Un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un presunto cómplice fueron arrestados en una causa federal por supuestos pagos ilegales para acelerar y manipular expedientes migratorios. Entre ellos había solicitudes de ciudadanía estadounidense.
Lukman Owolabi Ganiyu y Adeniyi Akeem Somoye enfrentan cargos federales en Estados Unidos por un presunto esquema de sobornos y fraude dentro de USCIS, donde, según los fiscales, recibieron USD 960 mil para alterar y acelerar solicitudes de beneficios migratorios.
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La acusación sostiene que la maniobra se extendió entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Cada imputado podría recibir hasta cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250 mil, de acuerdo con la información recogida por Fox News.
La causa federal se concentra en pagos para modificar expedientes
De acuerdo con la acusación, el caso se tramita en el Distrito Norte de Texas y apunta a una supuesta conspiración para recibir gratificaciones ilegales por parte de un funcionario público. En términos simples, ese cargo se refiere a la recepción de dinero o favores a cambio de decisiones vinculadas con una función oficial.
Las autoridades sostienen que los pagos no buscaban solo acelerar trámites, sino también alterar el recorrido normal de solicitudes migratorias. Ese punto resulta central porque el expediente incluye beneficios sensibles, como la naturalización, que es el proceso legal para obtener la ciudadanía de Estados Unidos.
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Los fiscales afirman que se evitaron controles básicos del proceso migratorio
Según la fiscalía, Ganiyu habría omitido verificaciones de antecedentes penales, entrevistas y otras revisiones internas que forman parte del control habitual de USCIS. Esos pasos permiten revisar si el solicitante cumple las condiciones exigidas antes de una aprobación.
La acusación también señala que el exfuncionario desvió expedientes desde oficinas de Minneapolis, Charlotte y Houston para revisarlos por su cuenta, sin intervención de supervisores locales. Ese mecanismo, siempre según los fiscales, le habría dado margen para aprobar casos fuera del circuito ordinario.
WhatsApp y las transferencias aparecen como base de la investigación
La pesquisa detectó miles de mensajes y cientos de llamadas por WhatsApp entre los acusados y solicitantes, de acuerdo con la información publicada por Fox News. Ese intercambio figura entre los principales elementos que respaldan la acusación.
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Los documentos citados por la prensa indican que Ganiyu habría recibido USD 671.438 a través de Zelle y Cash App, además de USD 287.830 en efectivo. Los fiscales afirman que esos depósitos en dinero físico buscaban ocultar el origen de los fondos.
Según los fiscales, Somoye se encargaba de gestionar y canalizar estos mismos USD 960.000 mediante depósitos en efectivo, Zelle y Cash App, para ocultar el origen del dinero antes de hacerlo llegar al funcionario.
La investigación incluye casos de ciudadanía y solicitantes de países africanos
Entre los expedientes bajo sospecha aparecen solicitudes de ciudadanía y otros beneficios migratorios. Los fiscales sostienen además que Ganiyu aceleró la ciudadanía de Somoye y luego aprobó trámites de residencia para la esposa y el hijo de su presunto cómplice.
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La mayoría de los casos investigados involucraba a personas procedentes de países africanos, según la fiscalía. En una declaración recogida por los medios citados, el fiscal federal Ryan Raybould afirmó: “Vender beneficios migratorios a cambio de dinero es un abuso flagrante de la confianza pública”.
Agregó: “Cuando un funcionario federal les pone precio al estatus legal, vamos a intervenir de inmediato”. Tras conocerse el caso, las autoridades confirmaron que Ganiyu abandonó su puesto en USCIS en marzo de 2026, meses antes de su arresto.
El Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas evaluarán el impacto de las irregularidades en los expedientes involucrados. Los fiscales advirtieron que los beneficios migratorios o la ciudadanía obtenidos mediante fraude pueden ser anulados o revocados por autoridades federales.
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