En California, cada vez que alguien usa un sorbete, compra una botella de agua, un envase de champú o una bolsa de supermercado, ese producto cuenta.
La norma que hoy regula ese mercado obliga a la industria a vender menos plástico descartable cada año, con una meta de recorte del 25% para 2032. Para funcionar, necesita saber de cuánto plástico se parte — y ahí está el problema.
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El lunes, el organismo ambiental estatal CalRecycle fijó esa cifra de partida en 1,03 millones de toneladas, un número elaborado por la propia industria con datos de apenas la mitad de sus empresas, tal como informó el Los Angeles Times.
El resultado concreto para cada californiano: usará 6 kilos (13 libras) menos de plástico al año para 2032, en vez de los 17 kilos (37 libras) que la ley prometía originalmente.
Cómo funciona la ley y de dónde viene el número que la define
La Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act, conocida como Senate Bill 54 (SB 54), fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom en 2022. Toda reducción que exige la norma se calcula en relación con una cifra de partida, llamada baseline o línea de base.
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En 2024, el estado estimó que en 2023 se vendieron 2,9 millones de toneladas de plástico descartable en el estado.
La industria, en cambio, presentó primero 1,29 millones de toneladas en junio de este año, y luego revisó el número a la baja hasta 1,03 millones. CalRecycle adoptó esa última cifra.
Qué implica la decisión para los primeros plazos obligatorios
El primer escalón de la SB 54 exige un recorte del 10% antes del 1 de enero. Con la línea de base original del estado, eso hubiera implicado eliminar del mercado unas 290.000 toneladas de plástico. Con el número adoptado por CalRecycle, el recorte exigido cae a 100.000 toneladas.
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La directora de CalRecycle, Zoe Heller, sostuvo que la cifra adoptada “refleja la mejor información disponible”. Admitió, a su vez, que “no todos los productores presentaron informes y no todos los que lo hicieron entregaron datos precisos”.
Heller aseguró que la agencia y la Circular Action Alliance (CAA) —la organización que representa a la industria bajo la ley— continuarán trabajando para incorporar datos faltantes y actualizarán la línea de base cada año hasta 2030.
La SB 54 incorpora a la industria como un actor con poder real dentro del sistema: la CAA redacta el plan sectorial para cumplir los objetivos de la ley, centraliza los datos de los productores y fija las tarifas de reciclaje y reducción que sus miembros deben pagar.
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Las empresas con ingresos menores a USD 1 millón anuales deben registrarse en la alianza, pero sus datos quedan excluidos del cálculo de la línea de base — lo que significa que una porción del mercado no cuenta para fijar las metas de reducción.
La CAA no respondió a los pedidos de comentario del Los Angeles Times, medio que publicó la información.
Las dudas de la comunidad científica sobre la transparencia del proceso
Douglas McCauley, profesor de ciencias oceánicas de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) y director del Benioff Ocean Science Laboratory, cuestionó la transparencia del proceso.
El nuevo informe, afirmó, “no ofrece mucha información sobre cómo se calculó el número” y los pocos datos que incluye “solo generan más preguntas”.
“¿Significa esto que CalRecycle espera que la línea de base se duplique en una corrección futura?”, planteó McCauley en declaraciones al Los Angeles Times.
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Hay otro dato que complica aún más el panorama. El nuevo informe indica que en 2023 se produjeron, vendieron o distribuyeron en California 222.000 millones de unidades de plástico descartable.
Ese número duplica la estimación preliminar de la CAA de junio (108.000 millones) y también supera la estimación estatal de 2024 (189.000 millones).
La paradoja es evidente: más unidades, pero menos peso. McCauley reconoció que se trata de una paradoja que, sin acceso a los datos originales, “solo permite especular”.
Kyle Meisterling, científico del laboratorio de McCauley en UCSB —que incluye también a investigadores de la Universidad de California en Berkeley—, advirtió que los nuevos números distorsionan además las tasas de reciclaje.
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En un informe de 2025, el estado estimó que el polietileno de alta densidad (HDPE) —el material de la mayoría de los envases de champú y detergente— tenía una tasa de reciclaje del 19%.
Con la nueva línea de base, esa tasa sube al 53% en papel. El motivo es matemático: al reducir el total de plástico contabilizado, la misma cantidad reciclada representa un porcentaje mayor. No se recicló ni un kilo más de material.
McCauley fue directo en su diagnóstico. “Hoy hay una cantidad significativa de plástico que contamina nuestras playas, nuestras comunidades y nuestros cuerpos”, dijo. “Este conjunto de números, aparentemente trivial, determinará, más que casi cualquier otra cosa, cuánta de esa contaminación no deseada permanece”.
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