California pondrá a votación el próximo 3 de noviembre un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de sus multimillonarios. La Proposición 40 apunta a los cerca de 200 residentes del estado con fortunas superiores a USD 1.000 millones, en una medida que ya fracturó al electorado y desató una multimillonaria batalla entre Silicon Valley y los sindicatos de trabajadores de la salud.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley, el 45% de los votantes probables apoya la propuesta frente a un 42% en contra y un 13% de indecisos. La ventaja del “Sí” se achicó desde los 19 puntos que registraba en marzo hasta apenas tres en septiembre, según datos del instituto recogidos por CNBC.
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La Proposición 40 grava el patrimonio neto superior a USD 1.000 millones con una tasa del 5%
La iniciativa nació a fines del verano de 2025, cuando el sindicato de trabajadores de salud SEIU United Healthcare Workers West convocó a un grupo de académicos encabezado por el economista Emmanuel Saez, de la Universidad de California en Berkeley, para diseñar un mecanismo de recaudación frente a los recortes federales en salud.
El texto, redactado por Saez junto a los profesores de derecho Brian Galle (UC Berkeley), David Gamage (Universidad de Misuri) y Darien Shanske (UC Davis), se formalizó en diciembre de 2025 cuando el fiscal general Rob Bonta emitió el título oficial. El sindicato recolectó 1,6 millones de firmas —casi el doble de las requeridas— y la Secretaría de Estado certificó la medida en junio de 2026 para la boleta del 3 de noviembre.
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El texto oficial, que lleva el nombre formal de “2026 Billionaire Tax Act”, establece un impuesto único —no recurrente— sobre la actividad de acumular riqueza excesiva. Alcanza a toda persona física residente en California al 1 de enero de 2026 cuyo patrimonio neto iguale o supere los USD 1.000 millones. Esto implica que los contribuyentes alcanzados quedaron determinados meses antes de que los votantes se pronuncien, un aspecto que opositores y analistas legales señalan como uno de los flancos constitucionales más vulnerables de la medida.
El gravamen alcanza una amplia gama de activos, pero también contempla exclusiones y opciones de pago:
- Grava: acciones, participaciones empresariales, instrumentos financieros y otros activos a nivel mundial.
- Excluye: bienes raíces de tenencia directa, pensiones calificadas y cuentas de retiro individuales.
- Pago: los contribuyentes pueden abonar en cinco cuotas anuales iguales, con un recargo del 7,5% sobre el saldo pendiente.
La distribución de los fondos, según el texto oficial, se divide en dos cuentas:
- 90% a la Cuenta de Salud, orientada a compensar los recortes federales y estatales a Medi-Cal, el programa que cubre a casi 15 millones de californianos de bajos ingresos.
- 10% a educación pública (desde jardín de infantes hasta el grado 14) y a programas de asistencia alimentaria como CalFresh.
Las estimaciones de recaudación oscilan entre USD 30.000 millones y USD 100.000 millones
La brecha entre las proyecciones refleja supuestos opuestos sobre el comportamiento de los contribuyentes. Los promotores calculan unos USD 100.000 millones tras descontar un 10% por evasión y elusión, una estimación recogida por CNBC. La Oficina del Analista Legislativo de California, un organismo apartidista, prevé una recaudación de “decenas de miles de millones de dólares” repartida en varios años.
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En la vereda opuesta, un estudio de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford —con el profesor de finanzas Joshua Rauh entre sus autores— proyecta solo USD 30.000 millones en ingresos efectivos. Su análisis incorpora la migración de multimillonarios fuera del estado y los desafíos constitucionales previsibles.
Según esa investigación, la pérdida permanente de ingresos por impuesto a la renta de quienes se vayan superaría la recaudación del gravamen único, con un valor presente neto negativo de USD 38.900 millones, informó CNBC.
Newsom y Becerra, ambos demócratas, rechazan la medida
El gobernador Gavin Newsom, demócrata y opositor a la medida desde mediados de 2026, formalizó su postura el 9 de octubre al respaldar la Proposición 42, la contramedida diseñada para bloquearla. “La lucha para que los estadounidenses más ricos paguen más impuestos no es una que debamos librar estado por estado”, escribió en un texto publicado en su cuenta de Substack. “La riqueza es móvil y busca el estado con los impuestos más bajos”, agregó.
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Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador, coincidió en el rechazo durante un debate reciente con el republicano Steve Hilton. Becerra reconoció que demasiados multimillonarios no pagan su parte justa, pero calificó la propuesta como mala política tributaria: “Lo que no se hace es tener una política con un impuesto por única vez que no es predecible ni sostenible”, según recogió CNBC.
Zuckerberg negoció con Meta para pagar el impuesto sin perder el control de la empresa
El caso de Mark Zuckerberg ilustra la magnitud del gravamen. Con un patrimonio estimado en más de USD 220.000 millones según la revista Forbes, su obligación fiscal rondaría los USD 11.000 millones. Según documentos regulatorios que The Guardian y ABC News dieron a conocer esta semana, el fundador de Meta comunicó a la junta directiva que evaluaba vender su residencia en Palo Alto y mudarse fuera del estado.
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La compañía respondió con la creación de una nueva clase de acciones sin derecho a voto, mediante un desdoblamiento de dos por uno para todos los accionistas. Zuckerberg podrá vender parte de esas acciones para cubrir la eventual factura fiscal sin diluir su control sobre la empresa. A cambio, se comprometió a permanecer en California durante ocho años.

No todos los magnates tecnológicos rechazan la medida. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, declaró a CBS Sunday Morning que pagar el impuesto sería “un privilegio”. En el extremo opuesto, el cofundador de Google, Sergey Brin, destinó más de USD 100 millones a combatir la propuesta, la mayor donación individual a una campaña por una medida electoral en la historia de California, según The Guardian.
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Las proposiciones 41 y 42 podrían anular el impuesto aunque la mayoría vote a favor
La Proposición 40 no se presenta sola en la boleta. Otras dos iniciativas compiten directamente con ella. La Proposición 42 prohíbe nuevos impuestos retroactivos sobre ahorros y activos personales a partir del 1 de enero de 2026, lo que colisiona con el diseño del gravamen a multimillonarios. La Proposición 41, en tanto, exige auditorías independientes para impuestos especiales y bloquea aquellos que excedan los límites de gasto estatal.
Según la Oficina del Analista Legislativo, si la Proposición 41 o la 42 obtienen más votos afirmativos que la 40, esta última podría quedar sin efecto legal aunque sea aprobada por mayoría. El comité Building a Better California, cofundado por Brin, impulsó ambas iniciativas.
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El debate sobre impuestos al patrimonio se extiende más allá de California
La discusión no es exclusiva del estado. Suiza grava la riqueza en sus cantones desde hace más de un siglo con tasas que llegan al 0,7%, muy por debajo del 5% californiano, según un análisis de Fortune. A nivel federal en Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren propuso tasas del 2% y el 3% sobre grandes fortunas, mientras que el senador Bernie Sanders presentó un proyecto con una tasa del 5%.
Darien Shanske, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis y uno de los redactores de la propuesta, rechazó la idea de que el impuesto funcione como un aumento permanente. “Es un impuesto por única vez para una emergencia única. Cualquier tributación adicional necesitaría ser votada nuevamente”, declaró al mismo medio.
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Ningún estado de Estados Unidos cobró jamás un impuesto sobre el patrimonio neto de sus residentes. Lo que decidan los californianos el 3 de noviembre podría cambiar eso —o confirmar que la riqueza, cuando se siente amenazada, siempre se mueve más rápido que la ley.
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