Una persona indocumentada puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos si presenta los documentos que acepte cada entidad, como un ITIN, un pasaporte u otra identificación oficial. La ciudadanía estadounidense no es un requisito federal general para acceder a ese servicio.
Sin embargo, algunas familias inmigrantes retiraron sus ahorros de los bancos por temor a que su información llegue a las autoridades migratorias.
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La decisión puede dejarlas sin historial financiero, limitar su acceso al crédito y exponer el dinero a robos, pérdidas o incendios.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 19 de mayo de 2026 no impuso una comprobación universal de ciudadanía ni ordenó el cierre automático de cuentas existentes.
Aun así, el endurecimiento de las políticas migratorias alimentó la preocupación entre personas que temen controles sobre su situación migratoria.
La caída del crédito para personas sin puntaje financiero
El financiamiento mediante préstamos para automóviles y tarjetas de crédito para personas sin puntaje crediticio podría bajar de USD 37.000 millones en 2024 a USD 7.200 millones en 2026, según datos analizados por dv01, plataforma de análisis de datos del mercado de crédito al consumidor, y testimonios recogidos por Bloomberg, agencia de noticias y datos financieros.
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La restricción puede dificultar la compra de un vehículo, el alquiler de una vivienda o la cobertura de gastos urgentes. La caída no mide solo el acceso al crédito de inmigrantes indocumentados.
El grupo sin puntaje incluye también a jóvenes, adultos mayores y consumidores que nunca usaron préstamos o tarjetas. A la vez, algunas personas sin estatus migratorio lograron construir un historial financiero.
La proporción de créditos concedidos a consumidores sin puntaje cayó más del 70% entre 2024 y 2025 y se redujo un 40% adicional durante 2026, de acuerdo con un análisis de dv01 basado en las originaciones registradas por Equifax Market Pulse.
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Los mayores montos de ese segmento correspondieron a préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Vadim Verkhoglyad, jefe de investigación de dv01, escribió: “Es el segmento con la mayor concentración de prestatarios indocumentados”. Equifax indicó que las entidades financieras también se concentran en clientes con puntajes más altos.
El temor a los controles y el regreso al efectivo
No existe una cifra nacional que permita establecer cuánto dinero retiraron los inmigrantes de las entidades financieras. Abogados y organizaciones informaron menos solicitudes de servicios y más consultas de clientes preocupados por una eventual colaboración entre bancos y autoridades migratorias.
Jennifer Oltarsh, abogada de inmigración en Nueva York, describió el comportamiento de personas que perdieron protección migratoria o temen que sus datos sean compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional.
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“Mis clientes tienen miedo, por eso están sacando su dinero de los bancos”, afirmó. “Lo están guardando en sus colchones”.
Guardar efectivo en una vivienda evita que el dinero genere registros sobre ahorros, ingresos o capacidad financiera. Pero también deja los fondos sin las protecciones frente a robo, extravío e incendios que ofrece una cuenta bancaria.
Erica Serna, directora asociada de educación financiera de UnidosUS, organización latina de defensa de derechos civiles con sede en Estados Unidos, advirtió sobre un retroceso en el vínculo de las familias con el sistema financiero.
“Hemos visto una reducción general de personas que acuden por servicios financieros, educativos y de desarrollo laboral”, indicó. Esa menor participación restringe el acceso a asesoría para elaborar presupuestos, ahorrar y enfrentar deudas.
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Qué documentos aceptan los bancos y qué ocurre con los depósitos
Cada banco decide qué documentos acepta. Muchas instituciones permiten presentar un ITIN, una identificación tributaria, un pasaporte u otro documento oficial.
En junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro pidió a las instituciones identificar e informar operaciones sospechosas relacionadas con el empleo y la explotación de trabajadores no autorizados.
El aviso enumeró 18 señales de alerta e instó a presentar informes de actividades sospechosas cuando correspondiera. Rebeca Romero Rainey, presidenta de Independent Community Bankers of America, pidió evitar requisitos que “impongan cargas sustanciales a los bancos comunitarios” y que puedan excluir del sistema regulado incluso a ciudadanos con documentación válida.
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La deportación no transfiere al gobierno ni al banco la propiedad del dinero depositado. La dificultad práctica puede aparecer al intentar acceder a la cuenta o administrarla desde fuera de Estados Unidos.
Murad Awawdeh, presidente de New York Immigration Coalition, organización de defensa de inmigrantes, recomendó a las personas que buscan orientación que no cierren sus cuentas bancarias.
Ben D’Avanzo, estratega sénior del National Immigration Law Center, organización legal sin fines de lucro especializada en derechos de inmigrantes de bajos ingresos, sostuvo que las nuevas reglas son “una herramienta de miedo más que cualquier otra cosa”.
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