Nintendo enfrenta una nueva demanda colectiva por el problema de sus controles

El Joy-Con drift sigue dando lugar a más acciones legales contra la compañía de Kioto. Una firma canadiense encabeza el nuevo litigio

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Nintendo deberá afrontar una nueva demanda colectiva por los inconvenientes técnicos que presentan sus joysticks (Joy-Con), situación conocida comúnmente como “Joy-Con Drift”. Este problema afecta el correcto funcionamiento de los sticks analógicos después de cierto tiempo de uso. Suele presentarse en mayor medida en las consolas correspondientes a la primera versión de las Nintendo Switch, pero también se han reportado casos en las consolas con batería mejorada e incluso las Nintendo Switch Lite, donde el problema es más grave ya que los controles no se pueden remover de la consola.

Lambert Avocat es una popular firma de abogados canadiense que comenzó a convocar a usuarios con el problema en los controles a través de su sitio web. Buscará una compensación económica aduciendo que el problema se trata de un defecto oculto. Aplicará en principio para todos los residentes de Quebec que hayan comprado una consola a partir del 1 de agosto de 2017 y que hayan sufrido este problema, aunque como ha sucedido en otras partes del mundo, es muy probable que la demanda alcance una escala nacional.

Los usuarios más audaces se animan a reparar en su casa este problema, así sea una solución temporal.
Los usuarios más audaces se animan a reparar en su casa este problema, así sea una solución temporal.

Los primeros reportes de Joy-Con Drift surgieron a meses del lanzamiento de Nintendo Switch. Contrariamente a todos los problemas técnicos basados en rumores infundados -como por ejemplo, el hecho de que el dock dañe la pantalla con el uso-, el Joy-Con Drift es un problema muy concreto. Hay varias situaciones que lo podrían ocasionar: la acumulación de suciedad en los puntos de contacto del circuito o el desgaste de las piezas internas. Esta última versión se ha verificado mediante distintos grupos de entusiastas que han desarmado el control para buscar una solución.

De este modo constataron que, por cómo está construido el Joy-Con, apuntan más que nada a un problema fundamental de diseño: de ahí que el problema sea persistente en una gran parte de las consolas de Nintendo, sin importar su fecha de fabricación. Nintendo ha ofrecido disculpas pero luego cambiaron su discurso argumentando que el Joy-Con Drift “no es un problema real” o que “no ha causado inconvenientes a los usuarios”. Sin embargo, el gigante de Kioto sigue ofreciendo reparaciones gratuitas para quienes tengan este problema, sin importar que tengan una garantía vigente. En nuestro país, varios distribuidores oficiales ofrecieron esta solución al problema, cubriendo reparaciones de forma gratuita.

La nueva portátil de Nintendo tampoco está libre de problemas.
La nueva portátil de Nintendo tampoco está libre de problemas.

No es la primera demanda colectiva que debe afrontar Nintendo. En julio de 2019, la firma conocida como Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith hicieron lo propio y meses más tarde ampliaron el alcance de la misma incluyendo además las consolas Switch Lite. Después de esta presentación, Nintendo empezó a ofrecer las reparaciones gratuitas anteriormente mencionadas. En los Estados Unidos hay un total de cuatro demandas colectivas en curso. En Europa se está presentando un escenario similar: un organismo de defensa al consumidor en Francia está instrumentando una acción legal que el resto de los países europeos miran de cerca, al punto de que han iniciado sus propias investigaciones alrededor del problema que presentan las consolas de Nintendo.

De momento, no hay jurisprudencia alguna en este caso particular puesto que este tipo de acciones legales pueden llevar mucho tiempo entre presentaciones, recolección de testimonios y el proceso legal propiamente dicho. Uno de los casos más recientes en la industria es la demanda colectiva contra Sony conocida como “OtherOS”, en la que los usuarios reclamaron por la imposibilidad de instalar Linux en sus consolas como sistema operativo alternativo después de que Sony quitara esta opción mediante una actualización de software. Tras más de 8 años de litigio, Sony debió acordar el pago de casi cuatro millones de dólares, repartidos en 65 dólares para cada usuario que haya comprado una consola de las afectadas.

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