En las reservas nativas americanas de Estados Unidos, hay más de 50 personas desaparecidas o asesinadas cuyos casos permanecen abiertos, algunos desde hace más de dos décadas.
Son crímenes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no logró resolver, en comunidades donde la lejanía geográfica y la desconfianza histórica hacia el gobierno federal complican cualquier investigación.
Para intentar quebrar ese silencio, el FBI anunció una recompensa mínima de USD 25.000 para quien aporte información útil en cada uno de esos expedientes. La medida unifica y eleva los montos que hasta ahora variaban caso a caso, según informó The Associated Press (AP).
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El impacto ya se siente en algunas familias. Patrick Carlow Sr., un ganadero de 73 años, fue hallado muerto en su hogar de la reserva Pine Ridge en 2023.
Cuando la recompensa por datos sobre su caso pasó de USD 10.000 a USD 25.000 en julio pasado, su hija Lisa Carlow afirmó ante AP que comenzaron a llegar más llamadas con información.
Ninguna condujo a resultados concretos. “Es muy difícil ilusionarte así y pensar: ‘Por fin vamos a saber quién mató a papá’. Y después no pasa nada”, declaró.
El FBI y la violencia en “Indian Country”
El FBI investiga crímenes federales en cerca de 200 reservas nativas americanas de todo el país, en conjunto con la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos.
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A fines de 2025, el Centro Nacional de Información Criminal (CNIC) del FBI registraba casi 1.500 casos activos de nativos americanos desaparecidos, aunque no todos derivan en investigaciones federales.
Entre los casos mencionados en el anuncio del FBI figura el de Maleeka Boone, una niña de 8 años que, tal como informó AP, habría sido atropellada en la Nación Navajo.
También aparece el de Emily Pike, una adolescente de la reserva Apache cuyo cuerpo fue hallado tras desaparecer de un hogar grupal en Arizona.
Las dudas de las familias y los expertos
Mary Kathryn Nagle, ciudadana de la Nación Cherokee de Oklahoma y abogada especializada en casos de nativos desaparecidos, aseguró a AP que los investigadores federales suelen “llegar en paracaídas” a comunidades pequeñas y cohesionadas, donde los testigos guardan silencio por temor a represalias.
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Aun así, reconoció que recompensas más altas podrían incentivar a hablar a quienes tienen información. “Hay personas en Indian Country que saben qué les pasó a nuestros parientes”, afirmó.
Luana Ross, co-directora del programa Native Voices de la Universidad de Washington e integrante de la comunidad Bitterroot Salish, advirtió que las recompensas en efectivo pocas veces se cobran.
“Es mi opinión que en las comunidades de las reservas, la gente sería muy reticente a denunciar a un amigo o familiar ante un sistema de justicia penal que no los ha servido bien”, dijo a AP.
El caso Reagan: asesinados como turistas en la Nación Navajo
Uno de los casos con mayor repercusión es el de los hermanos Matthew y Philip Reagan, dos ciudadanos de Ohio que no eran nativos americanos pero fueron asesinados dentro de la Nación Navajo.
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Según reconstruyó AP, los hermanos planeaban visitar el monumento nacional Canyon de Chelly durante un viaje a California cuando el GPS los desvió a un camino secundario cerca de Sawmill.
Su vehículo quedó atascado en el barro y, cuando caminaban en busca de ayuda, fueron baleados en múltiples ocasiones.
La recompensa por información en ese caso comenzó en USD 5.000, se duplicó y ahora alcanzará los USD 25.000.
Faye Wurstner-Reagan, viuda de Matthew, descartó que esa cifra sea suficiente para que alguien en la pequeña comunidad hable. “Tendrías que prometerle a alguien protección real. Asesinaron brutalmente a dos hombres”, declaró a AP.
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En cambio, propuso que el FBI destine recursos a fortalecer la presencia policial y a mantener informadas a las familias durante las investigaciones.
La portavoz del FBI en Phoenix, Brooke Brennan, reconoció ante AP que investigar crímenes en territorios indígenas suele ser complejo por la lejanía geográfica, los recursos limitados y la alta carga de trabajo de los agentes.
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