
El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre provocó un derrame en la antigua mina de oro Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, confirmó que varias comunidades no pueden consumir el agua de sus fuentes habituales, mientras se investiga el alcance de la contaminación.
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Navarro explicó que equipos del Ministerio de Ambiente acudieron al área el domingo y el lunes para recoger muestras de agua, que están siendo analizadas en el laboratorio de Los Canelos, en Divisa. Los resultados permitirán determinar qué sustancias fueron liberadas y establecer las medidas de remediación necesarias.
“Tan pronto estemos claros con información científica verificable, cuál fue la contaminación, la haremos pública”, manifestó el ministro, quien anunció el envío de un camión con agua embotellada a la comunidad de La Gorda y otros poblados afectados. La asistencia fue coordinada con el alcalde del distrito de San Francisco.

La mina Remance se encuentra en una zona montañosa del corregimiento del mismo nombre, al norte de San Francisco de la Montaña, en Veraguas. Se trata de un antiguo yacimiento aurífero que registra actividades extractivas desde el siglo XIX y cuya última etapa de explotación industrial concluyó a finales de la década de 1990.
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Entre 1990 y 1998, la explotación estuvo a cargo de Minera Remance, S.A., vinculada a la familia minera Ganoza, de Perú, mediante un acuerdo con la empresa panameña Transworld Explorations.
Durante ese período se extrajeron aproximadamente 88.000 onzas de oro, según una investigación histórica sobre la minería panameña.
La actividad utilizaba procesos de cianuración para recuperar el oro contenido en el mineral, una técnica que requiere controles ambientales sobre los residuos generados.
Después del cierre quedaron instalaciones y depósitos de relaves expuestos a las condiciones climáticas, una situación documentada por investigaciones científicas realizadas años después.
En 2012, Greenfield Resources Inc. obtuvo una concesión de exploración de oro y otros minerales sobre 2.400 hectáreas en los corregimientos de Remance, San Juan y San José. Posteriormente, la empresa promovió un nuevo proyecto de explotación subterránea en las antiguas instalaciones mineras.
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La propuesta contemplaba una inversión aproximada de 110 millones de dólares y un área de intervención de 175 hectáreas, con una capacidad proyectada de procesamiento de 200 toneladas de mineral por día. Sin embargo, el proyecto no llegó a convertirse en una nueva explotación autorizada antes de la moratoria minera de 2023.
En noviembre de ese año, el Ministerio de Comercio e Industrias rechazó la solicitud de extracción presentada por Greenfield Resources, en el contexto de las restricciones aprobadas para la minería metálica. La decisión se produjo durante la crisis minera nacional, que también desembocó en el cierre de la operación de Cobre Panamá, en Donoso.
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Los riesgos ambientales de Remance habían sido advertidos mucho antes del terremoto. Un estudio científico publicado en 2021 identificó tres depósitos de relaves abandonados y concentraciones de cianuro y elementos potencialmente tóxicos, entre ellos arsénico, cobre, antimonio y mercurio, en residuos y sedimentos del área.
La investigación determinó que algunos depósitos conservaban concentraciones de cianuro superiores a las registradas habitualmente en otros residuos mineros estudiados. También advirtió que los materiales expuestos podían representar riesgos ecológicos para los suelos, los organismos y las fuentes hídricas cercanas, especialmente durante procesos de movilización de sedimentos.

Otro estudio sobre la zona identificó la presencia de oro y plata asociados con minerales que contienen arsénico, además de otros elementos metálicos. La posible contaminación puede producirse cuando los residuos mineros entran en contacto con el agua y sus componentes son arrastrados hacia quebradas, ríos o terrenos agrícolas.
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Entre los cuerpos de agua estudiados figura la quebrada Veneno, vinculada al drenaje de las antiguas instalaciones mineras, además de otros cauces próximos. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente qué sustancias contiene el derrame ocurrido después del terremoto ni sus concentraciones, por lo que los antecedentes científicos no sustituyen los nuevos análisis.
Navarro reconoció que el Estado deberá desarrollar un plan de acción e invertir recursos para contener la contaminación. También cuestionó las condiciones en que permanecen algunas explotaciones abandonadas y sostuvo que los cierres mineros deben realizarse mediante procedimientos técnicos y ordenados para evitar riesgos posteriores.
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“Las minas se tienen que cerrar de manera ordenada, no se pueden dejar tiradas porque pasan estas cosas”, afirmó el titular de Ambiente, quien aseguró que la emergencia de Remance será atendida por las autoridades.
Mientras se conocen los resultados de laboratorio, las comunidades afectadas dependen del suministro alternativo de agua potable.
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