
La Contraloría General de Cuentas de Guatemala entregó al Congreso el informe de auditoría sobre la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2025. El reporte consigna Q9.006.096.098,94 en hallazgos (USD 1,181 millones ), además de 114 denuncias penales y 3.080 sanciones económicas, según los resultados consolidados.
Los hallazgos se concentraron en los exámenes especiales realizados en 2025: 752 revisiones generaron 1.014 hallazgos por Q.8.752.803.050,22, según la Contraloría. En ese rubro, la institución registró 87 denuncias penales por Q.8.585.471.813,99, 887 sanciones económicas por Q.114.264.255,26 y 40 formulaciones de cargos por Q.53.066.980,97.
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Al sumar esos resultados con auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, el consolidado del ejercicio 2025 llegó a 3.251 hallazgos por Q.9.006.096.098,94, 114 denuncias penales por Q.8.771.788.089,10, 57 formulaciones de cargos por Q.71.904.386,50 y 3.080 sanciones económicas por Q.162.403.623,34, de acuerdo con la Contraloría General de Cuentas.

La institución indicó que presentó esta fiscalización en cumplimiento de los artículos 232 y 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regulan su función de control, la probidad en la administración pública y la rendición de cuentas.
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Auditorías del Plan Anual 2025 y sanciones económicas
En el Plan Anual de Auditoría 2025, la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público ejecutó 583 auditorías: 576 financieras y de cumplimiento, y siete de desempeño, según esa dependencia.
De acuerdo con el informe, esas auditorías dejaron 2.237 hallazgos por Q.253.293.048,72, 2.193 sanciones económicas por Q.48.139.368,08, 27 denuncias penales por Q.186.316.275,11 y 17 formulaciones de cargos por Q.18.837.405,53.
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La Contraloría General de Cuentas también contabilizó 2.524 acciones preventivas. Del total, 2.226 quedaron atendidas y 298 no atendidas, según el documento.

Por recomendaciones en auditoría concurrente sobre contrataciones y adquisiciones públicas, autoridades de distintas entidades desistieron de procesos de contratación por Q.1.151.510.476,00, de acuerdo con el reporte.
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En probidad, la Subcontraloría de Probidad realizó 128 auditorías durante 2025. Esas revisiones generaron 47 hallazgos, 33 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público y 15 sanciones económicas por Q.146.287,15, según esa subcontraloría.
Declaraciones patrimoniales en línea y registro electrónico de títulos
La Contraloría General de Cuentas informó que recibió 32.827 declaraciones juradas patrimoniales en 2025, en cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su reglamento. Según la institución, 18.485 correspondieron a toma de posesión, 7.283 a ampliaciones y 7.059 a cese en el cargo.
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La aplicación Declaración Jurada Patrimonial en Línea recibió 20.960 declaraciones por vía electrónica, equivalentes al 64% del total, según la Contraloría.
La entidad también reportó 70.107 constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos en formato electrónico. En el registro de títulos, informó 125.468 registros electrónicos de nivel medio, 1.721 de nivel universitario y 29 denuncias por indicios de falsedad de títulos o diplomas.
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De acuerdo con el informe, el Sistema de Registro de Títulos en Línea funciona como mecanismo de trazabilidad e integridad del registro de títulos ante la Contraloría General de Cuentas.
Observaciones sobre alimentación policial y el fondo de crédito agrícola
En el Ministerio de Gobernación, en la Unidad Ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil, renglón 211 “Alimentos para personas”, la Contraloría determinó en 2025 un monto devengado de Q.291.148.346,57. Según el informe, esos recursos se destinaron a comisarías del departamento de Guatemala con infraestructura de comedor, lo que dejó fuera a agentes asignados en el resto del país.
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La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal vinculada a la contratación de alimentos para personas bajo la modalidad de baja cuantía, de acuerdo con el documento. El informe recomendó coordinar con áreas técnicas y financieras la creación de un bono alimenticio en efectivo para ampliar la cobertura del beneficio a nivel nacional.
En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el informe indicó que, con base en el Decreto 17-2024 del Congreso de la República de Guatemala y el convenio interinstitucional 23-2024, se trasladaron Q.500.000.000,00 al banco El Crédito Hipotecario Nacional para el Fondo de Crédito de Apoyo a los Pequeños y Medianos Productores Agrícolas TOBANIK.
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Según el reporte, se desembolsaron Q.149.000.000,00 a 10 cooperativas, que autorizaron 737 créditos por Q.80.000.000,00. Quedó pendiente Q.351.000.000,00, equivalente al 70% del fondo, y la Contraloría recomendó que la autoridad comunicara su decisión sobre la continuidad o rescisión del convenio.
Herramientas digitales para fiscalización y servicios
La Contraloría General de Cuentas informó el desarrollo e implementación de más de 23 herramientas tecnológicas para fiscalización y servicios, según el informe.
Entre los sistemas mencionó la Declaración Jurada Patrimonial en línea, el Sistema de Registro de Títulos en línea para nivel medio emitidos a partir de 2008, la aplicación Título CGC para validar títulos registrados, el Sistema de Rendición de Cuentas Electrónica para municipalidades y responsables de rendición, y el Módulo de Consulta Electrónica de Acciones Legales y Administrativas.
El documento consignó una interconexión y cruce de información con plataformas del Ministerio de Finanzas Públicas para análisis masivo de datos y supervisión de la ejecución del gasto.
También incluyó un sistema de autodespacho de almacén, herramientas para compras y programación de adquisiciones, monitoreo en instituciones públicas de jurisdicción municipal y un sistema para registro técnico electrónico de obras públicas y proyectos productivos.
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