
Guatemala presentó este miércoles su proyecto de presupuesto para 2027, con un techo de 192 mil 45 millones de quetzales, lo que equivale a unos 25,170 millones de dólares, un plan que destina más del 46% del gasto total a inversión social y que el Gobierno busca convertir en una señal de estabilidad fiscal ante las calificadoras internacionales, en el último presupuesto completo de la gestión del presidente Bernardo Arévalo, que termina en enero de 2028.
El documento entregado al Congreso de la República y equivale al 17.6% del Producto Interno Bruto. El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos sostuvo que el gasto se ubicará en torno al 17.1% del PIB, mientras la carga tributaria subiría del 11.8% al 12.1% del PIB proyectado para 2027.
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El resultado presupuestario prevé un aumento del déficit fiscal por 24,000 millones de quetzales en asignaciones extraordinarias. Entre esos montos figuran 2,000 millones de quetzales pedidos por el Tribunal Supremo Electoral para el proceso electoral, 2,600 millones para cumplir con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, 2,550 millones vinculados a la reforma de la Agencia Nacional de Infraestructura y 3,517.6 millones para la Dirección de Proyectos Viales Priorizados.
Menkos afirmó que la política fiscal del Ejecutivo se apoya en cuatro ejes: fortalecer la administración tributaria sin crear nuevos impuestos ni subir las tasas vigentes, mejorar la eficiencia del gasto y la inversión, manejar con cautela la deuda pública y ampliar la transparencia en la gestión financiera.
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Educación y salud concentran las mayores asignaciones del proyecto
La principal definición del presupuesto es su foco social. Educación recibirá 27,898 millones de quetzales, la mayor asignación entre todas las carteras, y salud pública contará con 18,615.5 millones de quetzales.
En el área sanitaria, esos recursos incluyen atención integral del cáncer, ampliación de las farmacias PROAM y construcción de hospitales y centros de salud.
En seguridad social, el proyecto incorpora 2,800 millones de quetzales para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que Menkos describió como el aporte más alto otorgado por un gobierno a esa entidad.
La inversión pública también incorpora 4,800 millones de quetzales para la construcción del muelle oeste de Puerto Quetzal y 14,966.7 millones destinados al aporte constitucional para las municipalidades. A eso se suma un fondo de 1,200 millones de quetzales para proyectos de agua, saneamiento y manejo de desechos sólidos, junto con un refuerzo de 200 millones para el Instituto de Fomento Municipal.
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El proyecto reserva además 800 millones de quetzales para la modernización del sistema metropolitano de transporte y la creación del Fondo de Garantía para la Movilidad Eléctrica. En desarrollo territorial, prevé un nuevo fondo de garantía para proyectos productivos de los pueblos maya, garífuna y xinca, además de recursos para operar sistemas de dragado en seis departamentos.
En seguridad y defensa, el presupuesto contempla fondos para concluir la cárcel de máxima seguridad en Izabal y para incorporar 3.500 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil. También amplía recursos para servicios consulares dirigidos a migrantes guatemaltecos en el exterior y para el sector justicia, que deberá adaptarse a la nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con un incremento adicional para el Ministerio Público.
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El Gobierno vincula el presupuesto con la meta de alcanzar grado de inversión
Menkos indicó que la economía guatemalteca creció 4,3% en 2025, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala, y que la proyección oficial para 2027 se mantiene en 4%. Atribuyó ese desempeño a las remesas familiares, la inversión privada nacional y extranjera, y la ejecución presupuestaria del propio Gobierno.
El ministro dijo que Guatemala está en el último escalón previo a obtener el grado de inversión ante las tres principales calificadoras de riesgo internacionales. Añadió que la aprobación del presupuesto por el Congreso enviaría una señal favorable a esos organismos.
Sobre la deuda, aseguró que el saldo de la deuda pública del país sigue entre los más bajos a escala internacional y que las condiciones macroeconómicas mantienen niveles de sostenibilidad reconocidos por el Fondo Monetario Internacional.
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Durante la presentación, Bernardo Arévalo vinculó el proyecto con programas sociales e infraestructura ejecutados por su administración. Mencionó la estrategia Mano a Mano y el caso de un agricultor de Jocotán, Chiquimula, que recibió piso de concreto, filtro de agua, estufa ahorradora y letrina.
El presidente informó que más de 100 mil hogares en 21 municipios ya cuentan con pisos saludables y fueron declarados oficialmente libres de piso de tierra. En educación, agregó que se remozaron 28.000 escuelas, equivalentes a tres de cada cuatro centros públicos, y que en el último año se abrieron 600 nuevos institutos de educación secundaria diversificada con el respaldo de 40,000 nuevos maestros.
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Arévalo también señaló que el programa Becas por Nuestro Futuro adjudicó más de mil becas técnicas y universitarias en todo el país. Sumó a esa lista el programa Ciudadanía Digital, que distribuye tabletas en institutos públicos desde agosto.
En salud, el mandatario citó la apertura de 74 nuevos puestos y centros de salud y la expansión de las farmacias PROAM, que pasaron a ser la segunda cadena más grande del país en ese rubro. Al cerrar su intervención, sostuvo que el país está “a un solo paso” de alcanzar el grado de inversión ante las calificadoras internacionales.
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