El Departamento de Justicia de Estados Unidos anticipó que los funcionarios electorales de California que contabilicen votos por correo de presuntos no ciudadanos podrían enfrentar investigaciones y procesos penales, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La advertencia figura en una carta firmada por el fiscal general adjunto interino del organismo, Trent McCotter, dirigida a la oficina legal del condado de Los Ángeles, con copia a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador electoral del condado, Dean Logan.
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Donald trump difundió el mensaje en Truth Social y citó una publicación sobre la noticia, en la que escribió: “¡Todos irán a la cárcel por un largo período de tiempo!”.
No es la primera medida de la administración Trump en su disputa con California por los padrones electorales. Esta semana, el organismo envió a las autoridades estatales, en una memoria USB protegida con contraseña, un listado de 20.000 personas que consideraba que no contaban con la ciudadanía y otorgó un plazo de 48 horas para verificar su situación, precisó Associated Press.
Las autoridades californianas calificaron la solicitud de infundada desde el punto de vista legal. Weber expresó ante Associated Press que las exigencias “amenazan el derecho al voto de miles de californianos” a partir de “información o metodología no verificables”.
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Según el Gobierno federal, intentó trabajar conjuntamente con California, pero el estado “no hizo ningún esfuerzo serio” para cumplir el plazo. Como consecuencia, interpuso una demanda para impedir temporalmente que esos votos sean contabilizados.
El Departamento de Justicia exigió separar temporalmente las boletas señaladas
El fiscal manifestó en la carta: “Las consecuencias legales por facilitar o ignorar un delito federal son significativas. El voto de personas no ciudadanas en una elección federal es un delito federal y facilitar a sabiendas dicha conducta es igualmente ilegal”.
McCotter aseguró que quienes contabilicen “a sabiendas” sufragios de personas identificadas por agencias federales como no ciudadanas “corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”.
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Por otro lado, el funcionario cuestionó el argumento de que los padrones no pueden modificarse durante los 90 días previos a una elección y sostuvo que esa restricción se aplica a los programas sistemáticos de mantenimiento.
A su vez, explicó que el Departamento no solicita “la depuración de listas, la cancelación de registros ni ninguna otra medida de carácter programático”, sino que exige que los registros sean separados temporalmente hasta verificar la ciudadanía de los votantes.
Por otro lado, planteó que “las dificultades administrativas no constituyen una defensa válida” e instó a “reconsiderar la postura” del estado “antes de adoptar medidas que conlleven el riesgo de un escrutinio federal significativo y de una posible responsabilidad legal”.
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En respuesta a la carta, Logan declaró que su oficina está concentrada en celebrar una elección segura y justa. “El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha optado por litigar sobre sus afirmaciones no verificadas de elegibilidad para votar. En este punto, lo mejor es que este asunto se resuelva en los tribunales”, aseveró el registrador electoral.
Los antecedentes de la administración Trump en su revisión de los padrones electorales
La administración Trump ha convertido la búsqueda de votantes no ciudadanos en una prioridad. En los últimos meses, solicitó a los estados información detallada de sus padrones, incluidas fechas de nacimiento, domicilios, números de licencia de conducir y números de Seguridad Social, reportó Associated Press.
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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió cartas en julio a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania en las que señaló que hasta 250.000 no ciudadanos estaban inscriptos en esos estados.
Funcionarios electorales cuestionaron ese cálculo. En Nevada, la administración indicó ese mismo mes que había casi 16.000 no ciudadanos en el padrón; luego de verificaciones estatales, el número de personas no ciudadanas registradas fue cero.
Por su parte, el Departamento de Justicia presentó cargos contra unas 90 personas en lo que va del año por distintas conductas electorales, entre ellas 50 acusadas de votar sin ciudadanía.
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