El PNUD aprueba su hoja de ruta con Guatemala para 2027-2030 y apuesta por digitalización, reducción de pobreza y enfoque territorial

La Junta Ejecutiva del PNUD aprobó por unanimidad el programa de país de Guatemala para 2027-2030, una hoja de ruta de cuatro años que concentrará la cooperación con el Estado en digitalización, reducción de la pobreza, gobernabilidad y resiliencia, con la mira puesta en la continuidad de políticas públicas antes del próximo ciclo electoral.

El documento fue construido con aportes de más de 500 actores del desarrollo y será ejecutado por una oficina en la que trabajan unas 140 personas, de las cuales 135 son guatemaltecas.

Esa estructura local, según explicó Carlos Benítez, representante residente del organismo en el país, forma parte del diseño operativo del programa.

Benítez dijo a Infobae que el plan aprobado define las prioridades de cooperación entre el organismo multilateral y el Estado guatemalteco durante los próximos cuatro años.

También precisó que la Junta Ejecutiva, integrada por los Estados miembros con sede en Nueva York, es el órgano que aprueba los planes por país, fija orientaciones programáticas y supervisa el financiamiento de las agencias.

“Esta noticia es muy importante para el PNUD y para Guatemala. El CPD es nuestra hoja de ruta para seguir acompañando al país en sus prioridades de desarrollo”, afirmó.

El nuevo programa unifica gobernabilidad, pobreza y resiliencia

El Documento de Programa de País fue aprobado durante la segunda reunión ordinaria de 2026 del órgano rector, que también supervisa al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

El texto se alinea con la Política General de Gobierno 2024-2028, con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 2026-2030 acordado con el Gobierno de Guatemala y con las metas del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

El nuevo esquema deja atrás una lógica en la que cada área programática operaba por separado. En su lugar, organiza la cooperación alrededor de tres ejes conectados entre sí: Estado de derecho y gobernabilidad, reducción de la pobreza con foco territorial y fortalecimiento de la resiliencia del país.

Benítez sostuvo que esa integración responde al carácter múltiple de los problemas de desarrollo. “Los problemas de desarrollo son problemas multidimensionales. La pobreza es multidimensional. Cualquier propuesta de mejoramiento tiene que tener componentes de gobernabilidad, de reducción de pobreza y de resiliencia”, señaló.

La dimensión territorial ocupa un lugar central en el programa. Los 340 municipios y los 22 departamentos de Guatemala presentan realidades distintas, desde el corredor seco hasta el occidente del país, y esa heterogeneidad exige políticas diferenciadas en protección social y desarrollo económico local.

La digitalización y la igualdad de género fueron definidas como aceleradores

El programa identifica dos aceleradores transversales para aplicar sus tres ejes. El primero es la digitalización, planteada como una herramienta para reducir tiempos en la formulación de políticas públicas y modernizar la gestión estatal en trámites como permisos, registro de empresas y emisión de partidas de nacimiento.

Según el representante del organismo, ese componente también puede mejorar la productividad y crear condiciones más favorables para la inversión privada. En ese punto, el sector privado aparece como un aliado del desarrollo y no solo como destinatario de mejores condiciones de inversión.

El segundo acelerador es la igualdad de género. Benítez describió la situación de las mujeres en los territorios como un problema estructural marcado por baja participación política y económica, concentración de tareas de cuidado y altos índices de violencia de género.

“Las mujeres en el territorio no son todas iguales. Son mujeres indígenas, son mujeres indígenas jóvenes”, dijo. Con esa definición, explicó por qué el programa incorpora una lectura específica de las desigualdades según territorio e identidad.

Se consultó también sobre la continuidad del plan ante un eventual cambio de gobierno. Benítez respondió que el PNUD ya trabaja en la armonización del portafolio de proyectos con los lineamientos del nuevo programa y que la administración actual busca institucionalizar las iniciativas más exitosas antes de la transición.

“La mejor manera de pasarle el bastón a otro es cuando hay programas que están institucionalizados”, afirmó. Como ejemplo mencionó Mano a Mano, un programa que, según indicó, cuenta con base técnica, capacidad de escalamiento y respaldo presupuestario.

Para el funcionario, la institucionalización consiste en incorporar un programa al plan de un ministerio o una secretaría con recursos asignados. Esa condición, señaló, es la garantía más sólida de sostenibilidad frente a los cambios de administración.

La embajadora de Guatemala ante las Naciones Unidas felicitó a la oficina por la calidad del trabajo presentado ante la Junta Ejecutiva. Michelle Muschett, subsecretaria general de la ONU, administradora auxiliar y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, afirmó que el programa “refleja el compromiso con el apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo, impulsando soluciones basadas en evidencia y alianzas de confianza para lograr resultados prácticos, inclusivos y sostenibles”.