Jonathan Menkos Zeissig y Gabriela García, titulares del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Economía, impulsaron ante el Congreso de la República de Guatemala un subsidio por Q8 al diésel y Q4 a las gasolinas, limitado a un máximo de Q1.300 millones durante dos meses, como respuesta puntual al aumento internacional de los precios del petróleo que amenaza el bienestar de las familias guatemaltecas.
La ejecución de la medida queda supeditada a la aprobación legislativa, según expusieron los propios ministros en la reunión de jefes de bloque previa a la sesión plenaria, la cual fue transmitida por el Congreso.
La propuesta marca un corte relevante respecto a intentos anteriores, ya que financiará el subsidio mediante la readecuación de partidas presupuestarias no ejecutadas y no recurriendo a ampliaciones de gasto. Según detalló Menkos Zeissig, existen Q1.600 millones de saldo de caja no programado dentro del presupuesto de Q19.300 millones registrados al cierre de diciembre, descontados los compromisos asumidos.
Este monto, citado por Menkos Zeissig en respuesta al diputado Cornelio García, delimita la disponibilidad fiscal genuina para el subsidio y garantiza que no se afectarán programas esenciales de salud, educación y seguridad.
El Ministerio de Economía plantea dos esquemas alternativos para entregar el subsidio. El primero lo dirige en la terminal portuaria, donde participan solamente los tres principales importadores y la supervisión recae en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). El segundo contempla otorgar el subsidio directamente en más de 2.100 gasolineras del país, un escenario con retos logísticos mayores. La ministra Gabriela García sostuvo durante su explicación al Congreso: “El subsidio debe llegar, verificado y con una trazabilidad nítida al consumidor final”. Según su análisis, el primer modelo presenta más garantías de fiscalización y control.
Debate legislativo sobre alternativas y riesgos
El debate parlamentario giró entre la viabilidad del subsidio y la alternativa de exonerar temporalmente impuestos como el Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) o el IVA. Fidel Reyes Lee, diputado, advirtió sobre el riesgo de agotar recursos fiscales ante una crisis global de duración incierta y sugirió, junto a Inés Castillo, que eliminar el IDP sería menos oneroso, dado que los fondos del IVA sostienen a las municipalidades. Menkos Zeissig respondió que “el impuesto es de Q1.30 por galón de diésel, mientras que el subsidio propuesto es de Q8 por galón”, lo que otorga al subsidio un mayor efecto para amortiguar el impacto en los precios al consumidor.
Una de las preocupaciones expuestas aludió al riesgo de acaparamiento o desvío del beneficio. García reconoció ante el Congreso que la fiscalización será más compleja si se implementa en gasolineras, y que la DIACO, respaldada en reportes del Ministerio de Energía y Minas, deberá actuar ante cualquier irregularidad, acudiendo incluso al Ministerio Público ante presuntas faltas.
En el ámbito legislativo, Menkos Zeissig invocó la iniciativa 6742, que articula el consenso parlamentario alrededor del subsidio y establece controles y montos máximos.
Los propios diputados recordaron que existen precedentes de investigaciones y procesos abiertos por irregularidades detectadas en subsidios previos, como la asignación de Q28 millones a importadores en 2022. Por esta razón, la trazabilidad y la transparencia fueron catalogadas como condiciones indispensables por los intervinientes en el pleno.
La decisión sobre la modalidad de subsidio, su alcance y los controles quedará en manos del pleno legislativo, que deberá ponderar el equilibrio entre el alivio inmediato a los precios del combustible, la sostenibilidad del gasto y la protección de la estructura fiscal del Estado de Guatemala.
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