Casi 60 represas de California en mal estado: podrían poner en riesgo a 1,5 millones de personas antes de un invierno con El Niño

El colapso de las represas más deterioradas de California podría causar daños económicos por más de USD 265.000 millones, según una auditoría estatal difundida este lunes.

El informe, publicado por CalMatters en asociación con The Associated Press, puso cifras concretas a un problema que el estado arrastra desde hace décadas: una infraestructura hídrica envejecida, con dueños sin recursos para repararla y un aparato de control que no logra hacer cumplir sus propias reglas.

El documento identificó 57 represas en condición deficiente o insatisfactoria hasta mayo de 2026, una cifra superior a la de conteos anteriores que, según los auditores, seguirá en ascenso a medida que los ingenieros reevalúen las estructuras más antiguas.

De las 40 clasificadas como de riesgo alto o extremadamente alto, la mayoría se ubica cerca de áreas metropolitanas de San Francisco, San Diego y Los Ángeles.

Un problema estructural sin financiamiento a la vista

El problema de fondo es estructural. Muchas de estas represas fueron construidas en décadas en las que los estándares de seguridad eran menos exigentes, tal como señaló la auditoría.

La legislación estatal nunca obligó a los propietarios a reservar fondos para mantenimiento, de modo que cuando el concreto se deteriora, los sedimentos se acumulan y los vertederos corren riesgo de erosión bajo crecidas, la mayoría de los dueños carece de recursos para costear las reparaciones.

La auditoría citó estimaciones según las cuales restaurar todas las represas en condición inferior a la satisfactoria podría costar alrededor de USD 28.000 millones.

Una proposición electoral aprobada en 2024 aportó USD 464 millones a un programa de subvenciones, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó USD 629.198 en septiembre de 2026, tal como confirmó Jason Ince, vocero del Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR).

Herramientas legales que nunca se pusieron en práctica

Tras la crisis de la represa de Oroville en 2017, que forzó la evacuación de casi 200.000 personas por una falla en su vertedero, los legisladores reforzaron la autoridad del DWR para imponer sanciones como restricciones de embalse, gravámenes sobre propiedades y multas a propietarios que incumplieran las normas vigentes. Los reglamentos de aplicación se finalizaron en 2022.

Hasta abril de 2026, ingenieros estatales habían referido a los dueños de 44 represas para procesos de cumplimiento, pero ninguno de esos casos derivó en sanciones concretas, de acuerdo con el informe.

Los funcionarios del DWR reconocieron ante el auditor que no lograron dotar de personal suficiente a una oficina de cumplimiento y que no confían en contar con los recursos necesarios para defender sus acciones en una audiencia legal.

Incluso con personal y presupuesto, concluyó el auditor, si un propietario se mantuviera en incumplimiento, el estado “no puede actuar antes de que la represa represente un peligro de nivel de emergencia”, lo que deja “un vacío en la ley estatal que pone en riesgo la seguridad pública”.

El informe destacó un caso emblemático: una represa con un agujero de 14 metros de ancho en su vertedero que lleva más de 30 años sin reparación.

Esa falla podría provocar inundaciones que afectarían a casi 300 personas y causarían daños por más de USD 88 millones. La auditoría no reveló el nombre de la estructura por razones de seguridad.

Lo que falta resolver antes de que lleguen las lluvias

Las deficiencias no se limitan al mantenimiento físico. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador aún no aprobó planes de emergencia para 245 represas, documentos que describen las medidas que tomarían sus propietarios para proteger a la población en caso de falla.

Los funcionarios indicaron que los dueños no completaron las revisiones exigidas y que la ley estatal no establece plazos para hacerlo.

Entre las recomendaciones, el informe instó a los legisladores a fijar plazos para que los propietarios de represas de alto y extremadamente alto riesgo presenten planes de mantenimiento y reparación.

También propuso ampliar la autoridad del departamento y, como último recurso, facultar al estado para “ordenar la condena y el desmantelamiento de una represa cuando los otros medios de cumplimiento resulten infructuosos”.

Laura Hollender, subdirectora de gestión de inundaciones y seguridad del DWR, señaló que el departamento trabajó de cerca con el auditor, aunque discrepa con algunas conclusiones del informe.

Aun así, declaró en un comunicado que se están revisando las recomendaciones y que se preparan para lo que traiga El Niño. “Proteger la seguridad pública es la máxima prioridad del DWR, y reconocemos el papel crítico que las represas y el mantenimiento de los diques desempeñan en la reducción del riesgo de inundaciones para las comunidades de California”, sostuvo la funcionaria.

El gobernador Gavin Newsom había promovido la reparación de represas hace cuatro años como parte de su estrategia de abastecimiento hídrico durante la sequía. Dos años después, en 2024, el propio Newsom y los legisladores recortaron los fondos del programa de subvenciones destinado a esas reparaciones.