El senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, envió este jueves una solicitud formal al Departamento de Justicia para que procese penalmente al Dr. Anthony Fauci, horas después de que el comité del Senado que preside aprobara una resolución de desacato al Congreso contra el exfuncionario. La medida convierte a Paul en el impulsor directo de una posible acusación criminal contra quien fuera el rostro de la respuesta federal ante el COVID-19.
La remisión llegó tras la audiencia del 29 de julio en Washington D.C., donde Fauci, de 85 años, se acogió a la Quinta Enmienda más de 100 veces sin responder ninguna pregunta sobre su gestión de la pandemia. Según Reuters, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó la resolución de desacato por estricta línea partidista: todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra.
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La jugada de Paul: saltarse el pleno del Senado
El senador de Kentucky no llevó la resolución al pleno del Senado antes de remitirla al Departamento de Justicia. La razón, que el propio Paul reconoció según PBS, es aritmética: los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios para avanzar en esa instancia.
Los demócratas presentaron cinco mociones para retrasar la votación del comité. Paul las rechazó una por una y describió el paso al pleno como innecesario.
Esa decisión generó una advertencia inmediata del experto legal Stanley Brand, especializado en investigaciones del Congreso. “No hay autoridad para que el Departamento de Justicia tome un proceso de desacato sin seguir los procedimientos del estatuto”, dijo a Reuters. Brand sostuvo que la remisión directa podría quedar “nula y sin efecto”.
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Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó la recepción del documento. “Hemos recibido el documento, lo estamos revisando y trabajaremos con el Senado en consecuencia”, indicó la dependencia.
Por qué Paul cree que la Quinta Enmienda no aplica
El argumento central del senador es que Fauci no tenía motivo constitucional para guardar silencio. El expresidente Joe Biden le concedió un indulto preventivo en enero de 2025 para protegerlo de “procesamiento injustificado y políticamente motivado” vinculado al COVID-19, con cobertura sobre actos federales cometidos desde 2014 hasta esa fecha.
Bajo esa lógica, si el indulto eliminó el riesgo de procesamiento federal, la Quinta Enmienda perdía su sustento. “Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, remarcó Paul.
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El senador también argumentó que Fauci había renunciado a cualquier protección remanente al haber testificado previamente ante el Congreso. Su declaración de apertura fue directa: “Buscar la verdad no es una cacería de brujas”.
La defensa de Fauci y la respuesta demócrata
El abogado de Fauci, David Schertler, calificó la votación como “un burdo truco político para castigar al Dr. Fauci por ejercer sus derechos constitucionales”. Agregó: “El Dr. Fauci no ha cometido ningún delito, y el senador Paul lo sabe”. Schertler describió el proceso como la continuación de una “vendetta personal”.
Fauci, por su parte, explicó antes de invocar la Quinta Enmienda que tenía razones fundadas para temer cargos criminales, y citó el “empeño público” del propio Paul en llevarlo, en sus palabras, “tras las rejas”. Durante la audiencia del 29 de julio pronunció una sola declaración de 24 palabras: que por consejo de sus abogados se acogía a ese derecho constitucional.
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La senadora demócrata Maggie Hassan argumentó, según AP, que la audiencia buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no cubiertos por el indulto. El senador Gary Peters advirtió que castigar a un testigo por invocar la Quinta Enmienda podría desincentivar la comparecencia voluntaria ante el Congreso en el futuro.
Qué puede pasar ahora y qué precedentes existen
El desacato al Congreso es un delito menor tipificado bajo el artículo 2 U.S.C. § 192, con pena máxima de 12 meses de prisión y multa de hasta USD 100.000. La fiscalía federal del Distrito de Columbia, dirigida por la aliada de Trump Jeanine Pirro, tiene ahora en sus manos la decisión de convocar o no a un gran jurado. El Departamento de Justicia no está legalmente obligado a procesar la remisión y puede archivarla.
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El presidente Donald Trump señaló a Reuters que la dependencia “debería potencialmente procesar” a Fauci y lo comparó con sus exasesores Steve Bannon y Peter Navarro, quienes cumplieron cuatro meses de prisión bajo el mismo cargo tras negarse a declarar ante el comité que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.
El indulto de Biden, además, no cubre posibles cargos estatales ni declaraciones falsas ante el Congreso posteriores a enero de 2025. Según AP, el resultado de este proceso podría fijar un precedente sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a testigos que ya recibieron un perdón presidencial, con consecuencias que van más allá del caso Fauci.
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