La izquierda y organizaciones sociales de Guatemala firman pacto en busca de construir un frente para llegar unidas a las elecciones de 2027

La izquierda y organizaciones sociales de Guatemala firmaron el Pacto Democrático por Guatemala para llegar unidas a las elecciones de 2027 y disputar sobre todo el Congreso, en un intento por construir una alternativa común antes de que el Tribunal Supremo Electoral convoque formalmente a los comicios el 22 de enero del próximo año.

El acuerdo reunió en un mismo acto a representantes de al menos seis fuerzas políticas y más de una decena de organizaciones civiles, indígenas, campesinas, de mujeres y universitarias.

Entre los participantes estuvieron URNG-MAÍZ, Winaq, el Frente Amplio por la Democracia, Somos Dignidad, el Comité de Unidad Campesina, Iximulew, el Movimiento Indígena Guatemalteco, Mujeres Guerreras por la Democracia, Herederos de Manuel Colom Argueta y representantes de la Universidad de San Carlos.

El pacto se apoya en los acuerdos de paz y en diez principios comunes

El documento lleva por nombre completo Unidad Nacional para la Democracia y la Transformación del País. Fue leído de manera colectiva antes de que los asistentes lo firmaran.

Sus impulsores lo presentaron como un primer paso para llenar lo que consideran un vacío programático en el sistema de partidos. Uno de los convocantes sostuvo: “Hoy tenemos la única propuesta política que existe en el país ante la aridez del resto de partidos que están discutiendo quién es más corrupto que el otro”.

El texto del documento declara dos bases políticas: el bien común constitucional y los acuerdos de paz de 1996. Los firmantes sostienen que muchos de los compromisos asumidos entonces siguen pendientes y que su cumplimiento continúa siendo necesario para una democratización plena del Estado.

A partir de esos ejes, el pacto enumera diez principios: defensa de la democracia, combate a la corrupción, construcción de un Estado plurinacional y multicultural, justicia social y respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. La propuesta también se enlaza con una discusión de fondo sobre reforma constitucional.

Daniel Pascual, coordinador general del CUC, advirtió que el borrador inicial no incorporaba con suficiente fuerza referencias a los acuerdos de paz, a los problemas de las juventudes ni a la defensa de los bienes comunes de la vida, entre ellos bosques, agua, biodiversidad y semillas. También recordó que alianzas similares en elecciones anteriores se desarmaron al acercarse la votación.

Su advertencia quedó resumida en una frase dirigida a los partidos: “Cuando se acercan las elecciones, cada quien se va a su trinchera y nos dejan al movimiento social embaucados”. Pascual agregó que “hay que ir al Congreso a cambiar las reglas del juego”.

La alianza nace con presiones internas y un escenario electoral adverso

El secretario general de Winaq Amílcar Pop confirmó que su partido firmaría el acuerdo, aunque señaló obstáculos que exceden las diferencias entre aliados. Mencionó la desinformación en redes sociales, la represión contra jóvenes activistas y la falta de una ruta jurídica y política clara para consolidar un frente electoral.

Pop defendió además la capacidad de su organización con un dato de gestión parlamentaria. Dijo que Winaq, con 14 años de existencia partidaria, consiguió en la legislatura actual el primer aumento salarial para jubilados en cuatro décadas con una sola diputada, y remarcó: “No vengo como partido pequeño ni débil”.

El contexto numérico también presiona a parte de la coalición. Según datos del TSE, al 3 de agosto de 2026 URNG-MAÍZ tenía 26.179 afiliados y Winaq 26.735, ambos por debajo del mínimo de 28.083 exigido para evitar la cancelación.

En ese mapa, Somos Dignidad aparece en una situación distinta. Rafael Arriaga, encargado de su organización, informó que el comité proformación ya superó los 30 mil afiliados requeridos por la ley y prevé realizar su asamblea nacional el 18 o 19 de octubre, paso previo a la inscripción formal. Aunque el TSE en su actualización al 3 de agosto confirma que son 27 mil 778 afiliados.

Los pueblos indígenas y otros sectores reclamaron lugares reales en las listas

La representación indígena llevó al acto una exigencia concreta sobre el reparto de poder dentro de la futura alianza. Miguel Ángel Manuel Alvarado, alcalde indígena de Rabinal e integrante de Iximulew, pidió que cualquier acuerdo garantice casillas legislativas para los pueblos originarios y no solo tareas de apoyo durante las campañas.

Su reclamo apuntó a experiencias previas de exclusión. “Solo nos toman en cuenta para apoyo o para escalera”, dijo.

Karen Díaz, del Movimiento Indígena Guatemalteco, planteó una demanda similar para las mujeres indígenas. Reclamó una participación política real dentro del frente y no una presencia simbólica.

Lilly Caravantes, de Somos Dignidad, propuso como objetivo legislativo recuperar el espíritu de la Constitución de 1985, que a su juicio fue alterado por reformas de los años noventa. Un académico presente coincidió con ese diagnóstico y sostuvo que el frente debería plantearse una reforma constitucional más amplia que la promovida por el movimiento Poder Ciudadano, limitada al sector justicia.