
Un organismo de fiscalización interno del gobierno de Estados Unidos documentó que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas al aire libre. Las condiciones no se ajustaban a los estándares de trato humano, según un informe publicado el 14 de septiembre.
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una inspección sorpresa en el centro, ubicado en los Everglades de Florida. Concluyó que la práctica ponía en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.
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El informe del DHS sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz
Tras una visita sin previo aviso en enero de 2026, la OIG registró 79 casos en los que migrantes fueron colocados en pequeños recintos metálicos entre julio de 2025 y ese mismo mes. Los períodos de permanencia variaron desde unos minutos hasta casi dos horas, de acuerdo con el documento.

Las autoridades del centro describieron esos espacios como “áreas de calma”, pensadas para que los detenidos pudieran tranquilizarse y estar solos, según informó The Guardian. El personal también sostuvo que los propios detenidos pedían pasar tiempo en ellos.
Sin embargo, los inspectores identificaron al menos un caso en el que el uso fue de carácter disciplinario: el de un migrante que no acató una orden del personal. El informe señaló que los recintos tenían mecanismos de cierre con llave.
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Cómo eran las jaulas metálicas en el centro de detención de Florida
Cada recinto ofrecía cerca de 1,67 metros cuadrados (18 pies cuadrados) de superficie, menos de la mitad del mínimo de 3,4 metros cuadrados (37 pies cuadrados) que exigen las normas nacionales de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para espacios individuales.
La OIG calificó la práctica como “algo sin precedentes entre los centros de detención” inspeccionados por el organismo. “El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, indicó el informe. Los inspectores advirtieron que confinar a personas en esas condiciones generaba riesgos significativos para su salud física y mental.
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Hacinamiento, higiene y acceso al agua entre los migrantes detenidos en el centro de Florida
El informe de la OIG describió otras deficiencias en el funcionamiento del centro. El espacio disponible en las unidades de alojamiento era insuficiente, lo que generaba hacinamiento y llevaba a los detenidos a pasar la mayor parte del tiempo en sus celdas. El tiempo de recreación era limitado, y varios teléfonos permanecían fuera de servicio, lo que impedía el contacto con familiares o abogados.

Los inspectores también hallaron fallas de higiene en la preparación y manejo de alimentos, con riesgos de contaminación. Según el informe, los migrantes debían usar duchas infestadas de pequeños insectos y solo se les permitía ducharse tres veces por semana.
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Los migrantes consultados por los inspectores de la OIG dijeron que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que utilizaban para hidratarse. Según detenidos que hablaron con anterioridad con la BBC, también se les negaban medicamentos necesarios y otras medidas básicas de higiene.
Quién administraba el centro y qué dijo el gobierno de Ron DeSantis
El centro fue creado por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo del gobernador Ron DeSantis. Fue el gobierno estatal el que afrontó los costos operativos, que alcanzaron USD 1,2 millones diarios, según The Guardian. El DHS informó a los inspectores que Florida —y no el gobierno federal— tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas de la instalación.
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El centro cerró en junio de 2026, tras cerca de un año de funcionamiento. Las autoridades explicaron que el cierre obedecía al carácter temporal de la instalación y al riesgo de mantener personas en carpas durante la temporada de huracanes.
La oficina de DeSantis había descartado previamente como “fabricaciones” las denuncias sobre el uso de jaulas, recogidas por Amnesty International en diciembre de 2025, según consignó The Guardian. Ante la publicación del informe, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, sostuvo que el área “cumple con todos los estándares federales para la reclusión de criminales” y agregó, en declaraciones recogidas por el diario: “Lo haríamos aún más pequeño si pudiéramos”. La oficina de DeSantis no respondió por qué negó públicamente el uso de las jaulas.
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El propio gobernador, consultado en una conferencia de prensa, afirmó que no había leído el informe. Sostuvo que, antes de que el centro comenzara a recibir migrantes, él mismo había cuestionado la existencia de ciertas instalaciones por considerarlas excesivas, pero que el personal le explicó que su propósito era anticiparse a posibles acusaciones de maltrato. “Te van a acusar de eso sin importar lo que hagas. O sea, simplemente lo sabemos, ¿verdad? Ya viene incluido”, declaró DeSantis.
El gobernador también sostuvo que el objetivo al establecer el centro era “no solo cumplir las normas federales, sino superarlas”, lo que —según él— demandó más recursos. Argumentó que la situación “fue difícil” porque, en ese momento, el gobierno federal no contaba con financiamiento suficiente para la detención migratoria.
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