El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, en declaraciones a diferentes medios de comunicación locales, afirmó que la actual declaratoria de estado de sitio, prevista para treinta días, no está generando efectos económicos negativos mientras se mantenga en ese plazo.
Sin embargo, González Ricci advierte que, en caso de una extensión de la medida, podrían surgir consecuencias para la percepción internacional del país, con un impacto directo en la inversión extranjera y local. Señaló que, de prolongarse esta situación, el país enfrentaría dificultades en crecimiento económico, empleo e inversión.
El titular del Banco de Guatemala expresó su expectativa de que la situación se resuelva en el periodo inicial establecido y que la economía pueda retomar su curso habitual. Recién instaurado el estado de sitio, el presidente Bernardo Arévalo, en el desarrollo de La Ronda GT ante los cuestionamientos de los periodistas afirmo que el tema macroeconómico en Guatemala, había sido objeto de estudio previo a tomar la decisión.
En este contexto, hay que recordar que El Congreso de Guatemala reunido en el pleno del Legislativo ratificó con 149 votos a favor el decreto 1-2026 que establece el estado de sitio por un plazo de 30 días, una medida decretada previamente por el presidente Bernardo Arévalo como reacción a los recientes ataques violentos atribuidos al grupo “Barrio 18”, que se espera concluya el próximo 19 de febrero.
Lo que establece el estado de sitio por 30 días
Entre algunas restricciones que podrían imponerse figura la limitación o prohibición de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, incluso si son de carácter privado. Cuando una concentración carezca de autorización o, pese a tenerla, los participantes porten armas o elementos de violencia, las fuerzas del orden estarán facultadas para dispersarla tras una advertencia a los involucrados. En este caso, se especifica que las actividades culturales y religiosas podrán desarrollarse con normalidad
Otras medidas comprenden la prohibición de circulación o estacionamiento de vehículos en áreas y horarios específicos, la inspección de automóviles conforme a las instrucciones de la autoridad, así como el impedimento para que estos salgan de determinadas poblaciones.
El decreto también contempla que se pueda requerirá particulares su colaboración para el mantenimiento de servicios públicos o aquellos considerados necesarios. Además, se faculta a las fuerzas de seguridad para detener o confinar sin orden judicial a cualquier persona sospechosa de alterar el orden público por hechos vinculados a la declaración del Estado de Sitio, o de fomentar acciones semejantes.
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