Diecinueve años después de que la ley ordenara crearla, la carrera penitenciaria sigue sin existir en Guatemala, y esa ausencia mantiene a cerca de 4,000 agentes a cargo de más de 23,000 personas privadas de libertad sin ascensos, sin escalas salariales y con un promedio de un custodio por cada 15 reclusos, según expuso el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
La relación operativa se explica por el esquema de trabajo vigente: los agentes cumplen turnos de ocho días continuos por ocho de descanso, lo que deja en servicio activo a unos 2,000 efectivos en cada momento.
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Esa cifra baja aún más por vacaciones, licencias médicas y otros permisos, de acuerdo con la presentación de la investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN Corinne Dedik.
El diagnóstico fue presentado el martes 28 de julio durante la exposición del Índice de Denuncias de Delitos, organizada por el CIEN, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y Crime Stoppers en el marco de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
El análisis se concentró en el personal operativo, que representa más del 80% de la fuerza laboral de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Dedik sostuvo que la falta de la carrera penitenciaria ha impedido profesionalizar al personal de seguridad de las cárceles. También recordó que la Ley del Régimen Penitenciario fijó desde 2007 un plazo de cuatro años para implementarla, pero esa figura jurídica todavía no existe.
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Todos los agentes permanecen en el mismo nivel y con el mismo salario
La investigadora explicó que el artículo 40 de la ley dispone que el personal debe regirse por un manual de clasificación de puestos y salarios, aunque ese instrumento nunca fue elaborado.
La misma omisión alcanza al artículo 88 del mismo cuerpo normativo, que también ordena ese esquema.
“Todos los agentes tienen el mismo grado y la misma remuneración; ingresan en el nivel uno y permanecen allí durante toda su carrera profesional porque no existe un mecanismo de ascenso”, afirmó. Más adelante insistió: “Todos los agentes penitenciarios tienen el mismo grado y salario y tampoco pueden ascender”.
Esa situación se refleja en la remuneración: los agentes están contratados en el renglón 011 y reciben un salario líquido de Q6,090 mensuales, equivalente a un salario bruto de Q6,975, sin diferencias por antigüedad, especialización o responsabilidad.
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La falta de ascensos y mejoras salariales, citada por el centro de estudios, deja a todo el personal operativo en el mismo escalón durante toda su vida laboral.
La ausencia de ese marco regulatorio también afecta la asignación de funciones. Sin criterios objetivos, los agentes son rotados a discreción del jefe de seguridad, lo que, según Dedik, provoca pérdida del conocimiento acumulado en puestos que requieren especialización.
La capacitación dura tres meses y hubo años sin graduaciones
La formación inicial es otro de los puntos señalados. Guatemala aparece entre los países de la región con el período de capacitación más corto: tres meses, igual que El Salvador, frente a cerca de un año en Chile y Perú.
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En Colombia, República Dominicana, Chile y Argentina, donde la carrera penitenciaria está institucionalizada, los agentes que aspiran a puestos de mando deben completar entre dos y tres años de formación.
En Guatemala, la graduación de nuevos agentes ha sido irregular: en 2017 egresaron más de 500, en 2024 apenas 100, y entre 2018 y 2020 no se graduó ninguno.
La Escuela de Estudios Penitenciarios, encargada de formar al personal, cuenta con 27 funcionarios: 14 agentes operativos en funciones de instrucción y 13 profesionales en tareas docentes.
Su actividad se limita a evaluar aspirantes, impartir la capacitación inicial y ofrecer cursos de actualización puntuales, sin formación continua ni programas de especialización.
Las condiciones materiales de descanso dentro de las cárceles también forman parte del diagnóstico. Las cuadras destinadas a los agentes presentan falta de espacio, escasez de literas y colchones, humedad y carencias en las áreas para preparar e ingerir alimentos.
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Una mesa interinstitucional trabaja en el manual de puestos y salarios
Frente a ese panorama, el CIEN propuso mejorar las condiciones laborales del personal operativo, con énfasis en las cuadras y en las condiciones de contratación, en particular los descansos y la remuneración. También recomendó reforzar el reclutamiento y la formación para reducir el déficit de personal.
Entre las medidas planteadas figura entrenamiento especializado para los agentes que serán destinados al nuevo centro de máxima seguridad que se construye en Izabal.
El centro de estudios también pidió diseñar los currículos de los cursos de especialización y ascenso que requerirá la futura carrera penitenciaria, junto con una planificación presupuestaria para hacerla viable.
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