Los 4 grupos a los que Trump busca negarles la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó el 6 de agosto dos órdenes ejecutivas que restringen la ciudadanía por nacimiento para cuatro categorías de personas nacidas en suelo estadounidense. La medida llega apenas cinco semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara, por 6 votos contra 3, su intento anterior de eliminar ese derecho de manera amplia.

Las nuevas órdenes son deliberadamente más acotadas que la anterior. En lugar de atacar la ciudadanía por nacimiento de forma general, apuntan a grupos específicos con el argumento de que ya existen excepciones históricamente reconocidas por los propios tribunales.

Las cuatro categorías que pierden el acceso automático a la ciudadanía

La primera orden, titulada “Continuación de la protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, instruye a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía para niños nacidos en estas circunstancias.

El texto oficial aplica cuando ninguno de los padres es ciudadano estadounidense y al menos uno cae en alguno de estos supuestos, según la Casa Blanca:

• Hijos de “enemigos extranjeros”: personas cuyos padres sean miembros de organizaciones terroristas designadas por el gobierno federal bajo el Código 8 U.S.C. § 1189, o terroristas globales designados bajo la Orden Ejecutiva 13224.
• Hijos de empleados oficiales extranjeros: abarca embajadores, personal de embajadas y consulados que sean nacionales del país extranjero, empleados de gobiernos extranjeros en funciones oficiales, y trabajadores de organismos internacionales con inmunidad diplomática.
• Nacidos mediante transacciones comerciales o fraude: incluye a quienes pagaron para que la madre viajara a Estados Unidos a dar a luz, quienes contrataron una gestante subrogada en territorio estadounidense con ese fin, y quienes usaron engaños o documentos falsos para obtener la ciudadanía para el bebé. El texto oficial agrupa estas tres situaciones en una sola categoría.
• Nacidos en ciertos territorios o aguas estadounidenses: específicamente en aquellos donde ninguna ley federal confiere la ciudadanía de forma automática.

La propia orden aclara que esta lista no es exhaustiva, lo que deja abierta la puerta a restricciones adicionales en el futuro.

Qué tan extendido está el turismo de nacimiento

La segunda orden, titulada “Fin del turismo de nacimiento”, delega en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional la autoridad para denegar visas, revocar autorizaciones de viaje y expulsar a quienes ingresen al país con ese propósito, de acuerdo con Jurist.

Las cifras sobre su alcance real son objeto de debate. El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) estimó en 2020 entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales vinculados a turistas. Un estudio de investigadores de Penn State publicado en junio de 2026 redujo esa cifra a entre 5.000 y 10.000 nacimientos por año, equivalente al 0,3% del total de nacimientos en el país, según PolitiFact.

Trump afirmó ante la prensa que la práctica la ejercen “cientos de miles” de personas, una cifra que los investigadores independientes no respaldan. Lo que sí está documentado es que dar a luz en suelo estadounidense siendo extranjera no constituye un delito, pero sí lo es obtener una visa ocultando ese propósito, conforme a la legislación migratoria vigente.

Por qué el Tribunal Supremo bloqueó el primer intento

El 30 de junio de 2026, el Tribunal Supremo resolvió el caso Trump v. Barbara y anuló la orden ejecutiva que Trump había firmado el primer día de su segundo mandato. Esa orden buscaba reinterpretar la Decimocuarta Enmienda para excluir de la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes sin documentos o con visas temporales.

El presidente del tribunal, el juez conservador John Roberts, escribió la opinión mayoritaria: “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘cada persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”. Cuatro jueces liberales y el también conservador Roberts formaron la mayoría; solo tres jueces disintieron, según Jurist y The Guardian.

Trump calificó el fallo de “decisión muy desafortunada” y anunció desde el Despacho Oval que intentaría una nueva vía.

Qué dicen los críticos y qué viene ahora

La American Civil Liberties Union (ACLU) rechazó la nueva estrategia y anunció acciones legales. La organización sostiene que la Decimocuarta Enmienda no deja margen para este tipo de restricciones por vía ejecutiva, y que la categoría referida a territorios estadounidenses requeriría además aprobación del Congreso, según The New York Times.

Las agencias federales tienen 30 días para emitir orientación pública sobre la implementación de la orden. Las familias que podrían quedar dentro de las nuevas categorías aguardan esas aclaraciones.

Los desafíos judiciales son prácticamente inevitables. La pregunta de fondo —si el Ejecutivo puede restringir por decreto un derecho que el Tribunal Supremo acaba de reafirmar— volverá a los tribunales en las próximas semanas.