La comisión de Economía del Congreso de Guatemala concluyó el análisis de 33 enmiendas a la ley portuaria

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala terminó este miércoles el análisis de 33 enmiendas a la iniciativa de ley del sistema portuario nacional, un paso previo a su discusión por artículos y redacción final en el pleno a finales de julio, donde la propuesta necesitará 107 votos por tratarse de una norma de orden constitucional.

El avance incluye una reunión prevista con los jefes de bloque para presentar los cambios y socializar el alcance del proyecto, a solicitud del presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, de acuerdo con información publicada en la web del organismo legislativo.

La comisión también fijó una nueva reunión para el 15 de julio, antes de emitir recomendaciones y resoluciones para su eventual conocimiento por el pleno.

La iniciativa unifica los expedientes 6527 y 6541 y busca aprobar la ley general del sistema portuario nacional. Su objetivo es garantizar puertos seguros y el cumplimiento de normas internacionales en una red considerada estratégica para el comercio exterior y la competitividad del país.

La mayoría de los cambios fueron de redacción y no alteraron el contenido central

La mesa técnica presidida por el diputado Jorge Ayala revisó aportes y observaciones de los distintos sectores involucrados para fortalecer el marco legal que regirá el funcionamiento, la administración y el desarrollo de los puertos.

Durante la discusión, los integrantes de la comisión conocieron cambios incorporados al dictamen que, en su mayoría, fueron ajustes de forma y redacción.

Ayala informó que las enmiendas ya fueron consensuadas y que serán presentadas a los diputados en las sesiones previstas para finales de julio. Según explicó, la propuesta fue trabajada con diputados y asesores para afinar el contenido antes de su debate en el hemiciclo.

El legislador describió el criterio aplicado para ese proceso con estas palabras: “Nosotros como Comisión de Economía tenemos una instrucción por parte de la presidencia, que siguiendo el mismo procedimiento que se dio para la Ley de Lavado, las enmiendas que conoce el pleno son aquellas que previamente hayan sido discutidas y validadas por la Comisión de Economía”.

Uno de los principales bloques de cambios se concentra en el funcionamiento de los puertos públicos, entre ellos Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. La propuesta busca mantener la continuidad de sus operaciones mientras incorpora nuevas modalidades de contratación, como las alianzas público-privadas y los contratos de administración portuaria.

Las enmiendas también plantean que los ingresos generados por esos nuevos contratos permanezcan como patrimonio de los puertos públicos. Ese punto forma parte de los ajustes discutidos por la comisión antes del paso al pleno.

El proyecto ya superó tres debates y espera la fase final en el hemiciclo

El recorrido legislativo de la iniciativa ya incluye varias etapas. El 26 de enero de este año, la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas emitió dictamen favorable con modificaciones a las iniciativas unificadas, y el 9 de febrero la Comisión de Economía y Comercio Exterior hizo lo mismo.

El pleno conoció el proyecto en primer debate el 17 de febrero y en segundo debate el 24 del mismo mes. El 7 de abril lo aprobó en tercer debate, tras lo cual se abrió un período para que la sala conociera y discutiera las distintas enmiendas presentadas, un proceso que, según la información del organismo legislativo, concluyó este miércoles 24 de junio.

Ayala sostuvo que el acercamiento con las bancadas permitirá resolver dudas y construir consensos antes de que la iniciativa sea sometida a consideración del pleno. La ley, según el planteamiento discutido en comisión, apunta a fortalecer el sistema portuario nacional y a contribuir al desarrollo económico del país.

En la misma jornada, la sala legislativa emitió dictamen favorable a la iniciativa 6745, que propone exonerar del Impuesto al Valor Agregado la porción de las primas correspondiente al componente de ahorro incluido en pólizas de seguros de vida. La propuesta busca incentivar el ahorro y ampliar el acceso a productos de protección financiera para las familias guatemaltecas.