La policía estatal de Nueva York asumirá las investigaciones por agresión sexual en Cornell

La policía estatal de Nueva York asumirá la investigación de las denuncias por agresión sexual en el campus de la Universidad de Cornell. La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves un acuerdo que transfiere esa responsabilidad desde la policía universitaria a las fuerzas del orden estatales.

El convenio, firmado el 29 de octubre, establece que los delitos sexuales que antes quedaban bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Cornell (CUPD) serán derivados de forma inmediata a la Policía del Estado de Nueva York para su investigación criminal, salvo que la víctima solicite lo contrario. La medida rige de forma inmediata y estará vigente durante todo el proceso de revisión independiente que conduce la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates.

Los estudiantes merecen saber que sus denuncias serán investigadas en serio

“Todo estudiante merece sentirse seguro en su campus”, afirmó Hochul en un comunicado. “Y cuando alguien denuncia una agresión sexual, merece ser escuchado, tratado con compasión y saber que sus alegaciones serán investigadas con seriedad por fuerzas del orden capacitadas para atender a sobrevivientes”, agregó, según el texto difundido por la oficina de la gobernadora.

La presión por el caso de una estudiante que abandonó Cornell

El anuncio llegó en un momento de creciente presión sobre Cornell por la forma en que manejó la denuncia de una violación grupal. La denunciante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, abandonó la institución por el trauma sufrido. El caso ocurrió en el otoño de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi. La revisión de la gestión universitaria quedó en manos de Yates.

El acuerdo preserva la autonomía de las sobrevivientes: cada víctima podrá optar por que la investigación criminal quede en manos de la Policía del Estado, la Policía de Ithaca o la Oficina del Alguacil del Condado de Tompkins. El convenio no altera el derecho de las víctimas a decidir si presentan o no una denuncia penal, ni cuándo hacerlo.

Independencia estatal en las investigaciones y rol auxiliar de Cornell

Los casos gestionados por la Policía del Estado serán independientes de Cornell, con el organismo a cargo de la investigación y de cualquier derivación al ministerio público. La policía universitaria quedará limitada a prestar asistencia cuando se le solicite, y a preservar y aportar registros y pruebas relevantes.

Cornell también señaló que colaborará en la exploración de una posible Unidad de Víctimas Especiales para el Condado de Tompkins, una propuesta impulsada por el Sheriff y la Legislatura del condado como opción adicional para sobrevivientes que decidan presentar cargos penales.

Dos expulsiones y cuatro sanciones tras la investigación interna de Cornell

Cornell abrió una investigación interna en enero de 2025 bajo el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas que reciben financiamiento federal. El proceso incluyó más de 50 entrevistas con 32 testigos y concluyó con la expulsión de dos de los siete acusados. Otros cuatro recibieron suspensiones u otras sanciones. Uno ya se había graduado antes de que se completara el proceso disciplinario.

En septiembre de 2026, Jane Doe presentó una demanda civil contra la universidad y siete integrantes de Chi Phi, en la que alegó que Cornell no la protegió y que las sanciones aplicadas fueron insuficientes. Según su abogado, Thomas Giuffra, algunos acusados tuvieron la posibilidad de atenuar su castigo mediante la redacción de ensayos. Cornell negó esa versión.

El fiscal cerró el caso sin acceso a la declaración completa de la víctima

Un elemento central en la controversia fue la diferencia entre la declaración de seis páginas que la policía de Cornell entregó al fiscal del Condado de Tompkins, Matthew Van Houten, y la transcripción completa de los dos días de entrevista con Jane Doe.

En el documento resumido no figuraba la frase en que Doe afirmó con certeza haber sido violada. Van Houten basó su decisión de no presentar cargos en ese resumen, sin acceso a la transcripción íntegra.

Esa discrepancia entre ambos documentos nunca fue comunicada al fiscal antes de que cerrara el caso. Tras la presentación de la demanda civil, Van Houten anunció la reapertura de la investigación criminal y dijo que llevaría el caso a un gran jurado. La gobernadora Hochul, a su vez, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para el incidente.