo comunitario contra la malnutrición en áreas del Corredor Seco.
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Palmieri informó que la Sesan cuenta con 892 personas contratadas para tareas de campo y 194 para funciones de oficina. La entidad reportó una ejecución de Q135 millones.
El titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Godoy, pidió Q116 millones, unos USD 15.2 millones, para fortalecer los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo. La institución administra Q115 millones.
El incremento de Q1 millón, se destinaría a contratar personal técnico para supervisar proyectos, adquirir equipos y mejorar el seguimiento de obras de infraestructura. Godoy reconoció atrasos en algunos proyectos, que atribuyó a la concentración de licitaciones durante el segundo semestre.
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La Secretaría proyecta cerrar 2026 con una ejecución del 55%. Godoy explicó que la institución impulsa cinco acciones estratégicas para ordenar la inversión pública ante la fragmentación del sistema.
“Tenemos cinco acciones estratégicas que impulsamos en la Secretaría, que se enfocan en ordenar la inversión pública, ya que parte del problema que tiene el sistema es la fragmentación”, señaló Godoy ante la comisión.
Añadió que las comunidades suelen priorizar necesidades inmediatas que no siempre coinciden con los planes departamentales, regionales y nacionales.
La Secretaría implementó herramientas informáticas para que la población pueda auditar y fiscalizar las obras. Las audiencias, presididas por el diputado Willy Ralda, continuarán con representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, el Instituto Nacional de Electrificación y el Instituto Nacional de Bosques.
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