Si la ONU logra consensuar una Convención de Derechos de las Personas Mayores será en gran parte mérito de la Argentina

Argentina fue pionera en reclamar en 1948 a la ONU la redacción de una Convención para la protección de los derechos de las personas mayores. Tras un largo derrotero de recomendaciones, directrices y principios clave, recién en 2025 se constituyó una comisión redactora para concretar ese objetivo.

Si finalmente esto se logra, el mérito, sostiene María Isolina Dabove, especialista en Derecho de la Vejez, será en buena medida mérito de nuestro país por su rol en presentar este reclamo ante las Naciones Unidas y sostenerlo en el tiempo.

La Argentina lo hizo a poco de constituirse la ONU en la Segunda Posguerra.

“En relación con las personas mayores, la iniciativa para llevar a cabo una convención, un tratado de protección de sus derechos, empezó con un reclamo de la Argentina en la ONU en septiembre del 48”, dice Dabove, en charla con Infobae. Y esta es la razón por la cual nuestro país es convocado cada vez que se trata el tema y con frecuencia dirige los ámbitos que se crean para trabajarlo. Actualmente, Argentina preside la comisión redactora que se ha reunido ya en dos ocasiones este año, febrero y julio, y se volverá a reunir en octubre.

María Isolina Dabove es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora principal del CONICET Derecho UBA y profesora en varias universidades de Filosofía del Derecho y Derecho de la Vejez. Además, dirige la única Maestría en Derecho de la Vejez del país, en la Universidad Nacional de Córdoba.

“Después de la Segunda Guerra Mundial, desde lo jurídico, el mundo quedó organizado a partir de dos sistemas que buscaban garantizar la paz y los derechos humanos: uno, universal, que es la ONU y su declaración de derechos, y el otro lo constituyen las convenciones regionales que se derivaron de ella; en nuestro caso, en el marco de la OEA”.

En diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU debía reunirse en París, dice Dabove. Nuestro país envió una propuesta a la comisión organizadora de la Asamblea pidiendo que se considerara la aprobación de un “decálogo de derechos de los ancianos”.

El comité lo analizó y respondió que, antes de aprobar una declaración de derechos específicos había que aprobar la convención universal. Y efectivamente, poco después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Pero el hecho de que la Argentina haya sido el primer país en pedir esto, ha tenido por efecto que cada vez que se trata un tema vinculado a vejez, nuestro país es consultado en primer lugar o incluso preside los ámbitos en los que se debate el asunto, —sigue diciendo Dabove— porque Argentina mantuvo siempre ese reclamo; fuese cual fuese el gobierno, lo renovaba cada dos o tres años”.

La especialista enumera entonces los principales hitos en el derrotero de este proyecto en la ONU.

En 1982, la Asamblea General en Viena aprueba el primer documento que pone en la agenda mundial el tema de las personas mayores, con el título Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, con la idea de orientar las políticas públicas en la materia. “Fue la primera respuesta clara de los países de la ONU sobre la necesidad de pensar en las personas mayores —dice Dabove—. Era un momento en el que ya se empezaba a sentir el impacto de los cambios demográficos. La CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe - ONU] y otros organismos venían advirtiendo sobre la longevidad creciente.”

“Se trató de un documento político con recomendaciones a los Estados parte en materia de nutrición, salud, protección de los consumidores de edad avanzada, vivienda, ingresos, etcétera”, agrega.

El siguiente mojón se puso en el año 1991, con un nuevo texto, “un documento muy lindo que expone 5 principios en favor de las personas de edad, y nótese el cambio de lenguaje”, señala Dabove.

El documento alienta a los Gobiernos a incorporar, siempre que sea posible, una determinada cantidad de puntos organizados en torno a cinco palabras clave.

Independencia: implica que las personas mayores tengan un respaldo que garantice su acceso a alimentación, vivienda, y atención sanitaria, que puedan trabajar si lo desean, decidir sobre su retiro, seguir educándose, vivir en entorno seguros y adaptados a sus capacidades, y “poder residir en su hogar durante el mayor tiempo posible”.

Participación: que permanezcan integradas en la sociedad, participen en la elaboración de los programas que los conciernen e interactúen con otras generaciones; presten servicio a la comunidad (voluntariado), y puedan asociarse y formar movimientos con sus pares.

Cuidados: acceso a protección familiar y comunitaria, asistencia para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional; acceso a servicios sociales y jurídicos para mejorar su autonomía, a rehabilitación y estimulación social y mental de ser necesario, y que se respeten sus libertades y dignidad en los centros de alojamiento.

Autorrealización: las personas de edad deben tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

Dignidad: una vida segura y libre y un trato justo independientemente de su condición socioeconómica, origen étnico, discapacidad, género, etcétera.

En 2002, sigue enumerando María Isolina Dabove, la Asamblea General de la ONU se reúne en Madrid y logra aprobar otro documento muy importante. Es el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento. “Es el segundo plan pero acá cambió el enfoque —explica—. Este introduce el lenguaje de los derechos y la necesidad de que los Estados garanticen esos derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Establece directrices, ya no recomendaciones, indica cuáles son los derechos fundamentales; es una lectura menos literaria que la de anteriores documentos”.

La Declaración Política sobre el Envejecimiento, aprobada en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, abril de 2002), establece compromisos internacionales para responder al fenómeno del envejecimiento de la población y mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Propone abandonar las visiones que las consideran únicamente como receptoras de asistencia y reconocer sus aportes al desarrollo, las familias y las comunidades. Los Estados miembros se comprometen a garantizar la participación plena de las personas mayores en la vida económica, social, cultural y política. El documento subraya la necesidad de proteger sus derechos humanos, su dignidad, su independencia y su igualdad ante la ley, además de combatir la discriminación por edad, el abandono, el maltrato y la violencia. Se sugiere promover la solidaridad entre generaciones y la creación de entornos accesibles y seguros. Los gobiernos deben impulsar viviendas adecuadas, transporte, protección social, oportunidades de empleo, educación permanente y condiciones para que las personas mayores continúen vinculadas a sus comunidades.

El Plan de Acción organiza las medidas en tres áreas prioritarias: el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar durante la vejez; y la creación de entornos favorables y de apoyo.

“A partir de Madrid 2002, hubo movimientos regionales —dice Dabove—. En 2006 varios países se reunieron en Brasilia y activaron dos procesos: avanzar en la ONU hacia la creación de un grupo de Estados y ONG para acordar si era o no necesaria una declaración de los derechos de los adultos mayores. Esa comisión se creó en 2010 y funcionó hasta el 2025. Otro efecto contundente de Brasilia fue poner en marcha el proceso regional que llevó a la elaboración de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

Esta Convención se aprobó finalmente, tras amplia discusión, el 15 de junio de 2015, agrega. En Argentina fue ratificada en el 2017 por la ley 27360 y se le dio rango constitucional en el 2022, a través de la ley 27700. La Convención Interamericana es el primer tratado internacional vinculante para garantizar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.

“Mientras tanto, a nivel ONU, todas las declaraciones previas que ya mencioné y en especial Brasilia impulsaron la creación de un grupo de trabajo de composición abierta en el que intervienen ONG y los Estados, que se reúne en sesiones anuales de la Asamblea General en otoño para responder a la pregunta de si era necesaria una Convención. Yo participé varias veces en forma presencial y virtual”, sigue relatando Dabove.

De 2010 a 2025, agrega, se fue logrando “un consenso político internacional lo suficientemente robusto como para que el año pasado el Consejo de Derechos Humanos aprobara una resolución, a propuesta de Argentina, para crear finalmente el grupo de redacción de la convención”.

Este año comenzó la ronda de discusiones sobre los contenidos del futuro tratado. El grupo de redacción está presidido por la Argentina, pero la presidencia será anual y rotativa.

María Isolina Dabove participará en su condición de integrante de INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse), ong que está acreditada en la ONU y tiene sede en EEUU y Canadá, y cuya referente es Susan Sommers.

“Ya hubo dos sesiones de trabajo en Ginebra, en febrero y en julio, y habrá otra en octubre. Yo participo online. No puedo hablar de tiempos pero sí decir que los resultados de julio fueron muy satisfactorios. Hay una esperanza fundada en que esto salga. También porque la cuestión demográfica les estalló a todos los países en el planeta. Según la ONU, en 2080 los mayores de 65 superarán en número a los menores de 18 años”.

En la sesión de julio, que duró una semana, bajo presidencia argentina, hubo llamados para poner fin al edadismo y mejorar la protección contra los abusos de que son víctimas las personas mayores, en paralelo con la negociación de los contenidos de la futura convención sobre los derechos de las personas mayores.

La discriminación por edad es quizás la más naturalizada y tolerada, y no está contemplada aún en los tratados de derechos humanos ya existentes, que sí contemplan medidas contra la discriminación por motivos de raza y género.

Acordar tratados como esta Convención puede llevar años, pero cabe esperar que, como señala Dabove, las nuevas perspectivas demográficas pesen en la aceleración del proceso.

Y nuestros dirigentes podrían sacar una lección de la importancia de sostener una política a lo largo del tiempo, por encima de los vaivenes coyunturales.