El Congreso revisa alza de fraudes bancarios electrónicos con el Banco de Guatemala y el MP, se reportan más de 56 mil denuncias

El diputado Héctor Aldana reunió este 17 de junio en el Congreso a autoridades del Banco de Guatemala, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Bancos para revisar el aumento de los fraudes bancarios electrónicos, un fenómeno que ya dejó más de 56 mil denuncias en tres años y que, según las instituciones, exige una ley específica de ciberseguridad para mejorar la prevención y la investigación.

La magnitud del problema quedó expuesta durante la citación: el Ministerio Público acumuló más de 56 mil denuncias vinculadas con estafas cometidas por medios electrónicos en los últimos tres años, y las autoridades consideran que la cifra real podría ser mayor porque muchas víctimas no denuncian.

Según Gustavo Barrios, jefe del departamento de Políticas de Persecución Penal de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público, la investigación de estos hechos se complica porque muchas conductas denunciadas no encajan en una sola figura penal y suelen combinar varios delitos al mismo tiempo.

Barrios explicó que Guatemala todavía no cuenta con una normativa específica para perseguir los ciberdelitos. De acuerdo con el funcionario, la ausencia de algunos mecanismos internacionales de cooperación también dificulta seguir investigaciones que cruzan fronteras nacionales.

El Ministerio Público atribuye las dificultades de investigación a la falta de una ley específica

Durante la reunión, Aldana dijo que recibió diversas denuncias de ciudadanos sobre estafas y fraudes financieros. Entre los casos expuestos, mencionó maniobras en las que los estafadores envían enlaces a números de WhatsApp para engañar a las víctimas.

Según Barrios, las modalidades más frecuentes incluyen la suplantación de identidad, el uso indebido de servicios bancarios, los perfiles falsos en plataformas digitales y los fraudes relacionados con criptomonedas.

El funcionario del MP añadió que la institución mantiene coordinación con la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras para obtener información útil para las pesquisas. También precisó que parte de esos datos está protegida por el secreto bancario y que en algunos casos se requiere autorización judicial para acceder a ellos.

Aldana sostuvo que el Congreso avanza en el análisis de la iniciativa 6347, ley de ciberseguridad. El congresista remarcó la importancia de que el MP participe en las mesas de trabajo para fortalecer y enriquecer la propuesta.

El Banco de Guatemala puso el foco en la prevención y en los cambios regulatorios

El presidente del Banco de Guatemala Álvaro González Ricci señaló durante la citación que las modalidades de fraude digital cambian de forma constante y que los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los usuarios.

Según González Ricci, la Junta Monetaria y la SIB impulsaron modificaciones regulatorias orientadas a fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos, la ciberseguridad y la protección de los canales electrónicos usados por las entidades financieras.

El presidente del banco central afirmó que uno de los principales retos sigue siendo la prevención. Explicó que muchos casos ocurren cuando los usuarios comparten información confidencial de manera voluntaria, descargan aplicaciones fraudulentas o caen en engaños diseñados para obtener acceso a sus cuentas.

La respuesta central que expusieron las autoridades fue doble: investigar mejor y prevenir más. Durante la citación se planteó que fortalecer la educación digital de la población es tan importante como mejorar los mecanismos de investigación y persecución penal.

Barrios resumió el alcance del problema con una advertencia: “Es importante decirles que el tema de estafas, en general, es uno de los delitos que actualmente tiene una gran incidencia en todo el país”.

Las declaraciones se produjeron en una citación en el Congreso presidida por Aldana, con participación de representantes del MP, el Banco de Guatemala, la SIB y la Policía Nacional Civil, donde se expusieron los principales obstáculos para investigar las estafas cibernéticas y se acordó dar seguimiento al tema.

Guatemala acumula ocho iniciativas sobre ciberseguridad y ciberdelitos desde 2009, pero sigue sin una ley integral

Guatemala acumula ocho iniciativas sobre ciberseguridad y ciberdelitos desde 2009, pero sigue sin una ley integral, un vacío que volvió a quedar expuesto después de que el Congreso devolviera en abril de 2026 a comisiones la iniciativa 6347, la más avanzada, pese a que su eventual aprobación condiciona la adhesión del país al Convenio de Budapest y la creación de un marco con capacidad real para responder a ataques informáticos. El tema continúa siendo parte de la discusión legislativa, después que instituciones del Estado guatemalteco fueran hackeados.

El registro legislativo entre 2009 y 2026 muestra que, de las ocho propuestas identificadas, cuatro quedaron fuera de juego y otras cuatro siguen en trámite. Dos fueron archivadas por la Comisión Permanente en mayo de 2024: las iniciativas 5254 y 4054; una fue suspendida y enviada al Archivo Legislativo en 2022: la 5601; y otra recibió dictamen desfavorable en 2018: la 5364.