Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó dejar sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de exfiscales del Ministerio Público (MP) dirigido por Thelma Aldana, así como de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas durante la administración de Consuelo Porras, en el MP. En su momento el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, argumentó supuestos acuerdos fraudulentos, eliminación de archivos y supuestas negociaciones corruptas relacionados con el caso Odebrecht.

Las medidas de coerción ya habían sido revocadas desde abril por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, fue hasta este 1 de julio cuando la Sala Tercera Apelaciones ordenó el cumplimiento de la resolución.

“En virtud, de lo ordenado por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en resolución de fecha nueve de abril de dos mil veintiséis, esta Sala procede a resolver en el sentido que se deja sin efecto la resolución de fecha treinta de mayo de dos mil veinticinco dictada por esta Sala, en la que tal como se argumenta en los párrafos que anteceden se ordenó decretarse la rebeldía y en consecuencia se dictó órdenes de aprehensión”, detalla la resolución a la que Infobae tuvo acceso.

La revocatoria

Esta resolución deja sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra del excomisionado colombiano de la CICIG, Iván Velásquez, actual embajador de su país en el Vaticano; así como las impulsadas contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia.

En el caso de Velásquez, la Cámara recordó que “el Comisionado de la CICIG gozaba de inmunidad”, siempre que sus acciones estuvieran dentro de las funciones para las cuales fue designado, precepto que no se violó durante su ejercicio en Guatemala.

No obstante

También se cancelan las órdenes de captura de la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana; de la exsecretaria del MP, Mayra Veliz Pérez; del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; y de exmandatarios de la CICIG como Luis David Gaitán Arana, así como de otros fiscales que laboraban en la fiscalía contra la impunidad.

La resolución favorece a directivos de la empresa Odebrecht y a los empresarios guatemaltecos David Fernando Font Verdugo, Jorge Luis Font Verdugo, Álvaro Stein Barillas y Juan Pablo Carrasco de Groote, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmChamn), luego de que la Cámara afirmara que la Sala se “extralimitó en el uso de sus facultades legales al emitir órdenes de captura sin tener competencia legal”.

Luego de conocer la revocatoria, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio, dijo a Infobae: “Esta resolución confirma lo que hemos sostenido desde el inicio: las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un órgano que carecía de competencia para hacerlo. La propia Cámara de Amparo estableció que la Sala Tercera se extralimitó en sus funciones… ahora se dejan sin efecto esas órdenes y se restituyen nuestros derechos”.

Agregó: “Esperamos que este sea un paso hacia el restablecimiento del Estado de derecho y el respeto irrestricto al debido proceso, frente a la utilización arbitraria del sistema penal para perseguir a quienes combatimos la corrupción”.

Los señalamientos

Este caso surgió por los acuerdos de colaboración eficaz del caso Odebrecht que se gestionaron por Velásquez y Camargo en 2017. La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, sostiene que esos acuerdos permitieron impunidad a exdirectivos de Odebrecht.

En su momento, Curruchiche afirmó que sus investigaciones revelaron un supuesto patrón sistemático de actuación ilegal por parte de exfuncionarios de la CICIG, de la FECI y de exautoridades del MP, afirmando que se habían convertido en actores clave de un esquema perverso de extorsión, encubrimiento y manipulación judicial”.

“Estos exfuncionarios archivaron, eliminaron o incluso negociaron expedientes vinculados a figuras clave del caso Odebrecht. No lo hicieron por falta de pruebas, sino como parte de negociaciones ilícitas en las que exigían dinero o favores políticos a cambio de impunidad”, afirmó el exjefe de la FECI, quien recientemente dejó el MP, pero que aún se mantiene en listas de actores corruptos y antidemocráticos de países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

Mientras que especialistas en derecho penal han criticado las resoluciones de la Sala Tercera de Apelaciones, por considerar que existen irregularidades en sus resoluciones y que muchas de estas estaban alineadas a los intereses del gobiernos vinculados con la corrupción y la impunidad.

La CICIG

La CICIG marcó un antes y un después en la historia judicial de América Latina. Concebida originalmente en 2006 para desmantelar los Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), la Comisión mutó bajo el liderazgo de sus distintos comisionados hacia un combate frontal contra la gran corrupción, la captura del Estado guatemalteco y el financiamiento electoral ilícito.

Durante sus 12 años de mandato (2007–2019), el experimento respaldado por Naciones Unidas demostró que era posible procesar judicialmente a las élites tradicionalmente intocables. Sin embargo, su agresividad procesal provocó una feroz contraofensiva política que terminó por asfixiarla.

Uno de los comisionados emblemáticos fue Iván Velásquez, quien lideró investigaciones que llevaron a la condena de 16 años de prisión contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la estructura criminal conocida como La Línea.