
Florida perdió cerca de 443.000 afiliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) este año tras el fin de los subsidios federales ampliados y el alza de las primas. La caída convirtió al estado en el más afectado del país y expuso el impacto de los costos médicos sobre trabajadores independientes, empleados del turismo y pequeños empresarios.
Las cifras, reveladas por The Associated Press y difundidas por la cadena estadounidense ABC News, muestran que la matrícula efectiva en el estado pasó de unos 4,29 millones de asegurados en febrero de 2025 a aproximadamente 3,85 millones en el mismo mes de 2026.
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La baja ronda el 10% y representa la mayor pérdida numérica registrada en cualquier estado, aunque el territorio todavía conserva la mayor inscripción nacional en estos planes.
Ese retroceso coincidió con la expiración, al cierre de 2025, de los créditos fiscales ampliados aplicados desde 2021. Esas ayudas aumentaban el monto disponible para reducir las primas y permitían que hogares con ingresos por encima del límite tradicional también recibieran asistencia.
Según Cynthia Cox, vicepresidenta de KFF (Kaiser Family Foundation), organización independiente de investigación en políticas de salud, es probable que una proporción considerable de quienes dejaron el mercado haya quedado sin seguro.
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La especialista explicó que este tipo de cobertura funciona como el “último recurso” para quienes carecen de acceso a un plan laboral.
El fin de los subsidios provocó la migración hacia coberturas con mayores deducibles
La desaparición de la ayuda federal no solo expulsó afiliados del mercado. También empujó a miles de personas que conservaron su cobertura a elegir planes más baratos, pero con deducibles y copagos más altos.
La proporción de afiliados que eligió planes plata cayó de 56,2% a 42,6%. Al mismo tiempo, la participación de los planes bronce, que suelen implicar mayores gastos de bolsillo, subió de 29,9% a 39,6%.
Ese cambio refleja una respuesta directa al aumento de las mensualidades. Tracy Rand, consejera de salud mental con licencia en Leesburg, contó a ABC News que su plan iba a pasar de USD 55 al mes a USD 1.100 mensuales, por lo que optó por una cobertura más limitada de USD 160 al mes.
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Rand, de 51 años, se sometió el año pasado a la extracción de los ovarios por tumores benignos pero dolorosos. Desde entonces sufre síntomas intensos de menopausia que requieren medicación, entre ellos vejiga hiperactiva y sofocos que le provocan dolores de cabeza punzantes.
Para sostener el nuevo costo del seguro, dejó un programa de doctorado, empezó a comprar comestibles en tiendas más baratas, renunció a una salida mensual a cenar con su esposo y dejó de reunirse con sus amigas en un estudio de cerámica.
Toma más de 30 medicamentos y suplementos al día, que organiza en recipientes de plástico transparente distribuidos entre un cajón de la sala y una bandeja sobre la encimera de su cocina. Ante la posibilidad de nuevas subas de tarifas, afirmó: “No sé qué más podemos eliminar. No sé si vamos a tener que declararnos en bancarrota”.
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La falta de expansión de Medicaid y el debate político en el Congreso
El peso del ajuste es especialmente fuerte en Florida por la gran cantidad de trabajadores de la construcción, la hotelería, las plataformas digitales y los pequeños negocios que no reciben cobertura médica de un empleador.
Con poco más de 3,8 millones de inscritos, el estado representa aproximadamente una quinta parte del total nacional de personas afiliadas a la ACA, en parte porque su legislatura estatal nunca amplió Medicaid bajo esa ley.
Esa decisión dejó a ciertos adultos de bajos ingresos en una brecha de cobertura. Tienen ingresos demasiado bajos para obtener ayudas suficientes en el mercado federal, pero no cumplen las condiciones estatales para ingresar a Medicaid.
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La pérdida de asegurados también amenaza con trasladar costos al sistema de atención.
Cuando una persona sin cobertura demora un tratamiento o llega a una sala de emergencias sin poder pagar, parte de ese gasto termina absorbido por hospitales, consultorios y clínicas comunitarias, y el resto se distribuye sobre el mercado.
El debate sobre estos costos se convirtió en un tema de campaña en un estado donde los candidatos republicanos promueven medidas contra el fraude para proteger los programas federales de salud, mientras los demócratas piden a los votantes cambiar el control del Congreso para restablecer los subsidios.
Tras una discusión que dominó el Congreso e incluyó un cierre del gobierno de 43 días, el tema apenas aparece en el debate legislativo actual. De acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, 23,1 millones de consumidores en todo el país seleccionaron o renovaron planes para 2026.
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