Nolan Wells tenía 18 años cuando desapareció el 4 de julio en Horn Island, una isla de barrera frente a la costa de Misisipi a la que había llegado en bote con un grupo de amigos para festejar el día nacional.
Dos días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del lugar. Desde entonces, su familia sostiene que las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas con rigor.
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El lunes, un gran jurado del estado cerró el proceso penal sin recomendar cargos contra nadie.
Lejos de aceptar ese resultado, los padres del joven y su equipo legal anunciaron para el jueves la difusión pública del peritaje forense del teléfono celular de Wells y exigieron que el Departamento de Justicia (DOJ) abra una investigación independiente, informó AP News.
El gran jurado no encontró pruebas de conducta criminal
El panel, conformado por 23 personas, se reunió entre el 14 y el 18 de septiembre. Emitió 132 citaciones, escuchó a 43 testigos y analizó pruebas físicas y digitales que incluyeron datos de GPS, registros telefónicos, fotografías, videos y un informe de 261 páginas sobre las conversaciones de Wells en Snapchat.
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El jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para imputar a nadie.
En su informe, el panel afirmó que “la posición, el estado, el momento del hallazgo y la ubicación” del cuerpo eran “consistentes con un ahogamiento”. También descartó de forma explícita que el incidente tuviera motivación racial y sostuvo que no hubo pelea ni altercado alguno el día que Wells desapareció.
La fiscal del condado de Jackson, Angel Myers McIlrath, acompañó la publicación del informe con un video en el que fue directa: “No existe absolutamente ninguna prueba que respalde las afirmaciones de que la desaparición y la muerte de Nolan tuvieron motivación racial”.
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Añadió que los amigos de Wells —todos blancos— lo querían, y que la decisión del joven de quedarse en la isla ese día no tiene “ni un ápice de prueba que la contradiga”.
La causa de muerte sigue sin determinarse y la familia cuestiona las conclusiones del jurado
El punto central del desacuerdo entre la familia y las autoridades es la causa de la muerte. Tanto el médico examinador jefe del estado como el doctor Roger A. Mitchell Jr., perito contratado por la familia, concluyeron que la causa y la manera de la muerte son “indeterminadas” y que el ahogamiento “es un diagnóstico de exclusión”.
Ninguno de los dos descartó el ahogamiento accidental, pero tampoco lo confirmó.
Christine Wonsley, madre de Wells, cuestionó en una conferencia de prensa que el jurado hablara de ahogamiento pese a esa ambigüedad. “¿Cómo puede un jurado llegar a la conclusión de ahogamiento sabiendo que hubo trauma en el cuerpo?”, preguntó.
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La autopsia independiente de Mitchell documentó traumatismos por impacto sin explicación en la nuca y en zonas de la espalda del joven. “Hasta hoy, nadie ha explicado cómo llegaron allí”, aseguró el abogado de derechos civiles Ben Crump.
Wonsley también rechazó la forma en que se enteró del veredicto. McIlrath le envió un mensaje de texto a las 7:54 de la noche del lunes, minutos antes de que el informe se hiciera público. “Esa acción demuestra una falta de empatía”, dijo ante los medios.
El informe del gran jurado reconoció la existencia del golpe en la cabeza, pero lo clasificó como “no fatal”.
Según ABC News, un testigo declaró ante el panel haber visto a Wells resbalar del costado de una embarcación alrededor de las 3:30 de la tarde del 4 de julio; aclaró que no pudo confirmar si el joven se golpeó la cabeza, pero que continuó socializando sin señales de haber sido herido.
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La familia exige transparencia sobre el celular y reclama intervención federal
Uno de los focos de mayor tensión en el caso es el teléfono de Wells. El dispositivo viajó de regreso al continente en la misma embarcación que sus amigos el 4 de julio; ellos afirmaron que el joven lo había olvidado por accidente.
Sus padres rechazaron esa versión: argumentaron que ningún adolescente dejaría su celular atrás de forma voluntaria.
Además, señalaron que en el teléfono no había registros ni mensajes de las horas previas a su última aparición en las redes sociales que, según la familia, usaba con frecuencia.
La fiscal respondió a esas sospechas con los propios datos forenses del equipo de Crump. El análisis realizado por Garrett Discovery Inc., firma contratada por la familia, confirmó que nada había sido borrado del teléfono desde que Wells lo usó por última vez.
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McIlrath también aclaró que el informe del gran jurado registró que ese día era habitual que los visitantes de la isla regresaran en botes distintos a los que los llevaron, y que el celular de Wells no fue el único que viajó sin su dueño.
El contraste, sin embargo, no pasó inadvertido. Tal como informó ABC News, los propios abogados de la familia le comunicaron a McIlrath que su investigación privada no había encontrado “testigos adicionales ni pruebas que pudieran ser relevantes para una posible actividad criminal”.
El gran jurado tuvo acceso a esa comunicación. Crump y los padres de Wells exigen públicamente más investigación, pero su equipo reconoció ante la fiscalía que tampoco ellos hallaron pruebas de un delito.
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Los datos completos del celular, que el gran jurado vio en parte, se harán públicos el jueves
Crump anunció que el jueves, en un acto en Orlando, Florida, peritos digitales presentarán en vivo los resultados completos del análisis del dispositivo.
La firma había entregado al gran jurado un informe preliminar de 21 páginas antes de que este cerrara su deliberación, pero los detalles de ese documento no se hicieron públicos.
La familia pide intervención del Departamento de Justicia y advierte que el caso puede reabrirse
En la conferencia de prensa del martes, Wonsley, Crump y representantes de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) pidieron que las autoridades federales asuman el caso, de acuerdo con NBC News.
El informe del gran jurado admitió que agentes federales participaron de algún modo en la investigación, aunque no precisó el alcance de esa intervención.
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“Nunca vamos a parar”, advirtió Crump, y fue más lejos: “No sabemos cómo murió Nolan, y el estado de Misisipi tampoco lo sabe. Misisipi debe continuar investigando, y si no lo hace, el Departamento de Justicia debería intervenir”.
El reverendo Al Sharpton, que acompañó a la familia durante el proceso, advirtió en un comunicado que la historia del estado justifica la desconfianza de los padres: “La historia de Misisipi nos enseña dolorosamente por qué las familias nunca deben verse obligadas a aceptar preguntas sin respuesta sobre la muerte de un joven negro”, tal como recogió el canal estadounidense.
El informe del gran jurado incluyó una salvedad relevante. En Misisipi no existe prescripción para los delitos de homicidio, y el panel recomendó que, si en el futuro aparecen pruebas que sugieran que la muerte no fue accidental, el caso sea presentado nuevamente ante el gran jurado del condado de Jackson, de acuerdo con AP News.
Wonsley cerró la conferencia con una frase que resumió la postura de la familia: “Nolan merecía vivir. Al final del día, hay una sola víctima, y es nuestro hijo, Nolan Xavier Wells”.
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